6 /abril /2016 / Sala Superior 104/2016

Ciudad de México

Constancio Carrasco Daza, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), consideró que la preparación y capacitación de jueces, fiscales, ministerios públicos, abogados y demás operadores jurídicos es una garantía esencial para hacer efectivo un Estado constitucional de derecho.

“La pertinente preparación y capacitación de los fiscales electorales es una obligación clave en toda democracia, que debe redituar y tener un impacto inmediato en quienes acuden a pedir justicia” y subrayó la importancia de acuerdos de esta naturaleza para encontrar y compartir las mejores prácticas y fórmulas que nos ayudan a tener un mejor sistema democrático.

El Magistrado Presidente participó como testigo de honor en la firma del Acuerdo de Cooperación Académica entre la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), y el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH).

Durante su participación, Carrasco Daza señaló que el Estado de Derecho exige una construcción social diaria y, para quienes toman decisiones que inciden en la vida de las personas, la responsabilidad de dimensionar la universalidad de los derechos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales.

En materia penal-electoral, destacó la importancia de inhibir conductas enemigas de las prácticas democráticas y destacó el Acuerdo de cooperación académica para la capacitación de las y los fiscales, que tendrá impacto en la vigencia de los preceptos constitucionales en las próximas elecciones.

“La capacitación y formación de jueces, fiscales, ministerios públicos, abogados defensores y demás operadores jurídicos, resulta una garantía esencial para hacer efectivo un Estado constitucional y democrático de derecho, acorde a las exigencias de una sociedad que demanda resultados inmediatos, tratándose de la tutela de derechos humanos”, indicó.

El acuerdo, suscrito en las instalaciones de la FEPADE, formaliza una relación de cooperación destinada a identificar, promover y ejecutar de manera conjunta proyectos de intercambio, colaboración, capacitación, difusión, divulgación y asistencia técnica sobre la prevención de delitos electorales.

Durante la ceremonia protocolaria, la procuradora General de la República, Arely Gómez González, afirmó que el acuerdo con el IIDH coadyuvará a fomentar la participación ciudadana y la cultura de la denuncia.

“A través de este instrumento, de manera conjunta las partes, en el ámbito de su competencia, reafirman su compromiso con las democracias del mundo, y de quienes depositan la confianza en los procesos democráticos, libres y justos, así como en las normas de derechos humanos”, dijo.

Joseph Thompson, director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, aseguró que el convenio fortalecerá la acción conjunta en la prevención de delitos electorales, un tema fundamental para ambas instituciones, a fin de otorgar a los ciudadanos una justicia eficaz y eficiente.

“Y se concrete en muchas sendas que exploremos juntos para beneficio de esta materia electoral y la vigencia de los derechos políticos que todos valoramos especial y entrañablemente”, manifestó.

Para ambas instituciones, la firma de este instrumento jurídico refleja el compromiso del Estado Mexicano por velar, proteger y fortalecer el Estado de Derecho y su democracia.

En la ceremonia también participaron el Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, y la senadora de la República Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores.