JUICIO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: SDF-JIN-82/2015 Y SU ACUMULADO SDF-JIN-83/2015

ACTORES: PARTIDOS DEL TRABAJO Y ACCIÓN NACIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE: 02 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL DISTRITO FEDERAL

TERCERO INTERESADO: MORENA

MAGISTRADO: HÉCTOR ROMERO BOLAÑOS

SECRETARIAS: KAREN ELIZABETH VERGARA MONTUFAR Y ALBA ZAYONARA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

México, Distrito Federal, veintinueve de julio de dos mil quince.

La Sala Regional Distrito Federal en sesión pública de la fecha, resuelve el juicio identificado al rubro, en el sentido de modificar el acta de cómputo distrital y confirmar la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva, realizados por 02 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con cabecera en la Delegación Gustavo A. Madero, en esta Ciudad.

GLOSARIO

De lo expuesto por los actores en su demanda, así como de las constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Elección

1. Jornada electoral. El pasado siete de junio de dos mil quince, se llevó a cabo la elección de diputados federales.

2. Cómputo. El diez de junio de dos mil quince, el Consejo Distrital inició el cómputo de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, determinando que la votación final obtenida por los contendientes fue:

Al finalizar el cómputo, en esa misma sesión, el mencionado Consejo Distrital declaró la validez de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, así como la elegibilidad de los candidatos que obtuvieron la mayoría de los votos; y expidió la constancia de mayoría y validez a la fórmula postulada por el Partido Morena, integrada por Juan Romero Tenorio y Daniel Parra Huerta, como propietario y suplente, respectivamente.

II. Juicios de inconformidad

1. Presentación de las demandas. El pasado quince de junio del presente año, se recibieron en la Oficialía de Partes del Consejo Distrital, los escritos de demanda signados por los actores en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados, la declaración de validez y la expedición de la constancia de mayoría respectiva[1].

2. Tercero Interesado. El siguiente dieciocho de junio del presente año, se recibieron en la Oficialía de Partes de la autoridad responsable los escritos del Partido Morena compareciendo como tercero interesado en ambos expedientes y alegando lo que a su interés estimó conveniente[2].

3. Remisión de los expedientes. Mediante oficios CD02-DF/00680/2015 y CD02-DF/00689/2015, ambos fechados al dieciocho de junio pasado, recibidos el siguiente veinte en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, la autoridad responsable remitió la demanda, el informe circunstanciado, el escrito de tercero interesado y demás constancias que estimó pertinentes.

4. Turno. Recibidas las constancias respectivas, por acuerdo de misma fecha, la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional ordenó la integración de los expedientes SDF-JIN-82/2015 y SDF-JIN-83/2015, así como su remisión a la ponencia del Magistrado Héctor Romero Bolaños, para los efectos precisados en el artículo 19 de la Ley de Medios.

5. Radicación. El pasado veintitrés de junio, el Magistrado acordó la radicación de los expedientes.

6. Admisión y apertura de incidente. El siguiente veintiséis el Magistrado Instructor admitió a trámite la demanda de Juicio de inconformidad promovida por el Partido Acción Nacional y el siguiente uno de julio admitió la presentada por el Partido del Trabajo y ordenó la apertura del incidente, mismo que fue resuelto el siguiente nueve de julio, en el sentido de declararlo improcedente e infundado.

7. Requerimientos y cumplimientos. Los subsecuentes treinta de junio, uno, tres, siete, nueve, catorce, dieciséis y veintiuno de julio, el Magistrado Instructor requirió a la autoridad responsable, al Secretario Ejecutivo del Consejo General, al Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores y al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Distrito Federal, todos ellos del INE, así como al Secretario General de Acuerdos de la Sala Regional Especializada de este Tribunal, diversa documentación e información necesaria para la debida integración de los medios de impugnación, teniendo por cumplidos los mismos, respectivamente.

8. Cierres de instrucción. Al estar debidamente integrados los expedientes, por acuerdos de veintiocho de julio de este año, el Magistrado Instructor declaró cerrada la etapa de instrucción en cada asunto, por lo que ordenó poner los expedientes en estado de resolución y formular el proyecto de sentencia; y

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERO. Jurisdicción y competencia.

Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver los presentes asuntos, toda vez que se trata de dos juicios de inconformidad promovidos durante un proceso electoral federal, en contra de los resultados de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa celebrada en el 02 distrito electoral federal en el Distrito Federal; supuesto normativo respecto del cual esta Sala Regional tiene competencia y espacio territorial sobre el cual ejerce jurisdicción.

Lo anterior con fundamento en:

Constitución. Artículos 41 párrafo segundo base VI, 60 párrafo segundo, 99 párrafo cuarto fracción I.

Ley Orgánica. Artículos 1 fracción II, 184, 185, 186 fracción I, 192 y 195 fracción II.

Ley de Medios. Artículos 4, y 53, párrafo 1, inciso b), en relación con el 50, párrafo 1, inciso b).

Aunado a lo anterior, la autoridad responsable pertenece a la circunscripción plurinominal en la que esta Sala Regional ejerce jurisdicción, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo INE/CG182/2014 denominado Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se determina mantener los 300 distritos electorales uninominales federales en que se divide el país, su respectiva cabecera distrital, el ámbito territorial y las cabeceras de las cinco circunscripciones plurinominales que se utilizarán para la jornada electoral federal del 7 de junio de 2015, tal como fue integrada en los procesos electorales federales 2005-2006, 2008-2009 y 2011-2012, así como el número de diputados elegibles por el principio de representación proporcional”, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General de treinta de septiembre de dos mil catorce y publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de junio de 2015.

SEGUNDO. Acumulación.

En el caso, procede acumular el juicio de inconformidad SDF-JIN-83/2015 al SDF-JIN-82/2015, ya que el análisis de las demandas respectivas permite establecer que hay conexidad en la causa, toda vez que existe identidad en la autoridad responsable y el objeto del juicio.

Doctrinariamente se ha establecido que existe "conexión de causa", cuando las acciones ejercidas tienen elementos comunes; básicamente, el objeto del juicio y la causa de pedir, esto es, en la relación jurídica que los vincula sustantivamente.

Ahora bien, en el caso, los actores promueven juicios de inconformidad, respectivamente, para impugnar medularmente los resultados del acta de cómputo distrital, la declaración de validez y el otorgamiento de constancia de mayoría emitida por el 02 distrito electoral federal en el Distrito Federal, a favor de la fórmula de candidatos al cargo de diputado federal por el principio de mayoría relativa postulado por Morena.

Además, los promoventes en cada una de las demandas de los medios de impugnación señalaron como autoridad responsable al 02 Consejo Distrital del INE en esta ciudad.

En tal virtud, a fin de resolver en forma conjunta, congruente, expedita y completa los indicados medios de impugnación, con fundamento en los artículos 199 fracción XI de la Ley Orgánica; así como 31 de la Ley de Medios, en relación con el 86 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral, procede decretar la acumulación del expediente SDF-JIN-83/2015 al diversoSDF-JIN-82/2015, por ser este último el que se recibió en primer lugar en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, por lo que deberá glosarse copia certificada de esta sentencia en el expediente acumulado.

TERCERO. Terceros Interesados.

I. Juicio de inconformidad SDF-JIN-82/2015.

a) Forma. En el escrito que se analiza, se hace constar: el nombre del tercero interesado, nombre y firma autógrafa de sus representantes, la razón del interés jurídico en que se funda y su pretensión concreta consistente en que se confirmen los resultados del cómputo distrital de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa realizado por el consejo distrital.

b) Oportunidad. Se estima satisfecho este requisito, toda vez que el tercero compareció dentro de las setenta y dos horas, siguientes a la publicación de la presentación del juicio de inconformidad, plazo previsto en el artículo 17, párrafo 1, inciso b) en relación con el párrafo 4, de la Ley de Medios.

Lo anterior es así, porque de conformidad con las razones de fijación y de retiro correspondientes a la cédula de notificación de interposición del medio de impugnación, el plazo de setenta y dos horas de publicitación, transcurrió de las diecisiete horas con cinco minutos del quince de junio a las diecisiete horas con cinco minutos del dieciocho siguiente, por lo que si Morena presentó su escrito en la última fecha a las dieciséis horas con cincuenta y siete minutos, es inconcuso que fue presentado de manera oportuna[3].

Las citadas documentales cuentan con pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, párrafos 1 inciso a) y 4, inciso b), y 16, párrafos 1 y 2 de la Ley de Medios, por tratarse de una documental expedida por un funcionario electoral en el ejercicio de sus atribuciones.

c) Legitimación y personería. El partido Morena está legitimado para comparecer al presente juicio, en la calidad de tercero interesado de conformidad a lo previsto en los artículos 12 párrafo 1, inciso c) y 17 párrafo 4 de la Ley de Medios, toda vez que, tiene un interés legítimo derivado de un derecho incompatible con el que pretende la parte actora consistente en que se declare la nulidad de la elección.

Se tiene por acreditada la personería de Dalia Edith Castañeda Días y Juan Romero Tenorio, toda vez que de la copia certificada del proyecto de acta de la sesión especial del cómputo distrital, celebrada el pasado diez de junio constante en autos a fojas 231 a 289, se evidencia el cargo con que se ostentan, esto es, como representantes propietario y suplente, respectivamente, del Partido Morena ante la autoridad señalada como responsable[4].

La citada documental cuenta con pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos señalados con antelación, en razón de que la copia certificada fue expedida por un funcionario electoral en el ejercicio de sus atribuciones.

d) Argumentos planteados. El tercero interesado hace valer que los argumentos del Partido del Trabajo deben declararse inoperantes. Señala que la nulidad de votación en casillas que solicita puede afectar el resultado de la elección violentando el voto emitido por ciudadanos el pasado siete de junio.

Que las irregularidades que refiere no son imputables a dichos ciudadanos, sino que pudieron acontecer por deficiencias en la organización y desempeño de los funcionarios electorales y representantes de los partidos políticos participantes en la jornada electoral.

Aduce que la nulidad solicitada puede vulnerar el derecho a ser votado de sus candidatos.

Refiere que las irregularidades en la integración de la mesa directiva de casilla, no pueden, ni deben anular la votación emitida por los ciudadanos en ejercicio de su derecho a votar, toda vez que el sistema de nulidades en materia electoral tiene como objeto eliminar las circunstancias que afecten la certeza en el ejercicio personal, libre y secreto del voto, así como su resultado.

