10/marzo /2015 / Sala Superior 61/2015

México, D. F.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en colaboración con ONU Mujeres, el Tribunal Superior Agrario, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Programa de Posgrado en Derecho de la UNAM han convocado a la Semana de Acceso a la Justicia para las Mujeres, que inició el lunes 9 y concluirá el próximo 13 de marzo de 2015.

El objetivo de este espacio es identificar y compartir experiencias y buenas prácticas para facilitar el acceso efectivo de las mujeres a la justicia en los diferentes ámbitos de la impartición de justicia. Para ello, habrá mesas de trabajo en distintas sedes que abordarán las temáticas de justicia constitucional, justicia administrativa, justicia laboral, justicia electoral y justicia familiar.

El día de hoy, en Auditorio José Luis de la Peza del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tuvo lugar la mesa titulada “Justicia electoral: Protección jurisdiccional de los derechos políticos de las mujeres” que tuvo como fin identificar las políticas que se implementan para asegurar el ejercicio efectivo de los derechos político electorales de las mujeres.

En ella participaron la Embajadora Carmen Moreno Toscano de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Diputada Eufrosina Cruz Mendoza y la Magistrada del TEPJF, María del Carmen Alanis Figueroa, quien además es representante de México ante el MESECVI. La discusión fue moderada por el Magistrado del TEPJF Constancio Carrasco Daza.

El Magistrado Carrasco abrió la mesa reconociendo la trayectoria y compromiso de las integrantes de la mesa y reiterando su compromiso como funcionario judicial con los derechos humanos de las mujeres. Resaltó su convicción en que el espacio generaría propuestas para el avance en la realización de los derechos de las mujeres.

Comentó también que en el quehacer jurisdiccional de la Sala Superior se elabora una iniciativa de reforma constitucional a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante la cual se determinaría que los grupos indígenas, principalmente las mujeres, en lo individual o colectivo puedan promover los juicios para la protección de los derechos político-electorales.

“Esta propuesta se concreta en que se abra la posibilidad de que la Defensoría Pública Federal se extienda, se ensanche y permita que los defensores públicos federales que se encuentran muy bien capacitados defiendan intereses individuales o colectivos de comunidades indígenas y fundamentalmente de mujeres”.

La Diputada Cruz centró su participación en la necesidad de evitar interpretaciones erróneas de los sistemas normativos internos que conlleven a justificar el inacceso a las mujeres a sus derechos, lo cual es materia de una reforma constitucional que está siendo discutida en el Congreso. La Embajadora Moreno, quien recibió el día de hoy el reconocimiento del Senado “Elvira Carrillo Puerto”, puso el énfasis en los retos que enfrenta Latinoamérica para hacer realidad los derechos plasmados en las leyes.

Por su parte, la Magistrada Alanis resaltó la necesidad del trabajo conjunto de los órganos electorales en el combate a la violencia política y en transformar los patrones socioculturales que normalizan e invisibilizan este tipo de violencia.

Destacó el reto de sancionar efectivamente a todas aquellas personas, grupos de personas, instituciones públicas o partidos que cometan actos u omisiones que constituyan violencia política. Para ello, y conforme al deber de debida diligencia, señaló, las autoridades electorales deben actuar de oficio cuando detecten este tipo de violencia. La responsabilidad de los órganos electorales, insistió, es evitar la impunidad.

Quienes integraron la mesa coincidieron en que, tal y como ha sucedido en otros casos como los de las cuotas de género, el Tribunal Electoral juega un papel decisorio en la garantía de los postulados constitucionales que mandatan la paridad en las candidaturas a legislaturas federales y locales. Coincidieron también en que la paridad está incompleta en tanto no ocurra dentro del poder ejecutivo y judicial, en los órganos autónomos y dentro de los partidos.