21/junio /2023 / Sala Superior 265/2023

Ciudad de México

En el marco del Congreso Internacional “Tecnologías digitales: Democracia y regulación desde Europa y América”, que contó con dos días de actividades, la magistrada de la Sala Superior del TEPJF, Janine Otálora Malassis, aseguró que cualquier incorporación de las tecnologías digitales en las actividades del Estado debe estar orientada y limitada por la garantía de los derechos de las personas.

Tras participar en el panel “Tecnologías disponibles para la judicatura en el mundo”, la magistrada Janine Otálora recalcó que el uso de nuevas tecnologías puede tener un impacto positivo en términos de acceso a la justicia, al promover mayor transparencia y eficiencia en los procesos judiciales, así como facilitar la gestión de información. En ese sentido, enfatizó que la introducción de las tecnologías en la justicia debe fomentar mayor igualdad y promover la justicia social, y no profundizar las diferencias ya existentes.

Al exponer en la mesa de trabajo denominada “Redes sociales y desinformación en los procesos electorales: análisis de su utilización en campañas políticas”, el magistrado de la Sala Superior del TEPJF, José Luis Vargas Valdez, consideró que las autoridades tradicionales difícilmente podrán resolver los retos que a nivel global se tienen ante la revolución digital. Por ello, estimó necesario considerar el establecimiento de autoridades especializadas que sigan estándares homologados a nivel internacional.

En el Auditorio José Luis de la Peza del Tribunal Electoral, el magistrado Vargas también señaló que un proceso de alfabetización digital en el que participen los sectores privado y social puede empoderar a los ciudadanos. Apuntó que la verificación de hechos es otra herramienta mediante la cual los medios y la sociedad civil pueden contribuir. Planteó que hay una ausencia de regulación normativa, por tanto, se requiere un trabajo a nivel internacional para realizar un riguroso análisis comparado de cómo el tema es tratado en diferentes regiones.

En el panel “Tecnologías disponibles para la judicatura en el mundo” expusieron, Dino Cantú Pedraza, senior fellow del Laboratorio de Gobernanza (The GovLab); el presidente de la Cámara Nacional Electoral de Argentina y observador de la Comisión de Venecia, Alberto Dalla Vía (manera virtual); el presidente de la Sala Constitucional de Costa Rica, Fernando Castillo Víquez, y como moderadora Gabriela Chágary Lammel, jefa de la Unidad Asuntos Internacionales del TEPJF.

En tanto, en la mesa denominada “Redes sociales y desinformación en los procesos electorales: análisis de su utilización en campañas políticas”, participaron la asesora superior de Elecciones del Instituto Demócrata Nacional, Julia Brothers; el experto en derecho electoral de Colombia, Altus Baquero Rueda; el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Rubio; el presidente del Consejo para las Elecciones Democráticas, Srdam Darmanovic, y como moderador el director regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), Daniel Zovatto.

En la segunda jornada de actividades, el magistrado José Luis Vargas Valdez sostuvo que uno de los objetivos de este congreso es plantear aspectos que lleven a atajar acciones derivadas del uso de las tecnologías digitales, que, indicó, pueden terminar incluso en grados de ilegalidad que no pueden ser permitidos en una democracia constitucional.

En su intervención durante el panel “Discurso de odio y violencia: inteligencia artificial e igualdad de género”, aseguró que es necesario reconocer que un solo acto de violencia, generado por la inteligencia artificial y difundido a través de las redes sociales, puede afectar toda una cadena de derechos. Planteó que hay que desarrollar legislaciones homologadas con estándares mínimos que permitan la protección de los derechos fundamentales, sobre todo los de las mujeres.

Por su parte, Simona Granata-Menghini, directora secretaria de la Comisión de Venecia, señaló que la toma de decisiones automatizada con inteligencia artificial perpetúa la desigualdad de género y la discriminación. El sesgo de género en la inteligencia artificial afecta los derechos fundamentales de las mujeres y conduce a la exclusión social, discurso de odio y violencia de género, subrayó.

En este tema también participaron la directora global de Privacidad, Wipro, y profesora visitante de Ciberseguridad y Privacidad del Pamplin College, Ivana Bartoletti; la ministra del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Cármen Lúcia Antunes Rocha; la catedrática de la UNAM, Rosario Guerra Díaz, y la experta en Libertad de Expresión y Elecciones de la UNESCO, Albertina Piterbarg.

En la mesa Los rasgos característicos de las tecnologías digitales y sus aplicaciones en las etapas del proceso electoral, debatieron Matt Bailey, asesor de Ciberseguridad e Integridad de la Información de la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales; Antonio López Vega, director del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset; Óscar Sánchez Muñoz, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid; Oliver Kask, presidente de la Comisión Electoral Nacional de Estonia; Martha Leticia Mercado Ramírez, magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, y Laura Pardo, de IBM México, como moderadora.

Finalmente, Dragoş Tudorache, miembro del Parlamento Europeo y presidente de la Comisión Especial sobre Inteligencia Artificial en la Era Digital; Marjorie de los Ángeles Chávez Macías, exmiembro de la Asamblea Nacional del Ecuador; Mario Hernández Ramos, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid; Sergio Arturo Guerrero Olvera, magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara, y Cristina Martínez Pinto, fundadora y directora ejecutiva de Public Interest Technology Policy Lab, en calidad de moderadora, participaron en la mesa sobre los avances de la inteligencia artificial y sus aplicaciones en el ámbito político-electoral, sobre todo en materia de comunicación y propaganda políticas.

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