Aduce que no se acredita que la irregularidad denunciada por el partido actor altere el resultado de la votación, por tanto, deben preservarse los votos válidos atendiendo al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados.

Señala que la generalidad de las alegaciones del actor impide determinar con precisión el hecho o acto que le produce agravio, así como la afectación de su interés jurídico en lo particular, por lo que deben declararse improcedente su pretensión de la nulidad en las casillas objeto del juicio de inconformidad.

e) Prueba superveniente.

El veintitrés de julio, el tercero interesado presentó en la Oficialía de partes de esta Sala Regional una promoción, con el fin de ofrecer con carácter superviniente la documental privada consistente en copia simple del listado de ubicación e integración de las mesas directivas de casillas para las elecciones federales del siete de junio de dos mil quince, correspondiente al 02 Distrito Electoral Federal con sede en Gustavo A. Madero de esta ciudad.

Al respecto no ha lugar a admitir la probanza ofrecida por el tercero interesado, esto es así, pues el medio de convicción que aporta no reúne los requisitos necesarios para su admisión, de conformidad con lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 16 de la Ley de Medios. Dicho dispositivo señala que al momento de resolver no se tomarán en cuenta las pruebas ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales, a excepción de las supervenientes.

En ese contexto, las pruebas supervenientes deben surgir con posterioridad al momento procesal en que debieron ofrecerse de acuerdo con la ley, o bien, que aun surgiendo con anterioridad a éste, el oferente de la misma no estuviera en aptitud material o legal de aportarlas al proceso.

En este sentido, para la admisión de estos medios de convicción, es necesario que el interesado acredite, ante esta instancia jurisdiccional, que efectivamente se encontraba imposibilitado material o jurídicamente para ofrecer, dentro del plazo legal, las pruebas que pretende a acompañar al proceso.

En la jurisprudencia de rubro: PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO EXTEMPORÁNEO DEBE OBEDECER A CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DEL OFERENTE[5] la Sala Superior ha señalado que, incluso, el surgimiento extemporáneo de una prueba superveniente debe obedecer a causas ajenas a la voluntad de oferente, pues si se otorgara ese carácter a un medio de convicción surgido en forma posterior por un acto de voluntad del propio oferente, indebidamente se permitiría a las partes que, bajo la supuesta justificación subsanaran las deficiencias en el cumplimiento cabal y oportuno de la carga probatoria que la ley les impone.

En tal virtud, se estima que la probanza aportada no cuenta con la calidad en comento, puesto que del análisis de las constancias se advierte que la impresión de dicho documento se realizó desde el pasado siete de junio. Además, es de destacarse que el escrito que  contiene la solicitud dirigida a la autoridad responsable para que le entregue el listado de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla en el citado distrito electoral federal, para la pasada jornada electoral, es del anterior seis.

Por tanto, si el escrito por el que se presentó con la calidad de tercero interesado se recibió por la autoridad responsable el pasado dieciocho de junio a las dieciséis horas con cincuenta y siete minutos, es evidente que a esa fecha conocía el señalado documento, además de que se encontraba en aptitud de allegarlo junto con las constancias que acompañó a su respectivo ocurso.

En consecuencia, al no haberlo hecho así, resulta evidente que en este momento procesal, se encuentra imposibilitado para hacerlo y este órgano jurisdiccional para admitirlo; en consecuencia, no se admite el medio probatorio ofrecido por el tercero interesado en su escrito de cuenta.

II. Juicio de Inconformidad SDF-JIN-83/2015.

Se tiene por no presentado el escrito presentado por el Morena, ya que en términos del artículo 17 párrafo 1 inciso b) y 4 de la Ley de Medios, una vez que se publicitó la interposición del medio de impugnación contaba con un plazo de setenta y dos horas para comparecer.

En autos, a foja 1,665 del tomo III del expediente en que se actúa, obra constancia de la razón de fijación de la presentación del medio de impugnación suscrita por la Secretaria del Consejo Distrital señalado como responsable, en la que se hace constar que siendo las dieciséis horas con treinta minutos del quince de junio de la presente anualidad, se hizo del conocimiento público la interposición del presente juicio.

De igual forma, a foja 1,666 del mencionado tomo, obra la razón de retiro de la cédula de publicitación emitida por el citado Consejo, en la que se asienta que siendo las dieciséis horas con treinta minutos del dieciocho de junio, una vez que transcurrió el plazo legal referido en el artículo 17 párrafo 1 inciso b) de la Ley de Medios, se retiró de estrados la cédula relacionada con el medio de impugnación presentado por el actor.

Las referidas probanzas cuentan con pleno valor probatorio de conformidad con lo previsto en los artículos 14 párrafos 1 inciso a) y 4 inciso b) y 16 párrafos 1 y 3 de la Ley de Medios, por tratarse de documentos expedidos por un funcionario electoral en el ejercicio de sus funciones.

En ese orden de ideas, el plazo de setenta y dos horas para la publicitación de la presentación de un medio de impugnación, en el caso, transcurrió de las dieciséis horas con treinta minutos del quince de junio, a las dieciséis horas con treinta minutos del dieciocho siguiente, por lo que si el escrito de tercero interesado de Morena se recibió ante la autoridad responsable a las dieciséis horas con cincuenta y seis minutos del señalado dieciocho, según consta del sello de recepción ante dicho órgano; es inconcuso que fue presentado de manera extemporánea.

CUARTO. Causales de improcedencia.

Previo al estudio de fondo de la cuestión planteada, es necesario analizar y resolver las causales de improcedencia invocadas por la autoridad responsable, ya que su examen es preferente al ser una cuestión de orden público y versar sobre aspectos de procedibilidad del medio de impugnación.

1.                No acredita agravios y no presenta pruebas

La autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado en ambos asuntos hace valer como causal de improcedencia que supuestamente los actores no acreditan los agravios que les causa el acto impugnado, y que no presentan pruebas para sostener su dicho.

Son de desestimarse los planteamientos hechos por el Consejo Distrital, toda vez que la actualización o no de los agravios vertidos por los actores, no pueden ser materia de análisis para determinar la procedibilidad del medio de impugnación, ya que ello implicaría emitir un pronunciamiento relacionado con el fondo del asunto.

Por cuanto a la supuesta falta de presentación de pruebas, de ninguna forma puede decretar la improcedencia del medio de impugnación, toda vez el 19 numeral 2 de la Ley de Medios dispone que el hecho de que la no aportación de las pruebas ofrecidas, en ningún supuesto será motivo para desechar el medio de impugnación, resolviéndose con los elementos que obren en el expediente.

Sirve de sustento a lo anterior la tesis XXIII/2000 emitida por la Sala Superior de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro: PRUEBAS. LA FALTA DE SU OFRECIMIENTO NO ACARREA LA IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN. LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO[6].

En consecuencia, la supuesta falta de acreditación de agravios y de presentación de pruebas que aduce la autoridad responsable no puede tener como consecuencia que se declare improcedente el presente juicio.

2.                Frivolidad del medio de impugnación.

Asimismo, aduce que de la simple lectura de los medios de impugnación se advierte que resultan evidentemente frívolos y notoriamente improcedentes, porque la argumentación sustentada en ambos casos, no corresponde con lo actuado por ella como autoridad responsable.

Al respecto, se considera que dicha causal de improcedencia no se actualiza, porque si bien en términos del artículo 9 párrafo 3 de la Ley de Medios, el escrito de impugnación que resulte frívolo, será improcedente y acarreará el desechamiento de plano la demanda, en el caso, no se actualiza la frivolidad.

A fin de constatar la frivolidad el órgano resolutor debe acreditar que el medio de impugnación fue promovido sin existir motivo o fundamento para ello, es decir, que se sustente en el hecho de que el medio de impugnación resulta ser totalmente intrascendente o carente de sustancia jurídica.

En el caso, de la lectura de los escritos de juicio de inconformidad presentados por los Partidos del Trabajo y Acción Nacional, respectivamente, en consideración de esta Sala, no se actualizan la frivolidad que aduce la autoridad responsable, ya que de la lectura de las demandas, se advierte que los actores manifiestan hechos y conceptos de agravio encaminados a conseguir que esta Sala Regional analice las presuntas violaciones respecto a los actos desarrollados en la elección de diputados federales en el 02 distrito electoral federal en el Distrito Federal; por tanto, con independencia de que tales alegaciones puedan ser o no fundadas, es evidente que los juicios en análisis, no carecen de sustancia y tampoco resultan intrascendentes.

Adicionalmente, debe señalarse que la eficacia de los conceptos de agravio expresados por los partidos, serán motivo de análisis en el estudio del fondo de la controversia planteada.

Lo anterior, tiene sustento en la razón esencial de la jurisprudencia aprobada por la Sala Superior bajo el número 33/2002, cuyo rubro es: FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE[7].

QUINTO. Requisitos de procedencia.

Previo al estudio de fondo del presente asunto, este órgano jurisdiccional considera que en el caso se encuentran satisfechos los requisitos exigidos por los artículos 9 párrafo 1, 52 párrafo 1, 54 párrafo 1, inciso a) y 55 párrafo 1 inciso b) de la Ley de Medios, para la presentación y procedencia de los juicios de inconformidad, como a continuación se razona.

1. Requisitos generales.

a) Forma. Las demandas se presentaron por escrito ante la autoridad responsable; en ellas, se hace constar la denominación de la parte actora, así como el nombre y firma de quienes acuden en su representación; en cada caso se precisa el domicilio autorizado para recibir notificaciones y las personas para ello; se mencionan el acto impugnado, los hechos, agravios o motivos de perjuicio y los preceptos presuntamente violados.

b) Oportunidad. Las demandas mediante las cuales se promueven estos juicios de inconformidad se presentaron en tiempo, en tanto que fueron interpuestas dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente al que concluyó la práctica del cómputo distrital de la elección de diputados que se controvierte, de conformidad con el artículo 55 párrafo 1 inciso b) de la Ley de Medios.

