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EXISTE UN DÉBITO CON EL ORDEN CONVENCIONAL DE ARMONIZAR LA IDENTIDAD CULTURAL CON LOS DERECHOS HUMANOS: CARRASCO DAZA

10/agosto /2016 / Sala Superior 287/2016

Toluca, Estado de México

  • El Magistrado Presidente de la Sala Superior aseguró que la Defensoría Pública Electoral cumple con la obligación del Estado mexicano de proporcionar una defensa adecuada y gratuita a las comunidades indígenas
  • El ejercicio de interpretación impone lograr, mediante la argumentación, la participación política de las mujeres de los pueblos originarios

Constancio Carrasco Daza, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), expresó que hay tantas necesidades básicas en las comunidades y pueblos indígenas, que parece un lujo exigir a través de los tribunales el respeto a sus derechos políticos.

“Son tantas las necesidades de alimentación, de educación, de medicina que parece que fuera un lujo y es una obligación del Estado mexicano. Lo que el Tribunal Electoral hace es cumplir con esa obligación proporcionando una defensa adecuada y gratuita a las mexicanas y mexicanos indígenas que así lo necesiten”.

Al inaugurar el Foro de Presentación de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas en la Sala Regional Toluca, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Magistrado Presidente destacó la importancia que tiene el orientar a los pueblos originarios y convencerlos con argumentos sobre la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones políticas a través del ejercicio de su derecho a votar y ser votadas.

“Esta es la gran labor y el gran reto que tenemos todas las autoridades judiciales electorales en México, pero no sólo es un tema de la exclusión de las mujeres, son muchísimos temas de restricciones al ejercicio de derechos políticos en estas comunidades que tenemos primero que entender, comprender y después respetar y tratar de armonizarlos con las exigencias de los derechos humanos básicos que hoy tenemos todas las mexicanas y mexicanos. Esto es lo que explica la creación de la Defensoría”, aseveró.

Carrasco Daza refirió que el TEPJF y sus Salas Regionales han resuelto tres mil asuntos en materia de derechos político-electorales presentados por comunidades indígenas y pueden recurrir a la Defensoría Pública Electoral para interponer un recurso de queja si consideran que los están excluyendo del ejercicio de sus derechos políticos.

La deuda histórica con los pueblos indígenas no se ha solventado
En este sentido, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas cumple una finalidad natural que no debemos dejar de observar ya que nos recuerda fundamentalmente a los mexicanos que “tenemos una deuda histórica, que sigue ahí, que no se ha podido solventar, ni siquiera en sus rasgos más indispensables con las comunidades y con los miembros de ellas”, expresó el magistrado presidente Carrasco Daza.

Añadió que las carencias de las comunidades indígenas traen como consecuencia que se desdibuje día a día su identidad nacional, de ahí la importancia de conocer sus tradiciones, costumbres, prácticas tradicionales, que son lo que más “debemos de preservar de su identidad cultural”.

Detalló que al cierre de 2015 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que en el país había siete millones 382 mil 785 personas que hablaban una lengua indígena y 13 de cada 100 se expresan en la lengua indígena obtenida en el seno materno.

Además, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señaló que entre los grupos de población con niveles de vida en mayor desventaja se siguen encontrando los pueblos originarios, ya que siete de cada 10 habitantes de comunidades indígenas se encuentran en situación de extrema pobreza.

Janine Otálora Malassis, titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, indicó que en este esfuerzo y en esta conciencia de la diversidad cultural, el TEPJF creó la Defensoría para brindar a los pueblos originarios facilidades hacia un acceso pleno a la justicia electoral.

“Consideramos que en efecto no podemos hablar de derechos sociales, de derechos económicos, de derechos culturales si no hay una efectiva participación política, porque ésta es la que permite luchar por estos derechos, pero también conservarlos y acrecentarlos en aras del beneficio de una comunidad y la participación política ya sea por sistemas normativos internos o a través de los partidos políticos debe de respetar esta integración pluricultural”, añadió Otálora Malassis.

En la inauguración del Foro participaron Martha Concepción Martínez Guarneros, magistrada presidenta de la Sala Regional Toluca, y Jesús Guadalupe Fuentes Blanco, presidente del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.