Al resolver un juicio de revisión constitucional electoral, el órgano jurisdiccional federal consideró que los partidos políticos participantes en un proceso electivo sí tienen interés jurídico para impugnar y controvertir los acuerdos y resoluciones del órgano administrativo electoral estatal que estimen afectan sus intereses, incluso, los de índole difuso o colectivos, como en el caso, la aprobación por parte del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo acerca de reformas a los estatutos de un partido político local, que sirvieron de base para suscribir un convenio de coalición con otros institutos políticos en el proceso electoral de la entidad.