Lo anterior se desprende de la adminiculación de las constancias que obran en autos, tales como los acuses de recepción que aparecen en las demandas y el acta de la sesión cómputo distrital correspondiente[8], toda vez que dicha acto se concluyó el once junio y las demandas se presentaron el siguiente quince, esto es, dentro del término previsto en la ley, de ahí que no exista duda de su presentación oportuna.

c) Legitimación y personería. Los actores se encuentran legitimados para presentar los presentes juicios de inconformidad, por tratarse de un partidos políticos con registro nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 54 párrafo 1 inciso a) de la Ley de Medios.

Cabe referir respecto al Partido del Trabajo, que es un hecho notorio que se invoca con fundamento en lo previsto en el numeral 15 párrafo 1 de la Ley de Medios que dicho instituto político suscribió convenio de coalición flexible con el Partido de la Revolución Democrática, a fin de postular en cien distritos electorales federales a las fórmulas para contender a los cargos de diputado federal por el principio de mayoría relativa, entre ellos, la correspondiente al 02 distrito electoral federal en el Distrito Federal.

En el señalado convenio ambas partes acordaron en la cláusula SEXTA que para el caso de la interposición de los medios de impugnación previstos en la Ley de Medios, a nombre de la coalición lo haría el partido político que encabezara la fórmula de candidatos a diputados al Congreso de la Unión, que en el caso es el Partido de la Revolución Democrática, sin embargo, atiendo a lo resuelto por la Sala Superior en sesión pública del pasado ocho de junio, en la contradicción de criterios SUP-CDC-7/2015, se tiene al Partido del Trabajo interponiendo el correspondiente juicio.

Lo anterior es acorde con la jurisprudencia intitulada LEGITIMACIÓN. LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS PUEDEN PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN FORMA INDIVIDUAL[9], misma que se aprobó en la mencionada contradicción de criterios.

Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 párrafo 1 inciso a) fracción I de la Ley de Medios, se reconoce la personería de Gabriel Mariñelarena Estrella como representante propietario del Partido del Trabajo ante la autoridad responsable, calidad que se acredita de la copia certificada del escrito presentado por el representante de dicho instituto político ante el Consejo General de INE, mediante el que solicitó el registro de sus representantes ante los Consejos Distritales correspondientes a esta Ciudad[10]. Además de que así lo reconoce la autoridad responsable en su informe circunstanciado.

Igualmente se reconoce la personería de Raúl Ojeda Parada, en su carácter de representante propietario del señalado instituto político ante el Consejo Distrital, toda vez que lo acredita con la copia simple del escrito presentado por el Presidente del Partido Acción Nacional ante la responsable, mediante el cual solicitó el registro del promovente como su representante[11].

Si bien dicho documento tiene un carácter indiciario en términos del artículo 16 párrafo 3 de la Ley de Medios, se tiene por acreditada la calidad con la que se ostenta en razón de la adminiculación de esa probanza con el reconocimiento de la autoridad responsable en su informe circunstanciado.

2. Requisitos Especiales.

Los escritos de demanda mediante los cuales se promueven los juicios de inconformidad, satisfacen los requisitos especiales a que se refiere el artículo 52 párrafo 1 de la ley adjetiva de la materia.

a) Tipo de elección. Los impugnantes encauzan su inconformidad esencialmente en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa; su declaración de validez; así como la expedición de la constancia de mayoría respectiva, realizados por el Consejo Distrital.

b) Casillas o error aritmético. En las referidas demandas se precisan, de manera individualizada, las casillas cuya votación se solicita sea anulada, así como las causales de nulidad que se invocan.

Al encontrarse satisfechos los requisitos de procedibilidad, lo conducente es entrar al estudio de fondo de la cuestión planteada.

3. Cuestión previa. Pretensión de conexidad planteada por el Partido del Trabajo.

Ahora bien, en su escrito de demanda, el Partido del Trabajo aduce que esta Sala Regional debe tomar en cuenta la conexidad del SDF-JIN-82/2015 con las impugnaciones presentadas por él en los trescientos distritos electorales federales que conforman el país. Lo anterior, porque su pretensión es preservar su registro como partido político nacional.

Al respecto, se considera que su pretensión es improcedente, porque si bien no se advierte que solicite una acumulación con los juicios que refiere, el efecto natural a la conexidad es que los asuntos que guarden relación se analicen y resuelvan de manera conjunta. Además de que, no es posible analizar en este juicio en particular cuestiones relativas a otros, con independencia de que su pretensión sea similar.

De conformidad con el artículo 86 del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral, procede la acumulación cuando en dos o más medios de impugnación se controviertan actos o resoluciones similares y exista identidad en la autoridad u órgano señalado como responsable, es decir que exista conexidad en la causa que dio origen a la impugnación.

En ese tenor, procede cuando se advierta que entre dos o más juicios o recursos existe la referida conexidad, por estarse controvirtiendo el mismo acto o resolución, o bien, que se aduzca respecto de actos o resoluciones similares, una misma pretensión y causa de pedir, que haga conveniente su estudio en una misma ponencia.

Atento a lo anterior, se advierte que en el caso de los juicios respecto de los cuales señala el Partido del Trabajo que existe conexidad, amén de que no los identifica ni individualiza, en ellos, al controvertir como dice el actor, elecciones diversas a la que en estos juicios se impugnan, es evidente que no se ubican en el supuesto de conexidad que señala.

Además, de que el actor pretende que se establezca la conexidad de juicios promovidos en circunscripciones distintas, competencia de órganos jurisdiccionales diferentes, en donde se impugna cada elección por vicios propios, sin que sea posible en ningún momento que en un juicio se atraigan las pretensiones de la parte actora a un juicio diverso, respecto del cual debe analizarse su procedencia.

De esta manera, si bien su pretensión puede ser la misma, es decir, preservar su registro como partido político nacional, cada elección cuya validez controvierte, se debe impugnar por vicios e irregularidades que acontecieron en concreto en cada demarcación territorial.

En efecto, dicho principio se reconoce en la Ley de Medios, en particular en el artículo 10 párrafo 1 inciso e), que establece que serán improcedentes los medios de impugnación en donde se pretenda impugnar más de una elección.

Así, es evidente que no puede decretarse la conexidad de la pretensión del partido político en este asunto, con su pretensión en otros relativos a elecciones diversas.

Ahora bien, es importante señalar que en caso de que llegara a actualizarse la nulidad de la votación recibida en casilla y en su caso, la nulidad de la elección, corresponderá al INE determinar cuál es la votación total definitiva, esto a partir de lo que se resuelva en los distintos medios de impugnación; hecho que determinará si el Partido del Trabajo conserva o no su registro como partido político.

SEXTO. Suplencia de la deficiencia de los agravios.

Previo al examen de la controversia, en términos del artículo 23 párrafo 1 de la Ley de Medios, esta autoridad se encuentra en posibilidad de suplir las deficiencias u omisiones en los agravios expuestos por la parte actora, siempre que los mismos se puedan deducir de los hechos expuestos, de ahí, que esta Sala Regional se encuentra obligada al estudio integral y exhaustivo del escrito mediante el cual se promueve este medio de impugnación, a fin de determinar la existencia de argumentos tendentes a acreditar la ilegalidad del acto combatido, con independencia de que éstos se encuentren o no en el capítulo correspondiente.

De los escritos de demanda se desprende que los partidos actores promueven los respectivos juicios de inconformidad con el objeto de impugnar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, la declaración de validez y la expedición de la constancia de mayoría respectiva, realizados por el consejo distrital.

En el caso específico, cada uno hace valer lo siguiente:

I. Partido del Trabajo

El Partido denunciante hace valer sus agravios a partir de las supuestas graves, sistemáticas, dolosas y determinantes irregularidades detectadas y denunciadas durante la sesión del cómputo distrital.

Asimismo, señala que se actualiza la causal de nulidad de votación recibida en casilla correspondiente al inciso e) del párrafo 1 del artículo 75 de la Ley de Medios, consistente en recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por la Ley Electoral.

Indica que personas no facultadas para ello instalaron e integraron casillas, pues no corresponden a la sección electoral en la que actuaron durante toda la jornada electoral, por lo que no puede dotarse e investirse de validez a los actos de recepción de la votación en todas y cada una de las casillas que señala, pues según su dicho existe una evidente vulneración al bien jurídico tutelado que es el de certeza y legalidad de la elección.

Que la vulneración a lo previsto en la Ley Electoral, afecta su garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 14 Constitucional, ya que en la referida ley se dispone la manera en que deben seleccionarse a las personas autorizadas para participar en cada proceso electoral.

Que no existe alguna constancia que acredite las causales de excepción que establece el señalado ordenamiento, por lo que según su dicho durante toda la jornada electoral estuvieron recibiendo la votación personas sin estar facultadas para ello, como puede desprenderse del acta final de escrutinio y cómputo levantada en la casilla.

Afirma que las mesas directivas de casilla, y en su momento el consejo distrital tienen la tarea de velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, respetar y hacer respetar la libre emisión del sufragio, garantizando el secreto del voto y asegurando la autenticidad del escrutinio y cómputo; así como observar el cumplimiento de los principios rectores de la materia.

Que se vulneraron los principios de certeza y legalidad, puesto que se incumplió con los procedimientos para el nombramiento y designación de los funcionarios de casilla, el de certeza, al no reunir los funcionarios de las casillas que indica con los requisitos de capacitación, selección e imparcialidad a las que atienden las normas de designación y habilitación de esa función pública.

Los motivos de inconformidad hechos valer por el actor, tienen relación con las casillas 977 B, 986 C1, 987 C2, 1015 C1, 1017 C1, 1029 C1, 1032 B, 1043 C1, 1048 C1, 1049 C1, 1054 B, 1059 C1, 1066 B, 1067 B, 1067 C1, 1072 B, 1074 C1, 1079 C1, 1093 C1, 1094 B, 1094 C1, 1097 C1, 1105 C1, 1106 C1, 1107 B, 1109 B, 1114 C1, 1120 C1, 1121 B, 1126 C1, 1127 B, 1128 C1, 1131 C1, 1141 C1, 1217 B, 1249 B, 1249 C1, 1251 B, 1251 C1, 1252 C1, 1257 B, 1289 B, 1289 C2, 1298 B, 1300 B, 1300 C1, 1325 C1, 1461 B, 1462 C1, 1464 C1, 1466 C1, 1470 B, 1470 C1, 1473 C1, 1479 B, 1480 Esp 1 y 1491 C1.

