23/octubre /2014 / Sala Superior 321/2014

México, D. F.

El diálogo incluyente es la mejor vía para la consolidación del Estado democrático ya que permite resolver las diferencias particulares, sin conflictos ni violencia, aseguró José Alejandro Luna Ramos, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Al inaugurar el Seminario “La Constitución de Apatzingán y la Libertad de la América Mexicana”, señaló que las decisiones fundamentales para México deben basarse en el intercambio de razones y diversas posturas de vida, canalizando las controversias sociales a las instituciones, con el objetivo de facilitar la conversación extendida entre las personas.

Puntualizó que este documento debe ser inspiración y propósito “para quienes estamos llamados a sumar a la historia de este gran país. Si somos capaces de profundizar en estos nuevos retos, podremos entender lo que hoy es el patriotismo”, aseveró el Magistrado Presidente, quien estuvo acompañado en la ceremonia de inauguración por Manuel González Oropeza, magistrado del TEPJF, y por Jaime del Arenal Fenochio, embajador de México en Ecuador.

Recordó que ejemplares patriotas dieron su vida por anhelos e ilusiones que, lamentablemente, no tuvieron oportunidad de presenciar. “Seamos responsables con esa herencia, y actuemos para consolidar nuestro régimen de libertades y proteger a esta gran Nación”, manifestó Luna Ramos.

En el marco de la conmemoración del Bicentenario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán, indicó que esta norma incluyó el reconocimiento de los derechos fundamentales, como requisito necesario para el sano desarrollo del Estado y estableció la soberanía popular, la democracia, el principio de legalidad, el gobierno representativo, así como la anhelada igualdad ante la ley.

“La relevancia de la primera Constitución, nos obliga a reflexionar sobre su grandeza histórica, pero, también a hacer frente a nuestra responsabilidad como mexicanas y mexicanos”, consideró.

La Constitución de Apatzingán fijó el rumbo de las instituciones
Por su parte, González Oropeza comentó que este documento, que también es conocido como Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, fijó los inicios de una nación independiente y el rumbo de las instituciones. “Ahí están las raíces constitucionales que animan el derecho mexicano y electoral”, por ello, dijo, en estos 200 años de su promulgación se debe reconocer que su contenido permitió que hoy disfrutemos de un régimen de libertades.

Más adelante, al participar en la mesa “El Congreso de Chilpancingo. La importancia política y jurídica de la promulgación de la Constitución de Apatzingán”, el magistrado González Oropeza explicó que entre los legados de la Constitución de Apatzingán se encuentran: la justicia, la división de poderes, el sistema republicano, el sistema electoral y la soberanía popular que ejerce el pueblo, mediante el nombramiento de sus autoridades ya que, expresó, no pueden tolerarse los vacíos de poder en una sociedad.
Afirmó que hoy la transparencia en los tribunales y en la selección de los jueces han contribuido a fortalecer la democracia. Dijo que es necesario recordar que las instituciones mexicanas que nos han dado patria, una sociedad estable y democrática, se han forjado por luchas históricas.

En su oportunidad, Del Arenal Fenochio destacó que México ya es un Estado democrático que se fortalece con el buen desempeño de la función electoral y de las instituciones. En ese sentido, refirió que aunque no existen las democracias perfectas es necesario luchar de manera constante para consolidarla.

En la mesa también participaron José Barragán Barragán, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Alberto Enríquez Perea, profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quien fungió como moderador.

El Seminario que se lleva a cabo hoy y mañana en el auditorio “José Luis de la Peza” de la Sala Superior, congrega a magistradas y magistrados de los tribunales electorales locales, así a como a consejeras y consejeros de los organismos locales electorales, investigadores y catedráticos.