6 /junio /2015 / Sala Regional Especializada 67/2015

DF

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio seguimiento a más de mil 300 denuncias durante el actual proceso electoral federal en todo el país, por compra y adquisición de tiempos en radio y televisión, actos anticipados de campaña, calumnia, uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada de servidores públicos e indebida difusión de propaganda electoral, entre otros ilícitos, aseguró el magistrado presidente Clicerio Coello Garcés.

De estas denuncias, 66% se han presentado ante algunas de las 300 juntas distritales y 32 juntas locales del Instituto Nacional Electoral (INE), y el 34% ante las oficinas centrales de ese Instituto.

Denuncias que, por disposición de la nueva Ley Electoral, deben resolverse en un plazo de 72 horas, con la finalidad de evitar se generen perjuicios irreparables en el proceso electoral; conscientes de ello, en este órgano jurisdiccional se han resuelto todos los procedimientos sancionadores en un promedio de 36 horas.

Por ello, Coello Garcés afirmó que los fines de la reforma político-electoral se han cumplido a cabalidad, porque, previo al inicio de la jornada electoral, este Tribunal ya resolvió todos los procedimientos especiales sancionadores que han sido remitidos por el INE.

Asimismo, refrendó el compromiso inquebrantable de continuar resolviendo los asuntos de la competencia de la Sala Especializada, bajo los principios de imparcialidad, objetividad, prudencia, neutralidad e independencia judicial.

Por otra parte, indicó que las determinaciones de la y los magistrados han privilegiado el debate y la libertad de expresión en materia político-electoral, el derecho a las audiencias de radio y televisión, el interés superior del menor en la propaganda política y la inviolabilidad de las expresiones de los legisladores, entre otros criterios maximizadores de los derechos que inciden en la comunicación política.

Por último, el Magistrado Presidente hizo un llamado a la ciudadanía para ejercer su derecho a votar, “para que a través de los cauces institucionales se resuelvan las reivindicaciones políticas y sociales, ya que la normalidad democrática sólo es posible si optamos todos por el fortalecimiento de nuestras instituciones”.

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