3 /diciembre /2008 / Sala Superior 142/2008

México, Distrito Federal

En sesión extraordinaria, el CGIFE aprobó el pasado 10 de noviembre dicho acuerdo, con el cual el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se inconformó ante la Sala Superior de este organismo, con el argumento de que el primer punto del documento establece que los partidos políticos emitirán sus respectivas convocatorias para seleccionar a sus candidatos, y posteriormente informar a la autoridad sobre el mecanismo elegido para ello.

El PRD también impugnó el plazo existente -de 19 días- entre el término de las precampañas (11 de marzo) y la posible fecha para llevarse a acabo la jornada electoral (hasta el 31 del mismo mes), por considerarlo muy amplio.

En el proyecto de resolución, presentado por el magistrado Pedro Esteban Penagos López, se dio la razón al partido denunciante en el primer punto, pues el COFIPE establece en el párrafo segundo del artículo 211 que los partidos deben informar al CGIFE qué procedimiento eligieron para seleccionar a sus candidatos, dentro de las 72 horas siguientes a su decisión, y no hasta después de emitir la convocatoria correspondiente.

Respecto del segundo agravio, los magistrados consideraron que el CGIFE determinó dejar un plazo razonable para que los partidos políticos, en pleno ejercicio de su derecho a la autodeterminación, decidieran por sí mismos la fecha para llevar a cabo su jornada comicial, en caso de así ameritarlo, por lo cual este punto se mantuvo sin cambios. De esa manera, se mantuvieron en armonía todos los plazos.


En otros casos, la Sala Superior confirmó dos resoluciones del CGIFE. Una que impuso una sanción al Partido Alternativa Socialdemócrata por la difusión de promocionales en radio y televisión, inserciones en prensa y anuncios espectaculares en la vía pública, en favor de su candidata a la Presidencia de la República, previo al inicio de las campañas electorales en el proceso electoral federal de dos mil seis. Otra, por la que sancionó al PRD por gastos de campaña que ese partido no reportó durante el proceso electoral federal 2002-2003.

Por otro lado, el Tribunal Electoral revocó una sanción, equivalente a un millón 775 mil pesos, que el CGIFE impuso a la coalición “Por el bien de todos” (PRD, PT y Convergencia), por la transmisión de un spot en contra de una candidata a diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sinaloa, durante la campaña electoral del 2006.

El proyecto de resolución, presentado por el magistrado José Alejandro Luna Ramos, presidente de la Sala Superior por ministerio de ley, consideró infundados parte de los agravios denunciados. En dicho proyecto, se observó que la autoridad electoral indebidamente consideró que la falta implicaba la reiteración de conductas, por haberse difundido el promocional en múltiples ocasiones, cuando en realidad se trató de una conducta sola, pues la difusión se efectuó al amparo de un único contrato.

Por ello, y toda vez que la autoridad para graduar el tipo de sanción y su monto tomó en cuenta que se trató de una conducta reiterada, se revocó la sanción a efecto de que el CGIFE califique de nueva cuenta la infracción cometida, proceda a determinar la sanción correspondiente y, en su caso, el monto de misma, sobre la bese de que fue una sola conducta y no varias.

En su sesión de este día, la Sala Superior resolvió 13 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y seis recursos de apelación, que en suma hacen un total de 19 medios de impugnación.

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