Cabe indicar que en el escrito de demanda se advierte que a foja 14, el partido actor refirió que por los motivos expuestos se actualizaba la causal de nulidad de votación recibida en casilla correspondiente al inciso h) del mencionado numeral, la cual se refiere a haber impedido el acceso a los representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado, sin causa justificada, sin embargo, todas sus consideraciones se encuentran encaminadas a evidenciar la actualización de la hipótesis contenida en el inciso e) la relativa a recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por la autoridad administrativa electoral, por lo que tal referencia atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia de conformidad con lo previsto en el artículo 16 párrafo 1 de la Ley de Medios se considera que constituyen un error.

Adicional a ello, el partido actor respecto de las casillas antes aludidas hace valer que se actualiza la causal de nulidad de votación recibida en casilla prevista en el inciso f) del párrafo 1 del artículo 75 de la Ley de Medios, consistente en haber mediado error o dolo en la computación de los votos.

Refiere que el error no sólo se encontró de origen en las actas de escrutinio y cómputo, sino también en las actas de cómputo distrital. Incluso, afirma que esos datos son contradictorios con los publicados por el INE en su página de internet en perjuicio de su representado.

Señala que las irregularidades consistentes en el error en el cómputo de los votos en las casillas y en el distrito contra los resultados publicados de manera oficial en el INE transgreden la voluntad ciudadana y ponen en duda la certeza de la votación recibida en las mismas, lo que atenta contra el principio de legalidad que debe regir todos y cada uno de los actos que se celebran con motivo de los comicios.

El actor hace valer que en todas las casillas que señala se actualiza la causal de error o dolo en la computación de los votos, ya que según su dicho se cometieron graves violaciones al procedimiento que se llevó a cabo para el cómputo de los votos, hace valer la violación a los principios de legalidad y certeza pues según su dicho no se respetó el procedimiento que debe seguirse para el cómputo de la votación recibida en las casillas.

Por último, el partido actor hace valer que existieron irregularidades graves plenamente acreditas y no reparables durante la jornada electoral, que ponen en duda la equidad de la contienda, la autenticidad y libertad del sufragio y la legalidad, por tanto, determinantes y que deben traer como consecuencia la nulidad de todas y cada una de las casillas.

En ese contexto, ofrece las sentencias emitidas por este Tribunal y toda las quejas de procedimientos especiales sancionadores que se encuentren pendientes de resolver, relativas a que el día de la jornada electoral diversas personalidades, actores y figuras públicas, hicieron un llamado expreso y directo a los electores a votar en favor del PVEM lo que vulneró el principio de equidad en la contienda, respecto a la emisión del sufragio y el principio de legalidad.

Afirma que tales acontecimientos son hechos públicos y notorios, pues los propios Consejeros Electorales del INE reconocieron ante los medios de comunicación la existencia de tales conductas aunado al propio llamado que realizaron para prohibir el llamado ilegal al voto. Hace valer que esas circunstancias influyeron en la disminución de votos en su favor.

Refiere que se debe tener en cuenta que existieron conductas irregulares relacionadas con los llamados a votar emitidos por personajes públicos, a través de las cuentas de twitter de actores y actrices famosas de las televisoras televisa y televisión azteca, del director técnico de la selección nacional de fútbol soccer, invitando el día de la jornada electoral a votar por el PVEM, lo que impactó en el resultado de la jornada. Además de que existen una serie de conductas sistemáticas, graves e ilegales mismas que son del conocimiento público y por las cuales la autoridad jurisdiccional ha determinado sancionar al referido ente político, por su ilegal campaña, “El Verde sí cumple” en salas de cinemex y cinepólis y con la repartición de calendarios.

Afirma que las conductas del PVEM constituyen una exposición desmedida e ilegal, que ha sido sancionada por la Sala Regional Especializada del Tribunal, con multas por casi ochenta millones de pesos, y que esas conductas influyeron de manera inequitativa en cuanto a la promoción y publicidad de ese ente político, con el resto que participaron en la contienda.

Refiere que con las actuaciones del PVEM se violentaron los artículos constitucionales 1, 14, 16, 38, 41 constitucional y 75 párrafo 1 inciso k) de la Ley de Medios.

Destaca que se sancionó al PVEM por la contratación de promocionales transmitidos en Televisa y Televisión Azteca, relacionados a los informes de labores de sus legisladores que formaron parte de la campaña “El Verde sí cumple”, lo que originó que se quedara con siete días sin promocionales del tiempo otorgado por el estado.

Adicional a ello, refiere que el partido emitió tarjetas de descuento, calendarios, promovió vales de medicinas, lo que originó que se le impusieran sanciones por casi ochenta millones. En ese sentido, el partido actor inserta una tabla refiriendo diversos procedimientos instaurados respecto a las actuaciones del PVEM y los relativos expedientes del Tribunal Electoral.

II. Partido Acción Nacional

El partido actor hace valer la existencia de violaciones sustanciales ocurridas durante la jornada electoral, las que según su dicho llevarían a declarar la nulidad de la votación recibida en las casillas que refiere, la modificación del resultado de la votación contenida en el acta de cómputo distrital.

Afirma que el día de la jornada existieron situaciones que inclinaron la votación a favor de Morena, refiriendo la existencia de coacción y compra de votos, desorden en la integración de los funcionarios de casilla, centros de votación ubicados en domicilios diversos a los permitidos por el INE.

Señala que las casillas que se instalaron sin causa justificada en lugares diversos fueron la 990 B y 1009 B. Refiere que ni en el acta de jornada, ni en la hoja de incidentes o algún otro documento existe la justificación del cambio de ubicación, de ahí que considere que no se cumplió con lo previsto en el numeral 276 de la Ley Electoral. Afirma que tampoco existió el aviso del cambio de ubicación en el exterior del lugar autorizado para la instalación.

Asimismo, señala que esa irregularidad afecta los principios de certeza, legalidad e impide el libre acceso al ejercicio del sufragio, máxime que no existió causa justificada para realizar su instalación en un lugar diverso al autorizado.

Adicional a ello, refiere que al haberse ubicado esas casillas en lugar diverso al autorizado, el escrutinio y cómputo también se realizó en lugar diferente.

Que tales circunstancias actualizan la causal de nulidad de la votación recibida en casilla prevista en el inciso a) del artículo 75 de la Ley de Medios, consistente en instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital.

Por otra parte, refiere que los paquetes que contenían los expedientes de las casillas 990 B, 991 C1, 1004 B, 1086 B y 1146 B, se entregaron al Consejo Distrital, sin causa justificada, fuera de los plazos establecidos en el numeral 299. Que tal circunstancia violenta la certeza de los resultados de la votación obtenida, toda vez que no queda garantizado que el cómputo de la elección se hubiera realizado sobre los verdaderos resultados de la correspondiente casilla.

Afirma que el Consejo Distrital no amplió los plazos a los que se refiere el artículo antes señalado, ni tampoco según su dicho adoptó previamente a la jornada electoral, medidas para que los paquetes le fueran entregados directamente dentro de los plazos. Asimismo, hace valer que los paquetes se encontraban abiertos, que no estuvieron resguardados o bajo la supervisión de los representantes de los partidos políticos, que no existió claridad en las actas, de ahí aduce una violación al principio de certeza.

Afirma que con el retraso en la entrega de los paquetes electorales se violaron los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad y certeza, en razón de que afirma no existió caso fortuito o fuerza mayor.

Con tales hechos estima que se actualiza la nulidad de la votación recibida en casilla prevista en el inciso b) del artículo 75 de la Ley de Medios, consistente en entregar, sin causa justificada, el paquete que contenta los expedientes electorales al Consejo Distrital, fuera del plazo previsto en la Ley.

Asimismo, el partido actor refiere que en las casillas 974 C1, 987 C2, 987 C4, 994 C1, 1000 B, 1000 C1, 1001 C1, 1002 B, 1002 C1, 1002 C2, 1008 B, 1021 B, 1028 B, 1043 C1, 1134 B, 1141 B, 1303 B, 1323 C1, 1482 C1, 1485 C1, 1486 B, 1488 B, y 1459 B, la votación se recibió por personas distintas a las facultadas por la ley, en razón de que no pertenecen a la sección.

También refiere, que al momento de la instalación de las mesas directivas de casilla, un gran número de ellas, se realizaron con un número limitado de funcionarios de casilla, pues en algunas hubo 4 o menos funcionarios vigilando la elección y al término de ella, se hizo el cómputo con ausencia de funcionarios y que atendiendo a la complejidad de la elección, queda duda en la validez de la votación. Manifiesta de manera específica que esa situación aconteció en la casilla 996 B.

En ese sentido, indica que las casillas 1020 B, 1022 B, 1022 C1, 1025 C1, 1026 C1, 1042 B, 1045 C1, 1074 C1, 1214 C2, 1218 B, 1480 B, 1482 B, 1482 C1 y 1483 C3 no se integraron debidamente pues según afirma no hubo escrutadores o sólo hubo uno de ellos, lo que según su dicho representa una merma en la eficiencia en el desempeño de los funcionarios de las casillas que estuvieron presentes, pues debieron multiplicar sus funciones, esto atendiendo a que en el caso, se instaló la casilla única.

Hace valer que la casilla única se conforma de seis funcionarios, por lo que la ausencia de dos de ellos, trae como consecuencia que sólo dos se encarguen de la elección federal y los otros dos, de la local, lo que desde su punto de vista implica una disminución muy considerable en la calidad y eficiencia en el desempeño de la recepción de la votación de esa mesas, pues según su dicho los funcionarios durante la jornada electoral, deben tomar acciones que no necesariamente les corresponden, afectando las que deben desempeñar de acuerdo a los numerales 85, 86 y 87 de la Ley Electoral.

Desde su punto de vista, la ausencia de dos funcionarios en las casillas únicas, sin importar si son o no escrutadores debe actualizar la nulidad de la votación recibida en casilla, pues en la ley no se encuentra contemplada la posibilidad de integrar la mesas, sólo con cuatro funcionarios ante urgente, por lo que solicita que se anule la votación recibida en las centros de votación en los que aconteció tal situación.

Lo que según su dicho actualiza la causal de nulidad de votación recibida en casilla prevista en el inciso e) del artículo 75 de la Ley de Medios, consistente en recibir la votación por personas u órganos distintos a los facultados por la ley.

Adicional a ello, el partido actor hace valer que durante la jornada electoral, existieron irregularidades graves plenamente acreditadas y no reparables durante ella, que ponen en duda la certeza de la votación. Al respecto, el actor reseña que se generó presión sobre el electorado, toda vez que en el inmueble identificado como casa número 206, calle 11 de la Colonia Progreso Nacional, personas que se encontraban en el interior del inmueble, estaban realizando “compra de voto”, al encontrarse la presencia de personas que con lista en mano estaban dando dinero a los votantes a cambio del voto, lo que afirma ameritó que se integrara una Comisión del Consejo Distrital a efecto de que se constarán los hechos, rindiendo el informe respectivo la Consejera María Mercedes Alonso Rivera. Con relación a tales hechos, señala las secciones 1015, 1016 y 1017.

Afirma que con esos hechos se afectaron los principios que deben estar presentes en toda elección, consagrados en los artículos 41 y 116 constitucionales.

Adicional a ello, refiere que durante la jornada electoral, en diversos centros de votación estuvieron presentes personas que ejercieron presión sobre los electores, violando con ello, los derechos electorales fundamentales de todo ciudadano, tales como la libertad para emitir el voto. En el mismo, sentido alude que la violencia o presión que denuncia consistió con la presencia de los funcionarios públicos indicados, como representantes de las coaliciones o partidos políticos contendientes en el proceso electoral durante toda la jornada electoral, lo que según su dicho genera presunción de que dichos servidores públicos realizaron conductas que sanciona la ley.

Con base en tales hechos, el actor hace valer que se actualiza la causal de nulidad de votación recibida en casilla prevista en el inciso i) del artículo 75 de la Ley de Medios, consistente en ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, de tal manera que se afecte la libertad y el secreto del voto, siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

Adicional a lo expuesto, también indica que en la sesión especial de computo realiza por el Consejo Distrital, se encontró que todas la boletas de las casillas 999 B y C1, 1000 B y 1001 C1, 10003 B y C1, 1004 B y C1, 1005 B y C1, 1008 B, 1017 B, 1027 B, 1054 B y 1054 C1, se encontraron con el folio adherido, por lo que afirma que los votantes emitieron su sufragio son que se desprendiera el folio del cuadernillo, con lo que según su dicho los funcionarios y representantes del partido Morena pudieron determinar por quién votó cada ciudadano. Y que con tal situación se vulneró la secrecía del voto constitucionalmente establecida. Lo que según su dicho se constató al llevar a cabo de nueva cuenta el escrutinio y cómputo de los paquetes en la sede distrital, de conformidad con lo previsto en el artículo 311 numeral 1 inciso d) fracción II de la Ley Electoral. Afirma que solicitó que esas anomalías se hicieran constar en las actas de la sesión de cómputo y que se presentaron quejas al respecto.

Atendiendo a los hechos y agravios planteados por los actores y supliendo la deficiencia de la queja, se advierte que el Partido del Trabajo solicita la nulidad de la elección, a la luz de las diversas irregularidades que el Partido Verde Ecologista de México cometió durante la etapa de preparación de la elección, invocando para ello las sentencias emitidas por este Tribunal Electoral relacionadas con procedimientos especiales sancionadores.

Asimismo, refiere la existencia de presuntas irregularidades graves, sistemáticas, dolosas y determinantes, detectadas y denunciadas durante la sesión del cómputo distrital.

Y ambos partidos actores solicitan la nulidad de la votación recibida en casilla, por alguna de las causas previstas en los incisos a), b), c), e), f) y k) del artículo 75 de la Ley de Medios, consistentes en haber ubicado la casilla en lugar distinto al autorizado, entregar los paquetes fuera de los plazos previstos en la norma, realizar el escrutinio y cómputo en lugar distinto, recibir la votación por personas u órganos distintos a los facultados para ello, haber mediado error o dolo en la computación de votos y existir irregularidades graves plenamente acreditas.

En ese contexto, las casillas objeto de controversia serán estudiadas por las causales que se refieren en la siguiente tabla:

SÉPTIMO. Controversia.

Atendiendo a los agravios hechos valer, la cuestión planteada en el presente asunto, en un primer momento, consiste en determinar si es procedente anular la votación recibida en las casillas impugnadas, y analizar si de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales aplicables, debe o no declararse la nulidad de la elección.

OCTAVO. Método de estudio

Con base en lo anterior y, por razón de método, se analizará primero, la nulidad de la votación recibida en las casillas controvertidas, posterior a ello, lo relativo a que existieron irregularidades graves y sistemáticas durante la sesión de cómputo distrital y por último, los argumentos relacionados con la nulidad de elección.

NOVENO. Nulidad de votación recibida en casilla.

En el presente apartado se estudiara de manera conjunta los motivos de agravios hechos valer por los partidos respecto la votación recibida en las casillas señaladas por cada uno de los actores, supliendo los motivos de disenso de ser necesario.

I. Instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital

En el escrito impugnativo el PAN sostiene que en dos casillas, identificadas con las claves 990 B y 1009 B, se actualiza la hipótesis de nulidad de votación prevista en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 75 de la Ley de Medios toda vez que, sin mediar causa justificada, se ubicaron en lugar distinto al señalado por el Consejo distrital.

Las casillas impugnadas por esta causal de nulidad de votación son las siguientes:

El partido hace valer como agravios, los siguientes:

Refiere que ni en el acta de jornada, ni en la hoja de incidentes o algún otro documento existe la justificación del cambio de ubicación, de ahí que considere que no se cumplió con lo previsto en el numeral 276 de la Ley Electoral. Afirma que tampoco existió el aviso del cambio de ubicación en el exterior del lugar autorizado para la instalación.

Asimismo, señala que esa irregularidad afecta los principios de certeza, legalidad e impide el libre ejercicio del sufragio, máxime que no existió causa justificada para realizar su instalación en un lugar diverso al autorizado.

Adicional a ello, refiere que al haberse ubicado esas casillas en lugar diverso al autorizado, el escrutinio y cómputo también se realizó en lugar diferente.

Que tales circunstancias actualizan la causal de nulidad de la votación recibida en casilla prevista en el inciso a) del artículo 75 de la Ley de Medios.

Por su parte, la autoridad responsable, al rendir el informe circunstanciado a que se refiere el artículo 18, párrafo 1, inciso e) de la Ley de Medios, esgrimió:

Que por lo que corresponde a la casilla 990 B del acta de jornada electoral se desprende que los funcionarios asentaron que la misma se instaló en el domicilio aprobado por la autoridad responsable, el pasado veintiocho de mayo mediante acuerdo A27/INE/DF/CD02/28-05-15, mismo que no fue impugnado dentro del plazo legal.

Adicionalmente, señaló que dicha casilla fue vigilada por Juana Almaraz Hernández, acreditada en la misma por el PAN como su representante, quien no registró incidente alguno ante la mesa directiva de casilla, en relación con algún cambio de domicilio.

Por cuanto a la casilla 1009 B de igual forma refiere que del acta de jornada electoral, se desprende que el domicilio es coincidente con el aprobado por el Consejo, el anterior dos de abril por acuerdo A13/INE/DF/CD02/02-04-15, el cual no fue recurrido, aunado a lo anterior, manifestó que dicha casilla fue vigilada por Víctor Hugo Rogel Delgado, acreditado por el PAN como representante en la misma casilla quien no registró incidente alguno respecto al presunto cambio de domicilio.

Expuestos los argumentos hechos valer por la parte actora y la autoridad responsable, esta Sala Regional procede a determinar si en el presente caso y respecto de las casillas señaladas, se actualiza la causal de nulidad invocada por éste.

Para ello, se estima conveniente precisar el marco normativo en que se encuadra la causal de nulidad de mérito.El artículo 75 párrafo 1 inciso a) de la Ley de Medios, establece:

Artículo 75

1. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales:

a) Instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente;

[…]

En consecuencia, para actualizar la causal de nulidad que la parte inconforme hace valer, es necesario acreditar fehacientemente los siguientes extremos:

1) Que la casilla se instaló en lugar diferente al autorizado; y

2) Que no existió una causa que justificara ese cambio.

3) Que se provocó confusión en el electorado respecto del lugar al que debía acudir a votar y, por ello, no emitió su sufragio.

Antes de entrar al estudio de la inconformidad, debe precisarse que ha sido criterio reiterado por la Sala Superior de este Tribunal, que el lugar de ubicación de una casilla no debe restringirse, esto en términos de la tesis número 14/2001, de rubro: INSTALACIÓN DE CASILLA EN LUGAR DISTINTO. NO BASTA QUE LA DESCRIPCIÓN EN EL ACTA NO COINCIDA CON LA DEL ENCARTE, PARA ACTUALIZAR LA CAUSA DE NULIDAD[12].

Atento al citado criterio, habrá de sostenerse como lugar de ubicación al espacio físico en que se instaló una casilla electoral, no tomar en cuenta únicamente la dirección, calle y número de un sitio; lo preponderante, son los signos externos del lugar que garanticen su plena identificación, es decir, no se refiere rigurosa y necesariamente a un punto geográfico preciso, sino que la referencia alude a un área más o menos localizable y conocida en el ámbito social en que se encuentre, mediante la mención de los elementos que pueden ser útiles para tal objetivo.

En ese sentido, no restringir el concepto de lugar para la ubicación de una casilla, permite dar cumplimiento al principio de certeza, pues basta el conocimiento por parte de los representantes de los partidos políticos, los funcionarios integrantes de las mesas directivas de casilla y de manera sobresaliente de los electores, de los elementos de referencia necesarios para localizarla, siendo suficiente la mención de los datos necesarios para ubicarla con cierta seguridad, sin que se requiera forzosamente, asentar en las actas correspondientes, los datos precisos de la dirección (calle, número, colonia, código postal, etc.).

De tal manera, si los funcionarios de las mesas directivas de casilla, asentaron datos incompletos de dirección en las actas correspondientes, ello de ninguna manera actualiza la causal de nulidad prevista en el inciso a) párrafo 1 del artículo 75 de la Ley de Medios.

Así mismo, debe tomarse en consideración si el lugar donde fue ubicada la casilla electoral cumple con los requisitos establecidos en el artículo 255 de la Ley General, los cuales son los siguientes:

a) Fácil y libre acceso para los electores.

b) Aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto.

c) No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, federales, estatales o municipales.

d) No ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de partidos políticos o candidatos registrados en la elección de que se trate.

e) No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, o locales de partidos políticos, y

f) No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares.

