28/enero /2009 / Sala Superior 5/2009

México, DF

En el proyecto de sentencia, presentado por la presidenta magistrada María del Carmen Alanis, se establece que los agravios del demandante resultan fundados, ya que los consejeros no están facultados para destituir al presidente consejero, y porque al funcionario destituido no se le brindó la oportunidad de refutar con argumentos las causas de su destitución.

Los magistrados coincidieron en que la resolución de los consejeros del Instituto es contraria a la ley electoral de Baja California.

En su oportunidad, el magistrado Pedro Esteban Penagos López señaló que la ley electoral del estado proporciona a los consejeros la facultad de sustituir a su presidente pero no destituirlo, pues los artículos de 497 a 500 de la ley electoral del estado contemplan un procedimiento para determinar las responsabilidades de los servidores públicos que deriven en su destitución, pero dicho trámite debe ser llevado a cabo por una autoridad distinta a la electoral; por ello, esta acción está fuera de las atribuciones de los consejeros, abundó.

Por su parte, el magistrado Manuel González Oropeza, al argumentar su voto favorable al proyecto, manifestó su preocupación -por ser la segunda vez- de que el presidente y las autoridades de un instituto electoral no coadyuven a la unidad ni cohesión del organismo, y que sus acciones deriven en medidas contrarias al derecho que atentan contra el instituto; en otro sentido, destacó la importancia de establecer procedimientos o métodos que permitan una especie de revocación del mandato del presidente del organismo por parte de los demás consejeros, sin la intromisión de órganos de gobierno en la autonomía electoral.

Al argumentar su voto, el magistrado Flavio Galván Rivera indicó que las autoridades no pueden ir más allá de sus facultades; agregó que el principio de inamovilidad de los consejeros garantiza el funcionamiento adecuado y autónomo de las autoridades electorales sin que ello implique impunidad, pues si alguien comete conductas indebidas debe someterse a las vías legales para ser sancionado. Como estas vías no se siguieron en el presente caso, la destitución es inválida.

En su momento, la magistrada Alanis agregó que la revocación de la destitución del consejero presidente del Instituto Electoral de Baja California es el tema de la sentencia, pero que los demás acuerdos tomados por el Instituto en la sesión del 27 de noviembre de 2008 y los acordados posteriormente son actos distintos y fundamentados en la ley electoral estatal, por lo que permanecen firmes.

En otro juicio, la Sala Superior declaró –en última instancia- infundado el juicio de revisión constitucional electoral presentado por el Partido Convergencia en contra de la respuesta suscrita por el Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral y de participación Ciudadana de San Luis Potosí, en la cual comunicó al partido que, para tener derecho al financiamiento público correspondiente a los partidos que participan en los procesos electorales locales, era necesario demostrar que el partido contaba con el número suficiente de afiliados en la entidad, equivalente al menos al 2% de ciudadanos registrados en el estado, toda vez que esta decisión no fue combatida en su momento, por lo que quedó firme desde el 22 de septiembre de 2008, cuando la autoridad electoral determinó cómo se llevaría a cabo la asignación de los recursos referidos.

En su sesión pública de este día, la Sala Superior resolvió cuatro juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, dos juicios de revisión constitucional electoral y tres recursos de apelación, que hacen un total de nueve medios de impugnación.

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