2 /febrero /2016 / Sala Superior 30/2016

Ciudad de México, a

La ética pública deberá imperar en el Sistema Nacional Anticorrupción y contar con la participación del sector privado, partidos políticos, sociedad civil, actores de la sociedad, pero sobre todo del Estado, para acotar los actos de corrupción en el país, consideró Raúl Ávila Ortiz, coordinador del Programa de Cooperación Académica México-Centroamérica de IDEA Internacional.

Durante una charla en el programa Justicia electoral a la semana, que se transmite por Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y por el Canal Judicial, consideró que la ética pública “debe estar presidiendo los actos más allá de la Constitución y de las leyes”.

Sostuvo que en países como Suecia, Finlandia y Holanda, donde existe una clase media más ancha, cohesionada y más fuerte, tienen menos problemas de corrupción. Al contrario, en donde hay una brecha social muy grande y en donde los recursos son escasos, porque “la cobija no alcanza para todos, entonces la disputa por los recursos es mayor” y se registra corrupción.

Ávila Ortiz indicó que la corrupción es un fenómeno multicausal, “puede ser una falacia que la causa principal es de carácter cultural. No es exclusivamente cultural, pero sí es una variable que incide”.

México, agregó, va en el camino correcto porque le apostó a las instituciones. “No es la solución, la panacea ideal o plena para resolver el problema, pero sí incide; le apostamos a las instituciones, al derecho, a la ley, a las normas para que coadyuven como un insumo, no el único pero sí uno muy importante a resolver, a prever el problema, estamos hablando del Sistema Nacional Anticorrupción”, dijo.

Ávila Ortiz recordó que el Sistema Nacional Anticorrupción es producto de una reforma constitucional que se aprobó en mayo de 2015, y se estableció un año después, en mayo de 2016.

Delineó que el Sistema Nacional Anticorrupción tiene un diseño similar al que se constituyó en materia electoral con el fin de resolver la crisis moral de los años 80, “se creó el Instituto Federal Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que planteó algo que cuesta mucho trabajo en México; la coordinación entre las instituciones públicas, pero se requiere para una eficaz aplicación de una política anticorrupción y mejores resultados”.

Falta controlar el ejercicio del poder
Durante el programa que conduce la periodista Guadalupe Juárez, el coordinador del Programa de Cooperación Académica México Centroamérica de IDEA Internacional subrayó que México ha suscrito dos importantes convenciones en materia de corrupción o de lucha anticorrupción: la Convención de la Organización de los Estados Americanos que entró en vigor en 1997, y la Convención de la Organización de las Naciones Unidas en la materia, que entró en vigor en 2005.

Ávila Ortiz destacó los avances en materia de género, derechos indígenas y candidaturas independientes; sin embargo, expresó que falta controlar el ejercicio del poder, porque podemos elegir representantes populares, pero luego no los controlamos ni se les exige rendir cuentas, lo que representa un cheque en blanco.

Por ello, señaló la necesidad de contar con un sistema anticorrupción que es parte de la rendición de cuentas, para detectar y prevenir actos de corrupción, más que sancionar.

El programa Justicia electoral a la semana, con Raúl Ávila Ortiz, coordinador del Programa de Cooperación Académica México Centroamérica de IDEA Internacional, y otras emisiones de la serie se pueden descargar bajo demanda en www.te.gob.mx/plataformaelectoral

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