02/Marzo /2024 / Sala Superior 116/2024

Mérida, Yucatán

Si la defensa de los derechos humanos no se extiende a que esa defensa sea un beneficio para que todas y todos lleguen a la igualdad, entonces esto se traduce sólo en una lucha por beneficios muy personales, señaló la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis, y subrayó: “hagamos justamente que esta democracia paritaria, igualitaria e incluyente sea cada día mayor”. 

Al encabezar la ceremonia de clausura de la Jornada por la Defensa de los Derechos Político-Electorales celebrada en Mérida, Yucatán, donde se resaltó la labor de la Defensoría Pública Electoral del TEPJF, a cargo de Marina Martha López Santiago, la magistrada destacó que la justicia electoral hace posible que la letra que está expresada en la ley se traduzca en historias de vida las que, al llegar a la Defensoría, se traducen en demandas.

“Justamente las juezas y los jueces lo que tratamos de hacer al pronunciarnos sobre un recurso es que esta letra tan fría que tiene la ley se convierta, realmente, en una historia de vida”, resaltó.

Ante el auditorio, al que acudieron activistas, académicos y autoridades electorales, expresó que hoy en día en el que se cuestiona tanto a las instituciones, la Defensoría Pública Electoral es un ejemplo perfecto de que estas sí funcionan y son de la ciudadanía”.

“Da gusto saber que se cree y hay confianza en esta Defensoría; nada más recordar que si la defensoría, su equipo, su titular, las y los defensores y quienes los apoyan, han podido cumplirle a la sociedad mexicana y entregar cuentas claras y resultados positivos, es porque ustedes acudieron a ella, porque sin ustedes la defensoría es nada, no tendría casos”, abundó.

La magistrada Otálora, quien fue la primera directora de la Defensoría Pública Electoral, recordó que este organismo se amplió para defender a personas afromexicanas, de la diversidad sexual, con alguna discapacidad, adultos mayores y migrantes, lo que fue posible gracias a que estos grupos en situación de vulnerabilidad la hicieron fuerte.

En su intervención, Lissette Guadalupe Cetz Canché, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, destacó la importancia de este evento ya que abre más el panorama sobre los avances, retos y oportunidades a los que se enfrentan las autoridades electorales en el ejercicio del sistema democrático mexicano.

Asimismo, refrendó el compromiso de ese órgano jurisdiccional de actuar de manera firme y con apego a la ley ante cualquier injusticia que pretenda violentar o vulnerar los derechos de estos sectores vulnerables. En ese sentido, reconoció a la Defensoría Pública Electoral que, dijo, se ha consolidado como una institución que realmente le sirve a la población.

En su mensaje de clausura, Delta Alejandra Pacheco Puente, consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPCY) celebró estos trabajos y señaló que hace falta acercar a las juventudes, quienes han demostrado que pueden unirse a esta idea de país que se está construyendo, hacer que se interesen y vuelvan a creer en las instituciones, y que, involucrarse en la política, es la manera de generar un espacio comunitario para todas y todos.

Antes, la Defensoría desarrolló una mesa de análisis sobre las problemáticas que enmarcan el proceso electoral de este año, destacando las que afectan a poblaciones discriminadas históricamente. Al respecto, se habló sobre las acciones para fortalecer una democracia incluyente; la violencia política en razón de género contra las mujeres y su dimensión simbólica; y los retos de la Defensoría Pública Electoral para acercarse a los grupos de atención, como es el caso de las personas en prisión preventiva y la representación indígena, entre otros.

En el panel participaron Delta Alejandra Pacheco Puente, consejera del IEPCY; Bertha Liliana Onofre González, especialista en derechos humanos en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE); Juan Carlos Martínez Hernández, defensor en la Defensoría Pública Electoral del TEPJF, y María del Pilar Villarreal Ramírez, activista indígena, con la moderación de Myrell Méndez Soto, secretaria de apoyo de la Defensoría del TEPJF, quienes coincidieron en destacar los avances en la protección de los derechos político-electorales de estos grupos, sin embargo, señalaron que se debe seguir trabajando para que todas las acciones hacia la protección de estos derechos sean una realidad que llegue a todos los grupos a lo largo del país.

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