19/octubre /2015 / Sala Superior 364/2015

México, D.F.

Toda sanción debe ser ejemplar o disuasiva con el propósito básico de que se inhiba a los infractores a no volver a cometer conductas que violen la ley, aseguró Constancio Carrasco Daza, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Al ofrecer el Diálogo Magistral “Hacia una ley nacional procesal electoral”, en el marco del Observatorio Judicial Electoral sobre el Modelo de Comunicación Política, Perspectivas y Retos del Procedimiento Sancionador Electoral y la Libertad de Expresión en Materia Política, señaló que con la revisión del modelo de comunicación política tenemos la oportunidad de considerar sanciones más eficaces y se pronunció en favor privilegiar otras medidas sancionatorias, diversas a aquellas que representan una punición económica.

En su participación durante el Observatorio que es realizado por la Sala Regional Especializada del TEPJF, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carrasco Daza dijo: “creo que tenemos que reflexionar si en este catálogo de sanciones pudiéramos considerar la pérdida o cancelación temporal del registro de los institutos políticos, de frente a los procesos electorales en que violentaron los principios rectores de la materia, o bien, en procesos electorales subsecuentes, esto cuando se incurra en violaciones graves o reiteradas.

“Sería muy importante esta reflexión para poder encontrar en nuestro régimen de punición en la materia electoral un andamiaje que no privilegiara necesariamente la sanción económica sino que pudiera determinar de manera eficaz y funcional, la sanción a quien infringe los principios en la materia electoral a efecto de que esta pudiera ser realmente una medida inhibitoria, dado que la sanción meramente económica se vuelve frágil e ineficaz, en tanto que, la opinión pública concibe que la multa se paga con recursos públicos que finalmente son aportados por la sociedad” indicó.

Dijo que la oportunidad que da la revisión del catálogo de sanciones para la defensa del modelo es mucha. “En la perspectiva de nuestra Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las sanciones inician con la amonestación pública, después van a una multa, según la gravedad, la reducción de hasta el 50% de la administración de financiamiento público que corresponda a partidos políticos y a candidatos, la interrupción de la transmisión de la propaganda política electoral hasta la cancelación del registro de los partidos”, explicó.

Asimismo, el magistrado presidente de la Sala Superior, propuso regular el ingreso y permanencia de los integrantes de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) para garantizar la independencia e imparcialidad en sus labores.

En este mismo espacio, el Magistrado precisó que una perspectiva legal idónea tendría que enfocarse en erigir un modelo que desarrollara una tutela amplia de derechos humanos en materia electoral, en razón de que la reforma de febrero de 2014 puso el énfasis en una redefinición estructural y de nombramiento de las autoridades electorales.

Reconoce ministro de la SCJN labor de la Sala Regional Especializada

En la ceremonia inaugural del Observatorio Judicial Electoral sobre el Modelo de Comunicación Política Luis María Aguilar Morales, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló que el modelo de comunicación ha propiciado un debate más extenso. “Expreso mi más amplio reconocimiento a los integrantes de la Sala Regional Especializada por su extraordinaria labor en la resolución oportuna de los procedimientos especiales sancionadores que les han sido remitidos por el Instituto Nacional Electoral”, destacó.

Por su parte, Clicerio Coello Garcés, magistrado presidente de la Sala Regional Especializada, aseguró que la actuación del organismo tiene como ejes rectores: la transparencia, certeza jurídica y el empleo de un leguaje accesible en las sentencias, así como la certeza jurídica. El Magistrado reconoció que la nueva Ley Electoral estableció retos a la Sala Regional, al otorgarle un plazo máximo de 72 horas para emitir sus resoluciones.

Recordó que el organismo recibió mil 529 denuncias, las cuales tuvieron una resolución promedio de 36 horas, a partir del turno a cada uno de los integrantes del organismo; de esta cantidad sólo 22% fueron impugnadas ante la Sala Superior, “es decir, hubo aceptación de las sentencias emitidas”, refirió.

En su oportunidad, Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, subrayó que el reto, para dar cumplimiento a la reforma electoral de 2014, es otorgar a la Sala Regional Especializada la facultad de resolver las medidas cautelares para que esta función no se concentre en una instancia distinta.

En el evento inaugural del Observatorio, entre otros, estuvieron presentes Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), y Francisco Alberto Ibarra, secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

El observatorio continúa hoy 19 y mañana 20 de octubre, en la sede del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En las cinco mesas de trabajo se analizará el modelo de comunicación política, el régimen sancionador, así como la libertad de expresión. La actividad puede ser vista a través de Plataforma Electoral www.te.gob.mx/plataformaelectoral

Se debe privilegiar la participación de las mujeres en las comunidades indígenas

Por otra parte, al participar en el Conversatorio "Experiencias y reflexiones del proceso electoral 2014-2015. Primera implementación de la reforma político-electoral" en el Senado de la República, el magistrado Constancio Carrasco Daza señaló que la tutela judicial debe garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, principalmente en las comunidades indígenas, pues en esas zonas han sufrido históricamente de condiciones más graves de desigualdad.

Asimismo, señaló que de cara a una posible reforma en la materia, la regulación de los informes de labores de funcionarios públicos es impostergable, con la finalidad de fortalecer un sistema democrático de rendición de cuentas, en el que los ciudadanos cuenten con la información necesaria para realizar un balance sobre la actuación de sus autoridades y representantes.

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