8 /septiembre/2014 / Sala Superior 270/2014

México D.F., a

La confianza ciudadana hacia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha incrementado paulatinamente, lo cual se refleja en que 90% de los asuntos resueltos es para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, aseguró José Alejandro Luna Ramos, magistrado presidente de la Sala Superior.

Durante la emisión del programa Justicia electoral a la semana, que conduce la periodista Guadalupe Juárez, destacó que el Tribunal se ha abierto al ámbito justiciable no sólo contra actos de autoridades electorales reales, sino de los dirigentes partidarios que muchas veces vulneran los derechos de sus propios agremiados, a quienes el organismo ha restituido sus garantías fundamentales, sin afectar la autonomía del instituto político.

“Siempre alegaban la independencia de cada uno de los partidos para dirimir sus propios conflictos y ahora que el Tribunal Electoral abrió ese horizonte son innumerables los asuntos que tenemos”, señaló Luna Ramos.

Ante Pedro Esteban Penagos López, magistrado de la Sala Superior, y Daniel Zovatto, director regional para América Latina de IDEA-Internacional, quienes también participaron en la entrevista realizada en el marco de la VI Conferencia Iberoamericana de Justicia Electoral, que se llevó a cabo en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, del 27 al 29 de agosto, afirmó que lo que también da confianza es cómo se va resolviendo y cómo se va integrando la justicia electoral al fortalecimiento de la democracia.

En ese sentido, subrayó que el TEPJF ha regido su actuación en la transparencia, que es el eje rector de este año, tanto de las actividades jurisdiccionales como administrativas, y en la ética que fue el principio fundamental del año pasado. Además, sus integrantes cuentan con alta especialización y se capacitan constantemente para mejorar la impartición de justicia y fomentar la cultura democrática, así como electoral.

Indicó que el TEPJF ha tutelado los derechos político-electorales de votar, ser votados y asociarse de las mujeres, los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas y, con la reforma al artículo Primero constitucional, abrió sus puertas a un horizonte más amplio para que todo ciudadano que sienta vulnerados sus derechos, acuda a buscar la tutela de la justicia.


Los conflictos electorales se resuelven en los tribunales y no en las calles
Por otro lado, Pedro Esteban Penagos López, magistrado de la Sala Superior, destacó que la justicia electoral ha contribuido a generar la paz social, ya que actualmente los conflictos derivados de los procesos electorales se resuelven en los tribunales y no en las calles.

Dijo que en todo sistema democrático deben existir medios de impugnación y tribunales que los resuelvan para hacer valer los derechos político-electorales de los justiciables. “Vivir en democracia implica contar con un sistema normado, en el que todo se rige a través de lo que establece la Constitución, la ley, los reglamentos, y corresponderá a los tribunales aplicar las normas” agregó.

Aseguró que para lograr la confianza de la ciudadanía en la actuación de los tribunales electorales, es muy importante que los jueces se capaciten constantemente para que tengan una visión global de las leyes y fundamenten su actuación en principios éticos como la transparencia y la neutralidad, tanto de manera externa como interna.

Elecciones con mayor integralidad garantizan una democracia de mejor calidad
Por su parte, Daniel Zovatto, director regional para América Latina de IDEA-Internacional, puntualizó que para lograr la integridad en las elecciones y una democracia de calidad es necesario garantizar el respeto al Estado de derecho, la participación ciudadana, la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos y la paridad de género, de forma que la participación de mujeres y hombres sea lo más equitativa posible.

Subrayó como uno de los elementos innovadores y de avanzada en México, el hecho de permitir que en los conflictos generados al interior de los partidos políticos, una vez que hayan agotado los procedimientos internos, acudan al Tribunal Electoral a reclamar la tutela de sus derechos.

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