24/diciembre /2008 / Sala Superior 147/2008

México,DF

Por mayoría de votos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la integración del Tribunal Electoral de Nuevo León, donde uno de los magistrados fue impugnado por los partidos Socialdemócrata y Convergencia.

En el proyecto de resolución del caso, el magistrado Constancio Carrasco Daza sostuvo que el magistrado impugnado cumple legalmente con los requisitos establecidos en la convocatoria para tal efecto, y que los partidos denunciantes no se inconformaron a su debido tiempo contra la convocatoria publicada en el diario oficial.

Sobre el último asunto, el magistrado Luna Ramos recordó que la Sala Superior ha sustentado que el principio de definitividad rige todo acto resolutivo en materia electoral. Sostener lo contrario, es decir, si una vez pasado el momento procesal oportuno no se reclama la resolución de la autoridad, el tema no puede volver a ser juzgado bajo ningún concepto, pues se perdería la seguridad jurídica que debe tener todo acto de autoridad. Ese caso “sería romper todo el esquema jurídico que nos ha tutelado la Constitución, y que dice que todo acto de autoridad, si no se combate oportunamente, queda firme”.

Por su parte, el magistrado Nava Gomar se refirió al tema de los requisitos que establece la convocatoria del Congreso de Nuevo León para ser magistrado; es decir, contar con el título y la cédula profesional, así como con diez años de experiencia en el ejercicio de la profesión. “Me parece que el título profesional y la cédula es desde luego un requisito necesario para ejercer, profesionalmente, alguna profesión o alguna licenciatura; pero eso no puede restarle valor a la experiencia y al trabajo hecho con empeño y seriedad” afirmó.

En su exposición, el Magistrado Flavio Galván argumentó en contra del proyecto, al afirmar que para cumplir con todos los requisitos establecidos en la convocatoria no basta tener el título, la cédula profesional y los diez años de experiencia laboral, sino que es preciso que los diez años se consideren a partir de la obtención del título profesional, lo cual no fue el caso.

Al defender su proyecto, el magistrado Carrasco se refirió a la importancia del trabajo legislativo, en el cual “se reconoce una realidad social, no sólo de Nuevo León, sino del mapa nacional, donde existen prácticos, es decir abogados sin título, que tienen un gran desarrollo profesional y una experiencia de gran nivel, lo que les permite ejercer la profesión a través de una regulación, y obtener así un reconocimiento”.

“Nuestro país es un país de leyes” reflexionó el magistrado González Oropeza al momento de su intervención. “Las autoridades tenemos la obligación, en cualquier momento, de hacer prevalecer el principio de legalidad. Esto especialmente a raíz del principio claramente establecido en la reforma constitucional de 2007” culminó.

En su intervención, la magistrada presidenta se refirió a la importancia que tiene la Reforma electoral de 2007 en casos como el analizado, ya que “se legitima expresamente a los ciudadanos para que puedan acudir a la jurisdicción electoral cuando consideren que se viola alguno de sus derechos político-electorales, y cuando no son designados o son excluidos de los proceso de integración de los órganos electorales estatales”. Tras lo cual confirmó, “hay que velar porque se cumpla con los principios constitucionales y con los principios de integración de dichas autoridades”.

Al tratar el caso de la impugnación del acuerdo emitido el 12 de noviembre del 2008 por el Secretario Ejecutivo del Consejo General del IFE, en el cual se desechaba una queja contra la promoción de funcionarios públicos a través de Internet en los programas del gobierno federal, el Tribunal Electoral resolvió por unanimidad revocar el acuerdo reclamado, al considerar que la resolución no se fundó y motivó de manera adecuada, por lo que se devolvió el asunto al Secretario Ejecutivo para que se dicte una nueva determinación conforme a derecho.

En los casos de las sanciones impuestas a dos radiodifusoras de Coahuila por haber incumplido con la transmisión de promocionales durante la precampaña en el estado, se revocaron las sanciones impuestas, y se ordenó que se dicten nuevas resoluciones en las que se tomen en cuenta las capacidades socioeconómicas de las organizaciones.

En su sesión de este día, la Sala Superior resolvió 23 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano; 6 juicios de revisión constitucional electoral, 10 recursos de apelación y un recurso de reconsideración, que en suma hacen 40 medios de impugnación.

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