22/septiembre/2015 / Sala Superior 322/2015

México, D. F.

Constancio Carrasco Daza, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aseguró que la democratización de un Estado implica mucho más que elecciones libres y plurales y hoy se vuelve necesario que ante la desigualdad social, la materialización de los derechos político electorales se traduzca en expectativas de satisfacción a exigencias mínimas para el bienestar general.

Al participar en el Seminario Internacional “Evaluación de las Elecciones 2015 y la Reforma electoral 2014: diagnóstico y propuestas”, el Magistrado explicó que en la actualidad hay un alejamiento entre la sociedad y la política, en el que contribuye el hecho de que la política en su conjunto, desde una perspectiva general, no responde a las necesidades básicas de un Estado de derecho.

“Las razones que han dado lugar a esa visión encuentran su origen en un alto grado de desigualdad social, en la falta de consolidación de la cultura de la legalidad y en un cuestionamiento firme, uniforme sobre el desempeño público”, precisó.

En el seminario realizado en la Antigua Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carrasco Daza dijo que cuando se pretende realizar un análisis y diagnóstico de las elecciones es indispensable abrir el debate más allá del proceso electoral.

“La tutela de los derechos humanos y consecuentemente el aseguramiento de una democracia material, asignaturas que necesariamente se encuentran ligadas, deben transitar hoy hacia un esquema que se finque en el desarrollo de políticas públicas consensadas y razonables de todos los órdenes de gobierno”, dijo.

Al referirse al papel de los tribunales electorales en los procesos electorales, el Magistrado destacó el nivel de justiciabilidad, el incremento de los medios de impugnación y las sentencias emitidas.

“En nuestro país este índice revela un incremento sustantivo en el proceso actual. La cifra de esta judicialización se ha centrado en el ámbito de la solución de conflicto internos de partidos y entre los mismos partidos. Tan sólo de este proceso electoral se derivaron más de 20 mil asuntos en la sede judicial”, dijo en el evento organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

El Magistrado señaló que todos los juicios y medios de impugnación se tramitaron y se tramitan con una Ley General de Medios de Impugnación que data de 1996. Propuso que en el posible debate post-electoral sea imperativa la reformulación de la tutela de los derechos político-electorales, ya que la democracia, en estos momentos, exige transitar de los intereses jurídicos a legítimos.

“Es preciso advertir que la democracia no se limita a la celebración de elecciones libres y populares, es indispensable la existencia de una sociedad despierta, consciente y atenta sobre el contenido esencial de la democracia y sus implicaciones”.

En su oportunidad, Clicerio Coello Garcés, magistrado presidente de la Sala Regional Especializada del TEPJF, expuso que la reciente reforma electoral tuvo la ventaja de implementar el proceso especial sancionador.

“Se puso en práctica, en este proceso electoral, este modelo confiriendo a un nuevo órgano las resoluciones, juicios que se resuelven en 72 horas. En este sentido hay avances desde la justicia electoral para preservar los derechos político-electorales y esto se puede constatar en las jurisprudencias de la Sala Superior”, mencionó.

Con el proceso electoral quedaron al descubierto omisiones de la reforma electoral: CIDE
Sergio López Ayllón, director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) aseguró que la posible discusión para modificar la reciente reforma electoral, puede llevar al perfeccionamiento de la norma.

“Salimos de la selecciones y ya se habla de una nueva reforma y en este sentido hay que reconocer el esfuerzo de algunos actores como es el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aunque también han quedado al descubierto omisiones y excesos que se deben corregir, porque las normas son la puerta de la democracia y su buen diseño es el funcionamiento”.

Cesar Astudillo Reyes, abogado general de la UNAM, explicó que cada reforma electoral ha complejizado el andamiaje electoral del país. “En la actualidad vivimos una andanada legislativa que es regresiva y va a contrapelo del discurso político, porque cercena las candidaturas sin filiación de partido”.

Al Seminario Internacional también asistió Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fepade), quien se pronunció a favor de un diagnóstico serio del andamiaje electoral.