LOS TRIBUNALES ELECTORALES DEBEN SER PROACTIVOS EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES: GONZÁLEZ OROPEZA
29/mayo /2016 / Sala Superior 179/2016
La Paz, Baja California Sur
- El Magistrado de la Sala Superior del TEPJF indicó que los jueces son aliados de las mujeres y pueden enarbolar la bandera del feminismo
- La democracia paritaria es una realidad y la deben asumir todos los actores de la sociedad, dijo Soto Fregoso
Manuel González Oropeza, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aseguró que los tribunales electorales deben asumir la actitud de activismo judicial y ser proactivos en la defensa de los derechos de las mujeres, porque los jueces son sus aliados y pueden enarbolar la bandera del feminismo.
Los operadores jurídicos son jueces instrumentadores que pueden crear, a través de la interpretación de las leyes, “los jueces podemos decir: la ley dice esto, pero omite aquello, ahí es en donde nosotros suplimos la omisión y podemos aplicar y reconocer los derechos”, expresó.
En el marco de la presentación del libro de su autoría “Hacia una democracia paritaria. La evolución de la participación política de las mujeres en México y sus entidades federativas”, el Magistrado de la Sala Superior indicó que los tratados internacionales y las normas reconocen los derechos de las mujeres.
“Por eso, los tribunales somos parte de los derechos humanos. La doctrina moderna dice que los derechos no sólo pueden estar en la ley, pueden estar los principios generales del derecho, en el derecho internacional, pueden estar más allá de cualquier texto normativo como la Constitución, la ley, el tratado, el reglamento, cualquier norma puede reconocer derechos, pero esos derechos pueden ser abstractos”, dijo.
En el Aula Doctor Alfonso Pérez Daza del edificio de la licenciatura de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), González Oropeza puso énfasis en que los juzgadores deben ser aliados de los derechos humamos y específicamente de la lucha en favor de las mujeres.
“Los tribunales electorales tenemos el reto, no sólo de aplicar la ley federal, tenemos que aplicar e interpretar la ley de cada entidad federativa. Pareciese que todas las leyes son iguales, pero no lo son. Debemos entender que el abogado es algo más, es un humanista que debe tener conocimiento de otras materias“, añadió.
En este sentido, mencionó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federal ha sido defensor de los derechos humanos de las mujeres y ha logrado avances. “Hemos decidido en el caso de las Juanitas, logramos la alternancia hombre-mujer en las candidaturas, actuamos en la protección de derechos políticos y en casos de violencia política”, manifestó.
El magistrado González Oropeza aseveró que en la defensa de la paridad de género no ha sido fácil exigir a los partidos políticos que los listados de sus candidaturas inicien con mujeres; pero quienes militan en los partidos sí pueden hacerlo.
De manera paralela, agregó, los juzgadores y los tribunales enfrentan otros retos y temas que preocupan, porque la desigualdad en México no se reduce al género, la preocupación está en las comunidades indígenas y las personas con discapacidad.
La democracia paritaria es una realidad y la deben asumir todos: Soto Fregoso
Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, expuso que el tema de la democracia paritaria es una realidad que se debe asumir por todos los actores de la sociedad, porque se tiene que ver como algo deseable y a la cual todos debemos aspirar.
La Magistrada indicó que en esta democracia paritaria, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido un facilitador para alcanzar la igualdad en la participación y la paridad. “Se hablaba de que tenía un papel proactivo en el tema, pero el Tribunal ha sido fundamental, porque es el interpretador de la norma, que le ha dado eficacia”.
Durante la presentación del libro se señaló que el reconocimiento de los derechos de la mujer ha sido evolutivo y de años de lucha desde el nivel municipal, estatal y federal, en cuyo proceso se ha obligado mediante sentencias a los actores políticos a cumplir con el mandato legal y constitucional de paridad de género.
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