8 /junio /2023 / Sala Superior 237/2023

Morelia, Michoacán

La inclusión de los grupos sociales históricamente discriminados es un factor fundamental de toda democracia, coincidieron en señalar los participantes del “Encuentro de Defensorías: Experiencias y retos internacionales y locales sobre la defensa de derechos”, evento organizado por la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El evento comprenderá dos días de trabajo y tiene como objetivo visibilizar los retos y buenas prácticas en la defensa y protección de los derechos político-electorales de las mujeres y los grupos de atención prioritaria con una perspectiva comparada a nivel internacional. Durante la inauguración, la magistrada de la Sala Superior del TEPJF, Janine M. Otálora Malassis, aseguró que la democracia significa, entre otros aspectos, que todas las personas puedan participar en política, votar y ser votadas; es decir, que sean vistas, escuchadas y que su voz cuente.

Se trata, detalló, de que los grupos sociales históricamente discriminados e invisibilizados tengan representantes que velen por sus intereses y pongan en acción sus ideas e iniciativas. Añadió que un mayor acceso a la justicia es fundamental para la existencia y el funcionamiento de una verdadera democracia.

Tras destacar que el Tribunal Electoral ha dado un gran paso en la defensa de los derechos político-electorales de los grupos en situación de vulnerabilidad, a través de su Defensoría Pública Electoral, consideró que la existencia de un sistema judicial independiente y accesible es crucial para garantizar que se haga justicia y que la ciudadanía pueda confiar en sus instituciones democráticas.

El acceso a la justicia fomenta la participación ciudadana en los asuntos públicos; por ello, abundó la magistrada Otálora Malassis, cuando la ciudadanía tiene confianza en el sistema de justicia está mucho más dispuesta a participar en la vida política y social del país, lo cual fortalece la democracia, puntualizó.

Al señalar que la desigualdad es uno de los grandes males de este siglo, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata Pizaña, expresó que la garantía del derecho de acceso a la justicia no ha sido igual para todos y va de la mano con la discriminación, la exclusión y la falta de oportunidades, porque quienes encuentran más dificultades en el ejercicio de sus derechos político-electorales también las encuentran en su defensa.

En ese sentido, aseguró que la Defensoría Pública Electoral del TEPJF es necesaria y ha evolucionado para estar a la altura de su responsabilidad, al acompañar a las personas de todos los grupos en situación de vulnerabilidad. Enfatizó que uno de los mayores beneficios del trabajo de una defensoría pública son las sentencias derivadas de su labor, las cuales, dijo, han cambiado la vida de las personas, cuya realidad material, social y cultural les impedía buscar la correcta defensa de sus derechos político-electorales.

Agregó que la representación no pasa solo por un espectro colorido de partidos, sino por la inclusión dentro de ellos de personas distintas, que lleven a los espacios de toma de decisión sus reclamos y necesidades.

Por su parte, la titular de la Defensoría Pública Electoral del TEPJF, Marina López Santiago, explicó que ahora la institución amplía sus servicios y brinda a grupos históricamente discriminados asesoría, representación jurídica y coadyuvancia en materia electoral.

En tanto, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Alma Rosa Bahena Villalobos, celebró que en agosto de 2022 el TEPJF haya reformado su reglamento interno, porque ahora su Defensoría extiende sus servicios a los grupos histórica y estructuralmente en una situación de desventaja social.

En su intervención, el consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez, planteó la importancia de la justicia electoral y del carácter garantista de los jueces. Resaltó el papel de la Defensoría Pública Electoral ya que integra la conservación de los derechos de las personas.

Por su parte, el experto en derechos humanos, Ricardo Changala Quaglia, resaltó la necesidad de construir sociedades interculturales a fin de que esa diversidad se refleje en las dinámicas del trabajo cotidiano. Para lograrlo, indicó, la labor de las defensorías es trascendental ya que conocen la realidad de los derechos que reclaman las víctimas.

En el marco de este encuentro, se llevó a cabo la mesa de análisis: Acciones afirmativas y el papel de la Defensoría Pública Electoral. En su participación, la magistrada Janine Otálora Malassis indicó que para que una democracia sea de calidad, esta debe ser paritaria e inclusiva; esto implica, expuso, impulsar los derechos de todas y todos. Los grupos minoritarios importan y deben ser tomados en cuenta e incluso se les debe dar un trato prioritario, puntualizó.

Consideró que la democracia ha sido construida sobre la base de exclusiones históricas de ciertos grupos sociales, por lo que una forma de impulsar una democracia inclusiva es a través de acciones afirmativas. Explicó que las defensorías cuentan con el litigio estratégico fundamental, porque permite a los órganos jurisdiccionales emitir sentencias que cambian vidas y pueden mejorar la calidad de la democracia, pero, sobre todo, dar pie a que la ciudadanía tenga voz y voto.

Finalmente, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña afirmó que las democracias deben entenderse como una manera en la cual las mayorías trabajen con las minorías y respeten sus derechos. En ese sentido, hizo énfasis en la importancia de que existan defensorías en todos los estados para la atención de las personas excluidas históricamente.

Subrayó que a través del litigio estratégico de las defensorías es que se pueden potenciar los derechos de todas las personas, de ahí que el derecho electoral mexicano ha cambiado gracias al trabajo de las defensorías electorales.


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