Y se preferirán los locales ocupados por escuelas y oficinas públicas.

Con el objeto de que los electores conozcan la ubicación de la casilla en la que emitirán su voto, en los artículos 257 y 272 de la Ley Electoral se establece que los Consejos distritales deberán dar publicidad a las listas de los lugares en los que serán instaladas, para lo cual deberán fijarlas en los edificios y lugares públicos de mayor concurrencia en el distrito.

Por otro lado, para actualizar la causal de nulidad en estudio, se tiene que acreditar que el cambio de domicilio se realizó injustificadamente. Al respecto, la Ley General en su artículo 276 precisa las causas para estimar que existe causa justificada respecto de la instalación de una casilla en lugar distinto, siendo:

a)       No exista el local indicado en las publicaciones respectivas.

b)       El local se encuentre cerrado o clausurado y no se pueda realizar la instalación.

c)       Se advierta, al momento de la instalación de la casilla, que ésta se pretende realizar en lugar prohibido por la ley.

d)       Las condiciones del local no permitan asegurar la libertad o el secreto del voto o el fácil y libre acceso de los electores o bien, no garanticen la realización de las operaciones electorales en forma normal. Siendo necesario que los funcionarios y representantes presentes tomen la determinación de común acuerdo; y

e) El Consejo distrital así lo disponga por causa de fuerza mayor o caso fortuito y se lo notifique al presidente de la casilla.

En todos los casos, la casilla deberá quedar instalada en la misma sección y en el lugar adecuado más próximo, debiéndose dejar aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar original que no reunió los requisitos, ya que el propósito de la ley es garantizar que los ciudadanos tengan certeza del lugar al cual deben acudir a ejercer el sufragio.

En este sentido, si las casillas electorales tuvieren que cambiarse de lugar de ubicación por las causas de justificación señaladas en el dispositivo legal antes precisado, dicho cambio no actualiza la causal de nulidad prevista en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 75 de la Ley de Medios, puesto que estas circunstancias justifican legalmente que la casilla se haya instalado en distinto lugar al establecido por la autoridad electoral correspondiente y, más aún, que la propia causal de nulidad señalada en dicho precepto alude a que solo será nula la votación si es que la instalación de la casilla en distinto lugar no obedece a una causa justificada.

Entonces, a consideración de esta Sala Regional para que se acredite la causa de nulidad en comento, es necesario que se demuestre que la casilla se instaló en lugar diferente al autorizado, que no existió una causa que justificara su cambio, y el elemento más importante, demostrar que se provocó una confusión en el electorado respecto del lugar al que debía acudir a votar y, por ello, no emitió su sufragio.

Precisado lo anterior, se procede a dar contestación a los motivos de disenso sintetizados en líneas precedentes, para lo cual es necesario analizar las constancias que obran en autos, consistentes en copias certificadas de la siguiente documentación:

a) Impresión de la lista definitiva de la integración total de las 489 mesas directivas de casilla única, aprobadas por el 02 Consejo Distrital con fecha de corte al seis de junio (encarte).

b) Actas de jornada electoral correspondiente a las casillas impugnadas.

c) Certificación de inexistencia de hoja de incidentes.

A las citadas documentales se les confiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, párrafos 1 inciso a), 4 inciso b) y 16 párrafos 1 y 2 de la Ley de Medios, por tratarse de documentos expedidos formalmente por autoridades electorales y no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos que refieren.

Cabe precisar que si bien, en las actas debe asentarse el dato relativo al lugar donde se instaló o ubicó la casilla, mismo que debe coincidir con el lugar autorizado por el Consejo distrital respectivo, la exigencia de asentar correctamente el lugar de instalación no implica que ello se deba hacer mediante la formalidad extrema de que las anotaciones hechas en las actas correspondientes coincidan de modo absoluto en todos sus elementos, con la literalidad de lo señalado en el encarte, sino que basta que en tales documentos se encuentren los elementos coincidentes que sean suficientes para advertir que se trata del mismo lugar.

Es decir, la ley no exige como única forma de probar plenamente la indicada identidad, la coincidencia de los datos asentados en las actas respectivas con los señalados en el encarte, por lo que basta que el enlace de los elementos asentados en los documentos referidos y, en su caso, en otros de la documentación electoral, produzcan la plena convicción de que la casilla se instaló en el lugar determinado por la autoridad competente, para que se tenga por cumplido.

Además, resulta explicable que en ocasiones haya mayor número de datos en el encarte que en las actas correspondientes, porque el primero se elabora por la autoridad electoral administrativa y las segundas son llenadas por ciudadanos, que en algunos casos no conocen los datos de ubicación exactos, sino que identifican el lugar de ubicación con base en ciertos referentes, es decir, pueden no saber el nombre de la calle, pero sí el de un hospital, escuela o cancha deportiva que esté en esa calle, etcétera, por lo cual las autoridades electorales suelen incluir varios datos de referencia en el encarte, en aras de facilitar a la mayoría de los ciudadanos su localización.

Igualmente, no sería razón suficiente para sostener que se actualiza la causal de nulidad de votación recibida en casilla invocada, cuando los integrantes de la mesa hayan variado la manera de identificar el lugar en que aquélla debe instalarse, al momento de asentar tal dato en el acta de la jornada electoral, siempre y cuando exista constancia o indicios de que se trata del mismo inmueble o sitio autorizado por el Consejo distrital, por lo que tal circunstancia no implica una violación al principio de certeza en la recepción de la votación.

Enseguida se presenta un comparativo en el que se consigna la información relativa al número y tipo de casilla; la ubicación de las casillas, aprobadas por el Consejo Distrital con fecha de corte al seis de junio (encarte), así como la señalada en las respectivas actas de jornada electoral, y por último, se incluye un apartado de observaciones, en el cual se asientan las circunstancias especiales que pueden ser tomadas en cuenta para la resolución de cada caso concreto.

En atención a los datos precisados en el cuadro que antecede, se puede advertir, que la presunta falta de correspondencia y coincidencia en el domicilio alegada por el PAN es inexistente, toda vez que los datos de identificación domiciliaria plasmados en las actas de jornada electoral, guardan coincidencia con el encarte remitido por la autoridad responsable.

En ese sentido, tal como lo afirmó la autoridad en el correspondiente informe circunstanciado en las actas de jornada electoral no se desprende que se haya asentado incidencia alguna, y tampoco se presentaron escritos de incidentes o protesta de los representantes de los partidos políticos y coaliciones contendientes, de los que pudiera corroborarse la afirmación de que las casillas en cita se cambiaron de ubicación.

En consecuencia, se considera que tomando en consideración el contenido de las citadas actas, el domicilio en que se ubicaron las casillas cuestionadas fue el autorizado por el Consejo Distrital, por lo que el motivo de disenso deviene infundado.

II. Entregar, sin causa justificada, el paquete que contenga los expedientes electorales al Consejo Distrital, fuera de los plazos que señala la Ley Electoral.

Las casillas impugnadas solamente por el PAN en relación a esta causal de nulidad de la votación son las siguientes:

Con el propósito de acreditar la actualización de esta causal, el PAN aduce, medularmente, que al momento de llevar a cabo la entrega de los paquete electorales que contienen los expedientes electorales de dichas casillas se hizo fuera de los plazos establecidos en el artículo 299 de la Ley Electoral, y que tal circunstancia violenta la certeza de los resultados de la votación obtenida, toda vez que no queda garantizado que el cómputo de la elección se hubiera realizado sobre los verdaderos resultados de la correspondiente casilla.

Afirma que el Consejo distrital no amplió los plazos a los que se refiere el artículo antes señalado, ni tampoco según su dicho adoptó previamente a la jornada electoral, medidas para que los paquetes le fueran entregados directamente dentro de los plazos.

Asimismo, refiere que los paquetes se encontraban abiertos, que no estuvieron resguardados o bajo la supervisión de los representantes de los partidos políticos, que no existió claridad en las actas, de ahí aduce una violación al principio de certeza.

Aduce que con el retraso en la entrega de los paquetes electorales se violaron los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad y certeza, en razón de que afirma no existió caso fortuito o fuerza mayor.

Con tales hechos estima que se actualiza la nulidad de la votación recibida en casilla prevista en el inciso b) del artículo 75 de la Ley de Medios, consistente en entregar, sin causa justificada, el paquete que contenta los expedientes electorales al Consejo Distrital, fuera del plazo previsto en la Ley.

Al respecto, la autoridad responsable manifiesta en su informe circunstanciado, que contrario a lo planteado por el actor, los paquetes electorales que refiere fueron entregados en términos del Convenio General de Coordinación celebrado entre el INE y el Instituto Electoral del Distrito Federal, concretamente en lo establecido en el apartado intercambio de paquetes electorales recibidos incorrectamente.

Señaló que el mismo disponen en lo que interesa, en caso de que el paquete electoral de la elección federal sea entregado equivocadamente en un Consejo Distrital de “El IEDF”, o viceversa, … el coordinador Distrital o el Consejero Presidente, respectivamente, deberán hacerlo llegar físicamente y sin dilación alguna al órgano distrital competente para su recepción y resguardo, debiendo levantar un acta circunstanciada en la que se mencione, cuando menos: lugar, fecha y hora en que fue recibido el paquete electoral; el nombre, cargo y adscripción de la persona que lo recibió; las condiciones en que se encuentre el paquete electoral en cuanto a si muestra o no alteraciones; y el nombre, cargo y adscripción de la persona que lo hará llegar a su correcto destino, asentando la fecha y hora de salida…

En ese aspecto destacó la existencia de dos actas circunstanciadas en las que se refirió la entrega de los paquetes electorales por parte del órgano desconcentrado local de casillas correspondiente a la elección federal, siendo la levantada por la Dirección Distrital VII del citado instituto local, y la 02Junta Distrito Ejecutiva del INE en el Distrito Federal, con motivo de la entrega recepción de la documentación electoral que se extrajo de los paquetes relativos a las casillas 1086 B y 1146 B, durante el cómputo distrital que realizó el VII Consejo Distrital local y la diversa en la que intervinieron el Consejo distrital y el II Consejo distrital local, con motivo de la entrega-recepción de la documentación electoral que se extrajo de los paquetes electorales durante el cómputo distrital que realizó el órgano desconcentrado del Instituto Electoral del Distrito Federal, en la que consta la entrega de diversos paquetes, entre los que se encontraron los relacionados con las casillas 990 B, 991 C1, 1004 B y 1004 C1 durante el cómputo distrital que realizó el señalado Consejo local.

