3 /julio /2013 / Sala Superior 93/2013

México, D.F.,

Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se pronunciaron a favor del debate de ideas duro, crítico y propositivo, que sirva como un medio de información para que los electores acudan a las urnas a emitir un voto razonado, por ello rechazaron el uso de los tiempos del Estado en radio y televisión para la difusión de descalificaciones y denostaciones en contra de partidos, candidatos y coaliciones que toman parte en los procesos electorales.

Al resolver cuatro recursos de apelación relacionados con solicitudes hechas a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral (IFE) para dictar medidas cautelares a través de las cuales se suspendiera la difusión de propaganda considerada denostativa, los integrantes del Pleno del TEPJF se pronunciaron en contra de una “guerra” de descalificaciones mutuas entre los actores políticos.

Por mayoría de votos, el Pleno resolvió ordenar a la citada Comisión que tome las medidas necesarias para que de inmediato se suspenda la difusión, en radio y televisión, del promocional identificado como “Casa de empeño”, en el cual se hacen imputaciones en contra del candidato a gobernador de la coalición Alianza Unidos por Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid.

El magistrado Manuel González Oropeza dijo que atentos a lo dispuesto en la Constitución, los integrantes de la Sala Superior se han pronunciado por expandir el derecho a la libertad de expresión durante las campañas electorales, estableciendo como límite que la imputación directa de ilícitos no puede ser aceptada en aras de fortalecer el debate político.“La descalificación, mediante la afirmación directa de que el otro contendiente es un delincuente, demuestra que no hay un diálogo político” , dijo.

El magistrado Salvador Nava Gomar se pronunció también a favor del debate y la exposición de ideas que promuevan el voto informado entre la población. Recordó que en el marco de los procesos electorales en curso, en particular en el caso de Baja California, la Sala Superior se ha pronunciado a favor de conceder la aplicación de medidas cautelares para evitar la difusión de anuncios que no persiguen ese objetivo.

En tanto, el magistrado presidente José Alejandro Luna Ramos dijo que el ideal sería que los actores políticos hicieran verdaderas propuestas para atraer el voto de los ciudadanos y evitaran la denostación del adversario, ya que ello genera una “guerra” mutua de descalificaciones que no llevan a nada positivo. Señaló que durante el desarrollo de los procesos electorales en curso el TEPJF, a través de sus sentencias, ha privilegiado el diálogo vigoroso, aun cuando “se digan algunas cuestiones que no sean muy agradables al oído”.

El magistrado Constancio Carrasco Daza, quien elaboró un proyecto de sentencia en el que propuso confirmar la respuesta negativa de la Comisión de Quejas y Denuncias ante la solicitud de aplicación de las medidas cautelares, bajo el argumento de que en el mencionado promocional no se advierte una imputación directa al candidato a gobernador, consideró fundamental el ejercicio de la libertad de expresión como parte del proceso de consolidación del sistema democrático, por lo que se pronunció a favor de que los partidos puedan posicionarse en contra de sus opositores, y porque éstos ejerzan el derecho de réplica.

El magistrado Flavio Galván Rivera, quien respaldó la propuesta de sentencia, señaló que la libertad de prensa no puede ser absoluta y debe tener límites. Advirtió que en los casos sobre la aplicación de medidas cautelares analizados hoy por el Pleno, que corresponden a los estados de Puebla, Quintana Roo y Baja California, no se percibe la intención de los actores políticos de convencer a los ciudadanos y obtener el voto en las urnas durante los comicios del próximo domingo.“Estamos, desafortunadamente, ante una peligrosa lucha de descalificaciones”, sostuvo.

El Pleno acordó, por unanimidad, ordenar a la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE que suspenda, de inmediato, la difusión de los promocionales identificados como “Defensa del Voto” y “No nos vamos a dejar”, difundidos por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) en el estado de Quintana Roo, ante la existencia de una posible vulneración al principio de equidad en la contienda, pues son utilizados por candidatos de partidos distintos a los que los postularon.

En otro momento se confirmó la negativa de conceder la aplicación de medidas cautelares solicitadas por las coaliciones Compromiso por Baja California y 5 de Mayo, ésta en el estado de Puebla, quienes se inconformaron por la difusión de propaganda en la que presuntamente se denigraba a sus candidatos.

Revoca TEPJF multas del IFE por difusión de propaganda gubernamental
El Pleno de la Sala Superior resolvió, por mayoría de votos, revocar las sanciones impuestas por el Consejo General del Instituto Federal Electoral (CGIFE) en contra de diversas concesionarias de estaciones de radio acusadas de infringir la legislación electoral por la presunta difusión de propaganda gubernamental durante el periodo de campañas del proceso electoral 2011 en el Estado de México.

Lo anterior, al concluir que caducó la facultad sancionadora de la autoridad administrativa electoral, pues excedió el plazo de 365 días previsto para resolver los procedimientos especiales sancionadores en contra de los presuntos infractores, lo que lesiona el principio de certeza jurídica que debe regir en estos casos.

Confirma Sala Superior designación de candidatos
En otros asuntos, el Pleno confirmó la designación de Sergio Andrés Bello Guerra, como candidato a ocupar la posición uno de la lista de aspirantes a una diputación local por el principio de representación proporcional, postulados por el PAN en el estado de Oaxaca; así como la designación de candidatos a regidores, propietario y suplente, en la posición número uno, propuestos por el Partido de la Revolución Democrática, para el ayuntamiento de Nautla, Veracruz.

Durante la sesión pública celebrada hoy se analizaron y resolvieron 5 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 1 juicio de revisión constitucional electoral, 10 recursos de apelación y 7 recursos de reconsideración, lo que hace un total de 23 medios de impugnación.

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