La autonomía e independencia del TEPJF deben prevalecer en favor de la democracia: especialistas en materia electoral nacionales e internacionales

7 /abril /2022 / Sala Superior 101/2022
Ciudad de México
  • Participan y contribuyen con su experiencia en la Cuarta Audiencia de la Comisión de Fortalecimiento del Tribunal Electoral

Con el objetivo de recopilar propuestas que enriquezcan la labor institucional desde una visión multidisciplinaria, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) realizó la Cuarta Audiencia Pública de su Comisión de Fortalecimiento, en la que especialistas nacionales e internacionales en materia electoral destacaron, de entre otros aspectos, la necesidad de que las magistraturas mantengan su autonomía e independencia y formen parte de una carrera judicial que les permita capacitarse y especializarse de manera permanente, así como impulsar la publicidad de los proyectos de sentencia de forma anticipada a su votación.

En el evento realizado a través de videoconferencia, en el que participaron el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, la magistrada Janine Otálora Malassis, los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña, así como la magistrada decana de las salas regionales, Gabriela Villafuerte Coello; los panelistas el ministro en retiro, José Fernando Franco González Salas; el académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, José de Jesús Orozco Henríquez; la exconsejera del Instituto Nacional Electoral, Pamela San Martín Ríos y Valles; la jurista internacional y profesora de la Universidad Estatal de Arizona, Stefanie Lindquist; y el especialista en observación electoral, Dong Nguyen Huu, plantearon que las decisiones que se tomen en el pleno del Tribunal Electoral deberán continuar mostrando su apego a la legalidad e imparcialidad para que la sociedad mantenga la confianza en esta institución jurisdiccional.

Durante el mensaje de bienvenida, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera enfatizó que el Tribunal Electoral deberá continuar su avance en su proceso de modernización, a través de la adopción de prácticas y esquemas organizacionales actualizados y eficientes. Para ello, dijo, se debe ver más allá del ámbito judicial y retomar algunos de los modelos organizacionales implementados en otros órganos del sector público.

Destacó que el disenso es indispensable entre las instancias judiciales electorales para garantizar la construcción de legitimidad, de modo que los retos que enfrentan las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales al momento de coordinarse entre sí es apegarse al diseño constitucional.

Por su parte, la magistrada Janine Otálora Malassis, quien moderó el evento en su calidad de coordinadora de la Comisión de Fortalecimiento, consideró necesario definir la conveniencia de que las y los jueces electorales puedan defender sus sentencias ante la sociedad.

Propuso también establecer parámetros para medir el impacto en términos democráticos que ha tenido la evolución de los criterios emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde su creación al día de hoy.

Durante su mensaje, el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, planteó el compromiso proactivo del Tribunal Electoral con la máxima transparencia, para lo cual destacó la posibilidad de que se publiquen de forma anticipada algunos proyectos de sentencia.

Expuso además la conveniencia de modificar el andamiaje reglamentario para que las medidas cautelares que toma el Instituto Nacional Electoral, a través de su Comisión de Quejas y Denuncias, sean resueltas por el Tribunal Electoral en sesiones públicas atendiendo al compromiso con la transparencia.

Por su parte, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña sugirió la viabilidad de que para el nombramiento de las magistraturas regionales electorales se recurra a un sistema de carrera judicial estable, además de poner sobre la mesa si es válido que exista una diferencia entre un órgano administrativo electoral y un órgano judicial electoral, como se cuestionó en los noventa.

En tanto, el ministro en retiro José Fernando Franco González Salas reconoció que el sistema electoral pasó de un sistema sin jurisdicción electoral a uno muy completo, que resuelve cuestiones de constitucionalidad y enfatizó que TEPJF es un Tribunal robusto. La unidad entre los órganos que integran al TEPJF, dijo, es fundamental para que pueda avanzar en su evolución.

Al hacer uso de la palabra, la jurista internacional y profesora de la Universidad Estatal de Arizona, Stefanie Lindquist, señaló la importancia de la publicación de sentencias claras, así como la simplificación de los procesos jurisdiccionales. Puntualizó que la ciudadanía debe estar más informada sobre las decisiones del Tribunal.

En su oportunidad, la exconsejera del Instituto Nacional Electoral, Pamela San Martín Ríos y Valles, pidió reflexionar sobre la colegiabilidad, la cual genera un contexto de diálogo entre quienes piensan distinto, lo que lleva al diálogo democrático y conduce a conocer el porqué de las decisiones del TEPJF. No se trata, sostuvo, de tener criterios inamovibles, si no que estos sean claros, que inhiban la discrecionalidad y fortalezcan la confianza ciudadana.

El especialista en observación electoral, Dong Nguyen Huu, aseveró que un factor importante para fortalecer la autonomía e independencia del Tribunal Electoral es la autodisciplina, la cual puede regularse con un código de ética. Expuso la necesidad de establecer una carrera judicial electoral que permita, por una parte, capacitar a quienes participan en los tribunales electorales y, por otra, seleccionar a los candidatos a magistrados electorales.

Finalmente, el académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, José de Jesús Orozco Henríquez, se pronunció por armonizar la carrera judicial con la reciente ley del Poder Judicial de la Federación. Reconoció que la actual integración del Tribunal es sensible a la tutela efectiva de personas y grupos en situación de desventaja, así como al uso de la tecnología, en casos como el juicio en línea y las sesiones públicas a través de videoconferencia, prácticas que sugirió continuar implementando.

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