17/agosto /2014 / Sala Superior 240/2014

México, D.F., a

La capacitación continua y constante permite fortalecer la cultura jurídica y contribuye a mejorar la impartición de justicia, aseguró Janine Madeline Otálora Malassis, magistrada presidenta de la Sala Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Al participar como moderadora de la conferencia “Nueva Ley de Amparo. Avances y Retrocesos”, impartida por Margarita Beatriz Luna Ramos, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), manifestó que los juzgadores deben consolidar el conocimiento de aquellas materias enfocadas a potencializar las protección de los derechos humanos y garantizar el principio de certeza y seguridad jurídica.

Ante ello, la Magistrada Otálora Malassis comentó que es necesario interpretar la ley en marco del artículo primero de la Constitución, para ensanchar la protección de los derechos humanos.

El Poder Judicial garantiza confianza y seguridad jurídica
Por su parte, Margarita Beatriz Luna Ramos, ministra de la SCJN, señaló que tenemos un Poder Judicial confiable, que brinda al pueblo de México certeza y seguridad jurídica, ya que los jueces y magistrados garantizan el acceso a la justicia, además de realizar las interpretaciones que tutelan de mejor manera la protección de los derechos humanos.

Para seguir en esa misma línea, subrayó, la jurisprudencia con la que se fundamentan las sentencias debe ser consistente, congruente y adecuada a nuestra realidad, lo cual aumentará la credibilidad del pueblo en las resoluciones, fortaleciendo más a las instituciones.
Explicó que el sistema jurídico se ha modificado y ha incluido instrumentos efectivos para garantizar el acceso a la justicia en las mismas posibilidades, incluso dejando de lado plazos y formalidades que representan un obstáculo para que todas y todos gocemos de los derechos reconocidos por la Constitución.
En ese sentido, dijo, versa la nueva Ley de Amparo publicada el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pasado 2 de abril de 2013, que establece los lineamientos para resolver toda controversia derivada de actos u omisiones de autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los Tratados Internacionales.
Puntualizó que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución autoriza el interés legítimo de impugnar un auto de autoridad que perjudica un derecho humano, aunque también se pueden objetar actos de particulares que por facultad de la ley, están ejerciendo alguna actividad específica.
La Ministra citó diversos elementos jurídicos que obligan a las autoridades a proteger los derechos humanos en la medida de sus competencias, tales como el control difuso de constitucionalidad que consiste en realizar un examen de regularidad de las normas, al contrastarlas con el texto fundamental y que puede llevar al juez a inaplicar aquellas que considere inconstitucionales.
Luna Ramos también se refirió a la jurisprudencia de cortes y tribunales internacionales, que deben servir como criterios orientadores para garantizar la salvaguarda de los derechos fundamentales.
A la conferencia impartida por la ministra en el Pleno de la Sala Regional Distrito Federal, asistieron Héctor Romero Bolaños, magistrado de dicho organismos jurisdiccional, así como consejeras y consejeros de institutos electorales locales de las entidades federativas que integran la IV Circunscripcción.

-0-
Síguenos en Twitter @TEPJF_informa y en www.facebook.com/TEPJF