24/octubre /2015 / Sala Regional Especializada 114/2015

DF

En el segundo día de actividades del Observatorio Judicial Electoral sobre el Modelo de Comunicación Política, Clara Jusidman Rapoport, Presidenta Fundadora de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social INCIDE Social A.C., hizo énfasis en el déficit del modelo de comunicación política; en específico, la sensible disminución de la confianza de la ciudadanía por la baja calidad democrática.
En su turno, Irene Levy Mustri, Presidenta de Observatel A.C., sugirió la necesidad de llevar a cabo políticas públicas para incrementar la pluralidad en los medios de comunicación.
Durante su participación en esta mesa, Saúl López Noriega, profesor e investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, manifestó que el actual modelo de comunicación política, ofrece ciertos riesgos al sugerir que los medios de comunicación social deban ser neutrales, puesto que en democracias consolidadas, los medios definen, con libertad, sus contenidos y se deben evitar espacios de discrecionalidad por parte de las autoridades electorales.
Al usar el micrófono, el periodista y conductor de radio y televisión, Javier Solórzano Zinser, reflexionó en que no puede generalizarse el impacto de las redes sociales en el electorado, puesto que su penetración dependerá de factores específicos de cada elección.

Santiago Nieto Castillo, Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) apuntó que las sentencias de la Sala Regional Especializada mayormente han privilegiado los márgenes de la libertad de expresión.
Durante su participación en la mesa 5 “Propaganda institucional y neutralidad gubernamental”, Salvador Nava Gomar, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aseguró que para construir un modelo de comunicación política exitoso no se requieren tantas reglas sino el fortalecimiento de la vocación y la cultura democrática.
En su intervención en el panel, María Marván Laborde, coordinadora de Derecho Electoral del IIJ, aseguró que el sistema político-electoral del país tiene grandes restricciones y cargas administrativas, por lo que ha derivado en una alta litigiosidad.
Por su parte, Luis Carlos Ugalde, fundador y director general de Integralia Consultores, mencionó que el actual Modelo de Comunicación Política tiene omisiones. “Este Modelo no tiene equidad, este presunto Modelo ha olvidado un balance adecuado”, refirió.
En tanto, Rafael Chavero Gazdik, catedrático de la Universidad Central de Venezuela, se pronunció en favor de delimitar la contratación de publicidad, ya que esta adquisición se usa como medida de control de la editorial de los medios de comunicación, “es un verdadero problema cuando el Estado es el principal anunciante”, dijo.
En su oportunidad, Zoé Alejandro Robledo Aburto, senador de la República, mencionó que el modelo de Comunicación se ha desvirtuado, ya que partidos políticos y servidores públicos emplean campañas publicitarias y mensajes, no para informar acciones de gobierno, sino como promoción política.
En el seminario “Distribución de competencias y debido proceso legal en el procedimiento especial sancionador”, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Pamela San Martín, pidió que la actividad de la autoridad administrativa electoral no se reduzca solo a la organización de las elecciones, y que el modelo de comunicación política garantice las condiciones de equidad en la contienda.
En su turno, Roberto Ruiz Saldaña, también consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), planteó la posibilidad de que las impugnaciones sobre las medidas cautelares por parte del INE sean conocidas en segunda instancia por la Sala Especializada.
Por su parte, la consejera electoral, Beatriz Galindo Centeno, señaló que debe fortalecerse la función jurisdiccional en los procedimientos especiales sancionadores.
Carlos Ferrer Silva, Director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, opinó que la revisión sobre el dictado de las medidas cautelares debe recaer en la propia autoridad jurisdiccional que resuelve el fondo del asunto y no en la Sala Superior del TEPJF.
Al hacer uso de la palabra, José Roldán Xopa, Profesor e Investigador del CIDE, manifestó que los actos que se dilucidan en el procedimiento especial sancionador entrañan situaciones de riesgo a bienes públicos, de ahí la trascendencia de su análisis.
César Astudillo, abogado general de la UNAM, sostuvo que el procedimiento especial sancionador debe ser netamente jurisdiccional y planteó la pregunta de que si se han cumplido los objetivos que dieron origen a la reforma en materia del procedimiento: por una parte descargar a la autoridad administrativa de la conflictividad con los actores políticos y la disminución en el índice en la promoción de denuncias.
La magistrada de la Sala Especializada, Gabriela Villafuerte Coello, aseguró que un observatorio electoral es el mecanismo para monitorear el cumplimiento de las condiciones que garanticen el correcto funcionamiento del sistema democrático.
Por ello, dijo, foros de análisis y discusión como este, se tornan en espacios propicios para evaluar la efectividad del modelo de comunicación política, identificar los aspectos positivos y virtudes a fin de fortalecerlos, así como las áreas de oportunidad susceptibles de ser replanteadas.
En su oportunidad, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña comentó que para conseguir unidad en los criterios, es necesario que el juez que resuelva el fondo, también conozca y resuelva el incidente de suspensión, que esas son finalmente las medidas cautelares, evitando con ello una posible contradicción de criterios.
Por último, Clicerio Coello Garcés, magistrado presidente de la Sala Especializada, dijo que los integrantes de éste órgano, “están satisfechos con el Primer Observatorio Judicial Electoral Sobre el Modelo de Comunicación Política, que ha tenido por objeto revisar el modelo normativo, pero también analizar los criterios interpretativos emitidos por la Sala Especializada, por la Sala Superior y establecer una serie de propuestas, pero sobre todo hacerlo de manera plural con apertura, porque la jurisdicción democrática debe someterse al escrutinio de lo público, pero sobre todo al escrutinio académico”.



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