1 /julio /2015 / Sala Superior 227/2015

México, D. F.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó no requerir al Senado de la República, a que culmine, en forma integral, el procedimiento de nombramiento del magistrado que deberá ocupar la vacante que dejó José Alejandro Luna Ramos, el pasado 20 de abril de 2015, con motivo de la conclusión de su encargo. Lo anterior, para hacer efectivo el principio constitucional de imparcialidad, toda vez que consideró estar relacionada de manera inmediata y directa con la designación.

Por mayoría de votos, se rechazó el proyecto de sentencia elaborado por la Ponencia del magistrado Salvador Nava Gomar, en el que se proponía confirmar la omisión de la Sexagésima Segunda Legislatura del Senado de la República para nombrar al séptimo magistrado de la Sala Superior y que se convocara de inmediato a una sesión extraordinaria para concluir el procedimiento.

El magistrado Manuel González Oropeza se apartó del proyecto y consideró que no es adecuado que la Sala Superior conozca el asunto, ya que debe conservar una actitud moderada en cuanto a las facultades de los Poderes del Estado. Dijo que la falta de este nombramiento no pone en riesgo las funciones jurisdiccionales del Tribunal, lo cual se ha demostrado con la resolución de más de 14 mil asuntos derivados de la etapa de preparación del proceso electoral y la recepción de 500 en las últimas semanas.

Por su parte, el magistrado Flavio Galván Rivera consideró que la Sala Superior no debe conocer la impugnación, cuyo objeto de controversia es su propia integración. “Somos el órgano supremo en materia jurisdiccional electoral, pero tenemos como limitante el principio de que nadie puede ser juez y parte en la misma causa”, indicó.

No se trata, dijo, del tema de oportunidad, ni del respeto al principio de división de Poderes, o de la independencia del órgano jurisdiccional o de quienes lo integran, es un principio fundamental que excede el ámbito del derecho procesal y que está reconocido en todos los tratados tuteladores de derechos humanos, al establecer que todas las personas tienen el derecho de ser juzgados por tribunales imparciales.

La magistrada María del Carmen Alanis Figueroa recordó que, en tanto el caso involucraba a tres secretarios de la Sala Superior, incluido un funcionario de su ponencia; sometió al Pleno una excusa para conocer del caso. No obstante, la mayoría de magistrados la consideró improcedente.

Finalmente, la juzgadora se pronunció por la improcedencia del juicio ciudadano, al considerar que la Sala Superior carece de facultades para intervenir en un proceso complejo, cuya competencia recae en el Senado y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Agregó que, en todo caso, correspondería a esta última velar por el cumplimiento a un proceso en el que dicho Tribunal participa.

El magistrado Pedro Esteban Penagos López manifestó que con seis magistrados esta Sala ha funcionado de manera adecuada y no se limita el acceso a la justicia de la ciudadanía. Dijo que lo ideal es que los organismos cuenten con todos sus integrantes, pero esta institución se puede desempeñar de manera constitucional sólo con cuatro, además, en caso de empates la ley prevé el voto de calidad del magistrado presidente para resolverlo. Consideró que si la Constitución encargó expresamente a la SCJN realizar el procedimiento de designación de los magistrados, ello excluye al Tribunal Electoral para intervenir.

El magistrado Salvador Nava Gomar expuso que a su juicio, sí existe la violación al derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, y de manera indirecta el debido proceso, por lo que el TEPJF sí debería atender el asunto, ya que la principal función de un Tribunal Constitucional es tutelar los derechos.

Explicó que al no haber concluido el procedimiento previsto en la Constitución, no solamente pone en falta al Senado de la República en sus órganos camerales, sino que viola el derecho político-electoral de los senadores de votar por alguno de los integrantes de la terna.

El magistrado presidente de la Sala Superior Constancio Carrasco Daza, expresó que los tribunales constitucionales tienen dentro de su ámbito de tutela, aquellos actos que vulneren valores esenciales que garantiza la Constitución en materia electoral, los cuales deben quedar comprendidos en un esquema de tutela efectiva, propia de un Estado democrático.

Precisó que se debe maximizar la fuerza vinculante de la Constitución, que en la especie establece que la integración de la Sala Superior debe darse con siete Magistrados de manera que, estimó que el medio de impugnación resultaba procedente en razón de que los accionantes detentan interés legítimo para hacer valer esa pretensión constitucional.

Conforme a derecho la designación de un interventor como responsable del patrimonio del PT
En otro asunto, la Sala Superior determinó que es conforme a derecho, la designación de un interventor como responsable del patrimonio del Partido del Trabajo (PT) para el periodo de prevención y, en su caso, de la liquidación de sus bienes al no alcanzar el porcentaje mínimo de la votación válida emitida en la elección de diputados federales del proceso electoral ordinario 2014-2015.