Refiere que contrario a la afirmación del actor, no se actualiza la falta de certeza jurídica en el resultado de la votación recibida en dichas casillas, toda vez que los señalados paquetes electorales, se recibieron conforme a lo establecido en el Convenio y anexo técnico suscrito por el INE y el Instituto Electoral del Distrito Federal.

En razón de ello, afirma que no se violan flagrantemente los principios rectores de la función electoral, toda vez que la relación entre tales autoridades electorales, se basa en el cumplimiento de los principios rectores que rigen la materia, así como la cooperación, la coordinación y el respeto mutuo, factores que encuentran respaldo implícito en el marco constitucional y legal.

Afirma que el citado Convenio y anexo técnico fueron publicados en los estrados de las instalaciones de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del INE en el Distrito Federal.

Antes de analizar los agravios hechos valer por el Partido Acción Nacional, es de precisarse que el relativo a la casilla 1004 B es inoperante, al tenor de lo siguiente.

Con relación a dicha casilla, se advierte que la pretensión final del Partido Acción Nacional es que se anule la votación recibida en ella, sin embargo, no existe votación por anular.

En ese contexto, debe referirse que del análisis a la copia certificada del correspondiente recibo de recepción del paquete se advierte que fue recibido sin muestras de alteración, sin embargo, no se entregó con el sobre para el PREP ni con la bolsa por fuera para el Consejo distrital.

Asimismo, del acta de sesión permanente de cómputo, se advierte que la Consejera Presidenta durante la sesión permanente de cómputo dio cuenta de algunos paquetes que se encontraban en poder del Consejo distrital II local en esta ciudad, en razón de que por equivocación se habían entregado ante una autoridad diversa, entre ellos, se encontraba el correspondiente a casilla 1004 B. En ese orden de ideas, señaló que el paquete se encontraba sin boletas.

Adicional a ello, de la misma documental pública se advierte que una vez que se tuvo el paquete en la sede del Consejo distrital, se determinó que sería motivo de recuento, por lo que se ordenó entregar a la mesa número uno, no obstante ello, en el correspondiente paquete no se encontró votación alguna[13], esto es, en todos los rubros de la correspondiente acta se asentó “0”.

En las anotadas condiciones, es que por cuando a la casilla 1004 B, no existe votación alguna por anular, pues en todos los rubros se indicaron con “0”.

Por lo expuesto, y ante la inexistencia de la votación que el partido actor pretende se anule, es que se estima que el motivo de disenso resulta inoperante.

En consecuencia, será motivo de análisis bajo la anotada causal, únicamente las casillas 990 B, 991 C1, 1004 C1, 1086 B y 1146 B.

Evidenciado lo anterior, debe señalarse que para el análisis de la causal invocada debe tomarse en cuenta que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 295 de la Ley Electoral, al término del escrutinio y cómputo de cada elección, se formará un expediente de casilla, mismo que se integra con:

a)    Un ejemplar del acta de la jornada electoral.

b)   Un ejemplar del acta final de escrutinio y cómputo; y

c) Los escritos de protesta que se hubieren recibido.

De igual forma, se guardarán en sobres por separado las boletas sobrantes inutilizadas, las que contengan los votos válidos, los votos nulos de cada elección y la lista nominal de electores.

También se dispone que, para garantizar la inviolabilidad de la mencionada documentación, así como de los sobres respectivos, se formará un paquete en cuya envoltura firmarán los integrantes de la mesa directiva de casilla y los representantes de los partidos políticos que desearen hacerlo.

El párrafo 1 del artículo 299 de la Ley Electoral, establece que una vez clausuradas las casillas, los respectivos presidentes, bajo su responsabilidad, harán llegar al Consejo distrital que corresponda los paquetes y los expedientes de casilla dentro de los plazos siguientes:

a) Inmediatamente cuando se trate de casillas ubicadas en la cabecera del distrito;

b) Hasta 12 horas cuando se trate de casillas urbanas ubicadas fuera de la cabecera del distrito; y

c) Hasta 24 horas cuando se trate de casillas rurales.

Asimismo, en el párrafo 2 del artículo en cita, se establece la posibilidad de que los Consejos distritales, previo al día de la elección, podrán determinar la ampliación de los referidos plazos, para aquellas casillas en las que existan causas que lo justifiquen.

En términos del párrafo 5 del mismo precepto, existirá causa justificada para que los paquetes con los expedientes de casilla sean entregados al consejo distrital fuera de los plazos, cuando exista un caso fortuito o fuerza mayor.

En tal virtud, los únicos supuestos de excepción permitidos por la ley para que los paquetes electorales puedan entregarse fuera de los plazos señalados, son:

a) Que el Consejo distrital respectivo acuerde su ampliación para aquellas casillas en donde se considere necesario, siempre que dicho instrumento se hubiese dictado previo a la celebración de la jornada electoral; y,

b) Que exista causa justificada en la entrega extemporánea de los paquetes respectivos, es decir, que medie caso fortuito o fuerza mayor.

Atento a lo previsto por los artículos 299 párrafo 6 y 304 párrafo 2 de la Ley Electoral, el Consejo distrital hará constar en el acta circunstanciada de recepción de los paquetes electorales, las causas que se invoquen para justificar el retraso en su entrega, así como las condiciones que garantizan la inviolabilidad de la documentación contenida en los propios paquetes al momento de su entrega.

El párrafo 1 incisos a) y b) del artículo 304 invocado, dispone que la recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes electorales de cada casilla, se hará conforme al procedimiento siguiente:

a) Se recibirán en el orden en que sean entregados por las personas facultadas para ello.

b) El presidente o funcionario autorizado del Consejo distrital extenderá el recibo señalando la hora en que fueron entregados.

De los anteriores preceptos, se observa que legalmente se encuentran previstos mecanismos para la seguridad de la documentación electoral, entre los que destacan: la elaboración de constancias de clausura de la casilla; que toda la documentación se encuentre contenida en un paquete en cuya envoltura firmen los funcionarios de casilla y los representantes partidistas que deseen hacerlo; que la entrega del paquete electoral se realice por conducto de los funcionarios de la casilla; que al llegar al Consejo distrital respectivo, se expida recibo y se haga constar la entrega en el acta circunstanciada de recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes electorales por los consejos distritales, todo ello con el objetivo de que no se genere incertidumbre sobre la documentación que refleja el sentido de la voluntad popular manifestada mediante el voto.

Para la verificación del cumplimiento de los requisitos y formalidades esenciales que reviste la entrega de los paquetes electorales a los órganos distritales respectivos, se debe atender básicamente a dos criterios relacionados entre sí, uno temporal y otro material.

I. El criterio temporal, que se relaciona con el tiempo utilizado para el traslado de los paquetes electorales de casilla a los Consejos distritales respectivos. Este criterio se deriva de lo dispuesto en los párrafos 1, 5 y 6 del citado artículo 299 de la Ley Electoral, que establece tanto los plazos para realizar la entrega, así como la causa justificada para el caso de su retraso.

II. El criterio material, que se relaciona con el contenido de los paquetes electorales y atañe a que dichos paquetes lleguen en forma íntegra ante la autoridad encargada de publicar los resultados preliminares y realizar el cómputo distrital de la elección respectiva, cuyo objetivo es garantizar el principio de certeza.

Al ser dicho principio uno de los pilares rectores sobre los que descansa la función electoral, es imperativo prever los mecanismos legales para que no sea vulnerado, a fin de evitar la desconfianza sobre los resultados finales de los procesos electorales, los cuales deben ser fidedignos y confiables.

Por tanto, debe considerarse que si el legislador previó que en el traslado de los paquetes electorales a los Consejos distritales, se observen ciertas medidas de seguridad con el fin de salvaguardar el sentido de la voluntad popular contenido en los mismos, en aras de no hacer nugatorio el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones populares, en los casos en que se acredite la entrega extemporánea del paquete electoral fuera de los plazos legales, sin causa justificada, esta Sala debe analizar meticulosamente si de las constancias que obran en autos se desprende que el referido paquete evidencia muestras de alteración o cualquier otra irregularidad que genere duda fundada sobre la autenticidad de su contenido y transgreda el principio constitucional de certeza, ya que, de no ser así, deberá tenerse en consideración, al resolver, el principio general de derecho contenido en el aforismo latino lo útil no puede ser viciado por lo inútil, que en la materia electoral, cobra especial importancia, en términos de la jurisprudencia 9/98 cuyo rubro es: PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN.[14]

Ahora bien, conforme al contenido de la causal de nulidad en estudio, prevista por el artículo 75, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios, la votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten los supuestos normativos siguientes:

a) Que el paquete electoral haya sido entregado al Consejo distrital correspondiente fuera de los plazos establecidos en la Ley General.

b) Que la entrega extemporánea haya sido sin causa justificada.

c) Que se acredite la alteración o violación de los paquetes electorales, deberá verificarse si al recibirse el paquete electoral, muestre signos evidentes de alteraciones que pongan en duda la autenticidad de su contenido, o inclusive, una vez verificado éste, discrepe del asentado en las actas correspondientes.

A efecto de contar con lo necesario para estudiar la presente causal de nulidad hecha valer por el partido actor, se valoraron las copias certificadas de las constancias de clausura de casilla y remisión de los paquetes al Consejo distrital, elaboradas por las respectivas mesas directivas, adminiculadas con los recibos de entrega del paquete electoral, las actas de jornada electoral, lo previsto en la copia certificada del anexo técnico del Convenio General de coordinación celebrado entre el INE y el IEDF, así como con los datos que se hicieron constar en el acta circunstanciada confeccionada por la autoridad responsable acerca de la recepción de tales paquetes y el horario en que ello ocurrió.

En el señalado anexo del Convenio se encuentra el apartado 2.2.4 denominado Intercambio de paquetes electorales recibidos incorrectamente, en el que se establece las medidas que habrán de adoptarse para los supuestos de entrega equivocada de un paquete electoral a un Consejo Distrital local o federal, según sea el caso, con motivo de la casilla única en la celebración coincidente de elecciones locales y federales.

