27/mayo /2016 / Sala Superior 174/2016

Ciudad de México,

Salvador Nava Gomar, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aseguró que el organismo jurisdiccional tiene un diálogo permanente y creciente con las doctrinas de las Cortes y Tribunales internacionales, de las que se han tomado resoluciones jurídicas para crear criterios propios en México.

Al participar en la mesa La relación entre Cortes internacionales y el Derecho interno, en el marco del Taller Internacional, La tutela efectiva de los derechos políticos. Diálogo jurisprudencial y democracia, organizado por el TEPJF, el Magistrado indicó que el derecho interno ya no es suficiente “para que un juez diga si defiende o no algún asunto”.

Explicó que el Tribunal Electoral ha citado las siguientes jurisprudencias: de la Corte Interamericana en 1900 casos; del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 37; de la Suprema Corte de Estados Unidos, 30; de la Suprema Corte de Canadá, 2; de la Corte Constitucional de Colombia, 30; del Tribunal Constitucional español, 120, y del Tribunal Constitucional alemán, 100.

“¿Cómo se han aplicado las Jurisprudencias o resoluciones? Mencionaré un ejemplo de la Suprema Corte de Estados Unidos: en un caso reciente que tiene que ver con tuits del Partido Verde Ecologista de México aquí citamos que la Corte norteamericana ha señalado que Internet es un medio de comunicación único y novedoso, que permite comunicación a nivel mundial entre individuos y su evolución es permanente”, dijo.

Otro caso, expuso, es la responsabilidad indirecta de los partidos y sus candidatos, y la doctrina de culpa in vigilando que ha usado el TEPJF por la coincidencia entre los candidatos y el instituto político. “Aquí citamos un ejercicio de ponderación entre los derechos de la libertad de expresión y el derecho al honor”, precisó.

Indicó que las resoluciones adoptadas por el organismo jurisdiccional han traído como consecuencia que en México los ciudadanos saben que hay instituciones que protegen los derechos humanos, “además cuando escuchamos a las personas, en alegatos, nos dicen: si no me da la razón iré a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto es positivo, es bueno que la gente sepa que a nivel internacional hay un organismo que tutela los derechos humanos”.

La no discriminación es un principio fundado en los tratados internacionales: González Oropeza
Manuel González Oropeza, magistrado de la Sala Superior del TEPJF, aseguró que la principal argumentación que debe esgrimirse en defensa de los trabajadores migrantes en el extranjero es el artículo 7º de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios, ratificada por México el 8 de marzo de 1999, que establece la no discriminación de los trabajadores migratorios en razón de su origen étnico.

Al participar en la mesa Resguardo de los Derechos Políticos en condiciones adversas, del Taller Internacional La tutela efectiva de los derechos políticos. Diálogo jurisprudencial y democracia, añadió que para la defensa también está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por México, que en el artículo 2º prohíbe la discriminación de los trabajadores en razón del origen nacional y promueve que los estados los traten adecuadamente en sus derechos.

“Debe haber una diplomacia imaginativa, una defensa profesional de los derechos de nuestros connacionales en Estados Unidos, pero no debe generar rencor ni odios. Debemos estar muy conscientes de lo que ha pasado, de los argumentos que se han sostenido y cómo poder responderlos, cómo poder superarlos y en esa superación va a ser más eficiente la protección de los derechos de nuestros connacionales”, aseveró.

Durante los días 26 y 27 de mayo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizó el Taller Internacional La tutela efectiva de los derechos políticos. Diálogo jurisprudencial y democracia, en donde se abordaron temas como procesos de democratización en América Latina, relación entre Cortes internacionales, derechos políticos y paridad de género; igualdad social y elecciones, así como democracia y rendición de cuentas.