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VII ENCUENTRO DE MAGISTRADAS ELECTORALES IBEROAMERICANAS: IGUALDAD DE GÉNERO Y DEMOCRACIA

18/marzo /2016 / Sala Superior 79/2016

Ciudad de México,

  • La magistrada Alanis Figueroa señaló que la jurisprudencia del Tribunal Electoral ha avanzado en la conceptualización y alcance de las medidas de acción afirmativa
  • Alanis Figueroa compartió que en México no se habla más de cuotas, sino de “paridad”
  • Se debe contar con una construcción jurisprudencial de qué es y cómo debe juzgarse con perspectiva de género en materia electoral y de cómo generar un parámetro jurisprudencial respecto a qué es y cómo debe atenderse la violencia política de género
  • Emotivo homenaje a la magistrada Alanis Figueroa en reconocimiento a su trayectoria

En la Ciudad de Brasilia se lleva a cabo el VII Encuentro de Magistradas Electorales Iberoamericanas: Igualdad de Género y Democracia. Entre otros temas, se discuten las normas y medios para hacer posible el fortalecimiento del papel y la participación de las mujeres en los sistemas de representación de los países de la región.

En el marco de este encuentro se rindió un emotivo homenaje a María del Carmen Alanis Figueroa en reconocimiento a su trayectoria como magistrada electoral, cuyo cargo concluye en noviembre. La ministra del Tribunal Supremo Electoral, Luciana Lóssio, recordó que la primera reunión de este grupo se llevó a cabo en México, y señaló que la magistrada Alanis Figueroa es y ha sido una gran impulsora de estos encuentros.

La magistrada Alanis agradeció el reconocimiento, señaló que era un privilegio formar parte de este grupo y se comprometió a seguir participando y a continuar trabajando por las mujeres, porque para ella es un compromiso de vida.

Al iniciar su presentación, la magistrada Alanis Figueroa agradeció la presencia de la Embajadora de México en Brasil, Beatriz Paredes, a quien reconoció como una gran mujer, líder de mujeres y colaboradora incansable por los derechos de las mujeres.

La Dra. Alanis participó en el Panel 2: El desarrollo de la jurisprudencia nacional sobre la igualdad de género en los procesos electorales. En su participación compartió los aportes jurisprudenciales de la Sala Superior del TEPJF respecto a los derechos político-electorales de las mujeres y, en un segundo término se refirió a los retos jurisprudenciales que se deben atender en lo que queda de la presente integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

La juzgadora compartió que en México no se habla más de cuotas, sino de “paridad”. Esto, gracias a un entendimiento incluyente de la democracia que reconoce como necesarias, valiosas, indispensables las expectativas, trayectorias y demandas de las mujeres dentro de los órganos de representación popular.

Alanis Figueroa reconoció el papel del Tribunal para hacer efectiva la paridad municipal en dos vertientes: horizontal y vertical. En las jurisprudencias 6 y 7 de 2015, se establece que la postulación paritaria de candidaturas está encaminada a generar de manera efectiva el acceso al ejercicio del poder público de ambos géneros, en auténticas condiciones de igualdad y que los partidos y las autoridades electorales deben garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas municipales desde una doble dimensión: vertical y horizontal.

En cuanto a los retos jurisprudenciales, la magistrada María del Carmen Alanis precisó que se debe contar con una construcción jurisprudencial de qué es y cómo debe juzgarse con perspectiva de género en el ámbito electoral y que se debe generar un parámetro jurisprudencial respecto a qué es y cómo debe atenderse la violencia política de género.

La Magistrada concluyó su participación señalando que a pesar de los esfuerzos de las legisladoras mexicanas, han pasado cuatro años sin que se aprueben las iniciativas sobre violencia política contra las mujeres por lo que diversas autoridades mexicanas, entre ellas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, presentaron el pasado lunes el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, el cual responde a la ausencia de un marco normativo específico en la materia (en la región, sólo Bolivia tiene una ley) y de políticas públicas integrales y señaló que una de las mayores aportaciones de este Protocolo, además de brindar valiosas herramientas conceptuales y establecer un diagrama de actuación que señala a qué autoridades acudir en casos de violencia política y cuáles son sus obligaciones; es haber generado una sólida red institucional que está atenta a prevenir y atender casos de violencia política.