25/septiembre/2014 / Sala Superior 292/2014

México, D.F.

Las autoridades, tanto administrativas como jurisdiccionales tienen la obligación de promover, proteger y garantizar la protección más amplia de los derechos fundamentales de las personas bajo el principio de progresividad, coincidieron en señalar Pedro Esteban Penagos López, Constancio Carrasco Daza y Manuel González Oropeza, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Durante su intervención en los trabajos de la IX Mesa Redonda sobre Justicia Constitucional en las Entidades Federativas, explicaron que el principio de progresividad establece la adopción de los mecanismos necesarios para lograr la expansión, maximización o ampliación de los derechos que derivan de las normas económicas, educativas y culturales.

La flexibilización de las normas permite impartir una justicia menos formal y más humana

Al participar en la mesa “Los órganos judiciales estatales, como órganos del Estado mexicano, y el cumplimiento de la sentencia en el caso Radilla”, el magistrado Pedro Esteban Penagos López, aseguró que los juzgadores deben impartir una justicia menos formal, más objetiva, real y práctica, pero fundamentalmente: más humana.

Dijo que si bien el juez no puede romper la norma, sí puede flexibilizarla para garantizar la protección más amplia de los derechos fundamentales de las personas, de tal manera que la prevalencia de las garantías y libertades humanas debe ser prioridad en todo sistema democrático para construir una sociedad más igualitaria, libre y justa, pues en la búsqueda de la dignificación del ser humano no puede darse un paso atrás.

Durante esta mesa, que fue moderada por Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez, magistrado de la Sala Regional Guadalajara, participaron Pedro Antonio Enríquez Soto, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nayarit, y Rubén Sánchez Gil, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Armonización de normas nacionales e internacionales dirime los conflictos de mejor manera

Por otro lado en la mesa “Aspectos a considerar en la aplicación efectiva de la interpretación conforme y del principio pro persona por parte de los órganos de control constitucional local”, Manuel González Oropeza, magistrado del TEPJF, consideró necesaria la armonización de las normas locales, federales y las establecidas por los tratados internacionales, para dirimir los conflictos de tal manera que todos los involucrados resulten favorecidos.

En ese sentido, explicó que los estados deben expedir leyes que mejor defiendan los derechos humanos y no menoscaben la igualdad, con el objetivo de que todos los mexicanos tengan garantizada la protección de sus garantías.

Refirió que los derechos humanos nacieron en las constituciones locales ya que fue en los estados donde surgieron los primeros juicios de amparo. El Magistrado citó el caso de Morelos donde fueron reconocidos los derechos políticos como derechos humanos.

TEPJF ha hecho efectiva la protección más amplia de los derechos de los justiciables

Constancio Carrasco Daza, magistrado de la Sala Superior del TEPJF, quien participó como moderador de la mesa, afirmó que con sus resoluciones, tesis y jurisprudencias, el máximo organismo jurisdiccional del país en materia electoral ha hecho efectiva la protección más amplia de los derechos fundamentales de los justiciables, mediante la interpretación de la ley fundamentada en los principios de universalidad y progresividad.

Expresó que como guardianes de la democracia, los juzgadores deben construir los mecanismos que permitan fortalecer el Estado de derecho y la impartición de justicia.

Dijo que este tipo de foros permiten un análisis de progresividad de nuestra leyes frente a las democracias constitucionales para conocer si son o no compatibles con el bloque de convencionalidad.

En esta mesa, José Miguel Salcido Romero, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, dijo que la presunción de constitucionalidad de todas las normas exige a los juzgadores realizar un ejercicio mucho más complejo de comparación para aplicar aquellas que más favorezcan la protección de los derechos fundamentales.

Karlos Castilla, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España, dijo que en atención al principio pro persona, los tribunales constitucionales y los juzgadores deben aplicar las normas que menos restrinjan y que mejor garanticen la protección de los derechos humanos de los justiciables.

El evento que se realiza en Tepic, Nayarit, con el objetivo de mejorar la impartición de justicia en el ámbito local, reúne a juzgadores, investigadores, estudiantes y estudiosos de la materia jurídica.

Las mesas de trabajo continuarán mañana con los temas “Desarrollo de los mecanismos de tutela local en materia de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas”; “Los conflictos competenciales en la tutela de los derechos humanos por parte de órganos jurisdiccionales locales” y “El papel de las constituciones locales en el bloque de constitucionalidad”.

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