El Pleno estableció que la designación del interventor por parte de la Comisión de Fiscalización del INE, se apega a los principios de legalidad y certeza establecidos en la Constitución y, contrario a lo argumentado por el PT, dicho nombramiento no le impide realizar sus actividades ordinarias, ni se le coloca en estado de liquidación, en tanto no haya una determinación definitiva, respecto a la pérdida o conservación de su registro.

La magistrada Alanis Figueroa votó a favor del proyecto en virtud de que, ante la eventual pérdida de registro del Partido del Trabajo, se justifica la designación de un interventor para garantizar que los recursos del partido, que son de origen preponderantemente público, se administren de forma adecuada hasta que se emita la determinación correspondiente.

Alanis Figueroa señaló que no se afecta la participación del Partido del Trabajo en el proceso electoral en Chiapas, puesto que puede solicitar la autorización de recursos que estime necesarios para esa contienda, siempre que esas transacciones se apeguen al marco legal.

Además, la magistrada señaló que el partido tiene registro local en Chiapas y que participa en esas elecciones en igualdad de condiciones y ejerciendo sus derechos.

Se confirma la multa al PRI por difusión de promocional
Por otra parte, la Sala Superior confirmó la multa de 140 mil 200 pesos que impuso la Sala Regional Especializada al Partido Revolucionario Institucional (PRI), por la difusión del promocional denominado "No más", el cual contiene expresiones que presuntamente calumnian al Partido Acción Nacional (PAN), a Ernesto Javier Cordero Arroyo, Francisco Domínguez Servién y Carlos Mendoza Davis, senador de la República, y candidatos a gobernador de los estados de Querétaro y Baja California Sur, respectivamente.

El Pleno determinó que el partido político hizo un uso indebido de sus prerrogativas en radio y televisión, por incluir el audio de las conversaciones entre Ernesto Cordero y Carlos Mendoza. Lo anterior, porque al obtenerse de manera ilegal conserva su naturaleza ilícita, aun cuando se haya hecho del dominio público por conducto de los medios de comunicación masiva, lo cual constituye un acto contrario a la Constitución y a la ley.

Es inexistente la violación a la ley por la distribución de tarjetas "La Efectiva"
En otro asunto, la Sala Superior confirmó la sentencia de la Sala Regional Especializada que declaró inexistente la propaganda gubernamental federal y estatal, así como el uso indebido de recursos públicos, atribuidos a Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas, presidente de la República y gobernador del Estado de México, respectivamente, así como al PRI, por la distribución de tarjetas denominadas "La Efectiva", en las que se utilizan los logotipos "Mover México" y "Gente que trabaja en grande".

El Pleno determinó que si bien quedó acreditada la entrega de tarjetas, ésta se realizó como parte de un programa de apoyo a la educación, además de que dicha acción se dio previamente al inicio de las campañas electorales.

Se confirma la violación a la ley por distribución de "kit escolar"
Por otro lado, la Sala Superior confirmó la violación al párrafo V del artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con motivo de la distribución de bienes denominados "kit escolar", así como el uso de la leyenda "Verde, sí cumple" asociado al emblema del referido instituto político, que presuntamente constituye sobreexposición indebida ante la ciudadanía. Ante ello, ordenó a la Sala Regional Especializada que individualice e imponga una sanción al partido conforme a derecho.

La magistrada Alanis Figueroa señaló que la distribución de 40 mil kits escolares en todo el país, por conducto de las y los candidatos del Partido Verde Ecologista de México, constituye una infracción a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que propuso calificarla como grave “ordinaria”. De ahí que su proyecto ordena a la Sala Regional Especializada individualizar y ajustar la sanción correspondiente.

Finalmente, el proyecto no fue acompañado por la mayoría, por lo que la propuesta de la Magistrada derivó en voto particular.

El Pleno confirmó la procedencia de medidas cautelares para el retiro de promocional en Chiapas
En otro asunto, la Sala Superior confirmó la procedencia de medidas cautelares para el retiro de la difusión de los promocionales de radio y televisión intitulados "Yo sí le entro" y "Yo sí le entro 2", que presuntamente constituyen promoción personalizada en favor de Fernando Castellanos Cal y Mayor, candidato de la coalición integrada por el PRI, el PVEM, Nueva Alianza y Chiapas Unido, a presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Durante la sesión pública, el Pleno resolvió 1 asunto general, 1 juicio electoral, 7 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 3 juicios de revisión constitucional electoral, 3 recursos de apelación, 1 recurso de reconsideración y 24 recursos de revisión del procedimiento especial sancionador, que hacen un total de 40 medios de impugnación.