A las citadas documentales se les confiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, párrafo 4, incisos a) y b), y 16, párrafo 2, de la Ley de Medios, por tratarse de constancias expedidas formalmente por autoridades electorales en ejercicio de sus funciones y no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos que refieren.

Luego, a partir de la información consignada en tales documentos es posible computar el tiempo transcurrido entre la hora en que fueron clausuradas las casillas y la hora en que fueron entregados los respectivos paquetes electorales en el Consejo distrital, o bien, advertir la coincidencia entre los datos relativos a la hora de recepción de los paquetes, asentados en aplicación del convenio referido con antelación; de manera que ninguna de las seis casillas analizadas en este apartado se ubica en el supuesto de un tiempo de traslado del paquete electoral que exceda los plazos establecidos legalmente o que permita suponer que tal entrega no fue inmediata, como se aprecia enseguida:

Esta información permite concluir que, en lo que concierne a las casillas 990 B, 1004 C1 y 1086 B, el lapso transcurrido entre la clausura de la casilla y la recepción del paquete en el Consejo distrital respectivo se estima razonable para considerar que entre ambos eventos (clausura y recepción) transcurrió un tiempo razonable para trasladarse desde el sitio donde se ubicó la casilla a la sede distrital y su entrega, siendo que el tiempo máximo para entregar el paquete fue de dos horas con once minutos.

Debe tenerse en cuenta que el lapso de tiempo para entrega del paquete pudo ampliarse en razón de la espera del turno a que fuera recibido, toda vez que, la recepción se lleva a cabo en el orden en que son presentados en la sede, de acuerdo a lo previsto en el artículo 304 párrafo 1 inciso a) de la Ley Electoral.

Adicional a ello, debe referirse que la Sala Superior de este Tribunal Electoral en la jurisprudencia 14/97, intitulada PAQUETES ELECTORALES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR ENTREGA INMEDIATA DE LOS[17], ha referido que la expresión contenida en la norma por “inmediatamente” debe entenderse en el sentido de que, entre la clausura de la casilla y la entrega de los paquetes y expediente, únicamente transcurra el tiempo necesario, que en los casos que se analiza de ninguna forma se considera excesivo.

En el caso, obran las actas circunstanciadas que remitió la autoridad responsable de las cuales se desprende que los paquetes correspondientes a las casillas que controvierte el Partido Acción Nacional fueron entregadas a la autoridad distrital local, circunstancia que se previó en el Convenio General de Coordinación celebrado entre el INE y el IEDF, en el que se estableció el procedimiento a seguir en el caso de que se recibieran paquetes electorales relativos a una elección que no era la de su competencia. 

De las actas antes aludidas se advierte que se entregaron los correspondientes paquetes por la autoridad local a la federal sin muestras de alteración.

Tomando en cuenta lo anterior, así como el hecho de que en el recibo correspondiente se precisó que se recibían sin muestras de alteración y con un sobre para PREP y la bolsa para el Consejo Distrital por fuera, resulta evidente que contario a lo que refiere el PAN no existen elementos que permitan concluir que se violentó la certeza de los resultados de la votación obtenida.

Adicional a lo expuesto, el partido actor refiere que los paquetes se entregaron fuera de los plazos, que se encontraban abiertos y que no estuvieron resguardados o bajo la supervisión de los representantes de los partidos políticos, con relación a ello, debe referirse que tal como se ha venido señalando en los autos obra constancia de que los mismos fueron recibidos por la autoridad electoral local, que a su recepción no se advirtió ninguna muestra de alteración y que al momento de remitirlos a la autoridad federal distrital tampoco se observó ninguna alteración.

En ese contexto, el partido no aporta elementos de prueba que pongan en duda la actuación de las autoridades en la remisión de los correspondientes paquetes, la cual tuvo sustento en el Convenio suscrito por el INE y el Instituto Electoral del Distrito Federal, de ahí que no se considera que se actualiza la causal hecha valer.

Por lo que respecta al paquete electoral correspondiente a la casillas 1146 B, si bien no obra en autos la constancia de clausura de casilla, dado que la autoridad responsable certificó su inexistencia en el paquete electoral, tal como se dejó evidenciado en la tabla que se insertó con antelación, y por tanto, no puede desprenderse el tiempo que transcurrió entre la clausura de la casilla y la entrega del paquete y expediente electoral, lo cierto es que según se desprende del correspondiente recibo se recibió a las veintitrés horas con catorce minutos del siete de junio.

En ese contexto, se estima que de las constancias que obran en autos puede inferirse que el plazo para su entrega fue razonable, además que en el correspondiente recibo se precisó que se recibía sin muestras de alteración con el sobre para el PREP y la bolsa por fuera para el Consejo distrital.

La afirmación para señalar que se entregó dentro de un plazo razonable tiene como sustento en el tiempo que medió para las casillas 990B, 1004 C1 y 1086 B, que fueron antes analizadas  pues se advierte que éstas también fueron recibidas entre las veintitrés horas del siete de junio y los primeros minutos del ocho siguiente.

Adicional a ello, de la correspondiente acta de jornada electoral[18] de la casilla bajo a estudio, se desprende que la votación se cerró a las dieciocho horas, a lo cual continuó la etapa de escrutinio y cómputo, misma que con base en las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, dados los actos que en ella se encuentran implicados, tiene una duración aproximada de tres a cinco horas, por tanto, se estima que el tiempo que transcurrió entre su desarrollo, la clausura, el traslado y recepción, resulta razonable con el asentado en el recibo de entrega del paquete electoral a la autoridad.

Por tanto, aun cuando no existe la constancia de clausura y que el paquete se entregó de manera errónea ante una autoridad electoral distinta a la competente, esa situación de ninguna manera puede considerarse suficiente para dejar sin efectos la voluntad de la ciudadanía que acudió a votar, en razón de que, dadas las circunstancias acontecidas previamente descritas, en concepto de este órgano no se vulneran los principios de legalidad y certeza, pues como se refirió con antelación en la entrega del paquete correspondiente actuaron las autoridades electorales local y federal, en términos del Convenio que celebraron, sin que el partido aporte mayor elemento para acreditar la supuesta falta de certeza.

Por cuanto a la casilla 991 C1 se advierte que en el correspondiente recibo de recepción se asentó que el paquete se recibió a las 12 horas con 11 minutos AM del ocho de junio, lo que se trata sólo de una imprecisión por parte del funcionario, ya que debió asentar que eran las 00 horas con 11 minutos, sin que esa imprecisión pueda generar que se actualice la causal hecha valer por el partido actor, toda vez que como en los casos anteriores el paquete se entregó a la autoridad local distrital sin muestras de alteración, con sobre cerrado para el PREP y la bolsa por fuera para el Consejo Distrital

Adicional a ello, debe tomarse en cuenta el hecho de la existencia de elecciones concurrentes, esto es, el órgano distrital local también se encontró inmerso en un proceso electoral para la renovación de legisladores y delegados, por lo que su actuación estuvo sujeta a cubrir sus actividades en inicio, y posterior a ello, remitir la información que no era de su competencia lo cual también atendiendo a las reglas de la lógica, sana crítica y experiencia invocadas con fundamento en el numeral 16 párrafo 1 de la Ley de Medios, llevó a cabo una vez que verificó si obraban en su poder más paquetes que no fueran de su competencia. 

Adicional a lo expuesto, se considera que el caso abona a las consideraciones de esta Sala Regional para mantener la votación recibida en las casillas controvertidas por el Partido Acción Nacional el criterio contenido en la tesis relevante de este Tribunal Electoral identificado con la clave CVI/2002, bajo el rubro PAQUETES ELECTORALES. LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA SU ENTREGA, DEBEN ENTENDERSE REFERIDOS AL CENTRO DE ACOPIO Y NO A LOS PROPIOS CONSEJOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO)[19].

En abono a las circunstancias que a consideración de esta Sala Regional evidencian la entrega inmediata de los paquetes de las cinco casillas bajo estudio y, por tanto, la inexistencia de aspectos que configuren la casual examinada, cabe volver a señalar las condiciones en que los mismos paquetes fueron entregados, pues la autoridad receptora, en los respectivos recibos, hizo constar que los paquetes fueron recibidos, en todos los casos, sin alteración alguna.

Sentado lo anterior, del proyecto de acta circunstanciada correspondiente a la sesión permanente de cómputo, se advierte que el Consejero Presidente dio cuenta de que los paquetes correspondientes a las casillas que controvierte el Partido Acción Nacional, junto con otros más, se encontraban en poder de los Consejos distritales locales II y VII del Instituto Electoral del Distrito Federal y que la entrega de dicha documentación se llevó acabo por funcionarios adscritos a esos organismos desconcentrados, y en ellas, se hace la relación de las constancias que se entregan y el estado, indicándose que se encuentran cerrados y sin muestra de alteración.

Adicional a lo expuesto, de la señalada copia certificada se advierte que los representantes de los partidos políticos Acción Nacional y Morena, preguntaron a la Consejera Presidenta si se estaban levantando actas relativas a la entrega de los paquetes, en la que también se precisaran las condiciones de su entrega a lo que se les informó que sí y las mismas obran agregadas en autos tal como se precisó con antelación.

En ese contexto, aun cuando los paquetes correspondientes a las mencionadas cinco casillas fueron entregados de manera errónea a una autoridad diversa a la competente, no es razón para anular la votación recibida en ellas, pues las mismas estuvieron en resguardo y bajo vigilancia de los órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Distrito Federal, autoridad con la cual el INE suscribió el citado convenio general de coordinación con el fin de prever los mecanismos necesarios en caso de que los funcionarios de casilla entregaran los paquetes de manera errónea, esto, en razón de las particularidades de una elección coincidente en la que se instalaron casillas únicas para recibir la votación de todas las elecciones que iban a celebrarse en una misma fecha. 

Lo anterior en términos del artículo 82 numeral 2 de la Ley Electoral, que dispone que en los procesos electorales en que se realicen elecciones federales y locales concurrentes en una entidad, el Consejo General del Instituto deberá instalar una mesa directiva de casilla única para ambos tipos de elección.

Así las cosas, conforme a lo que se ha explicado, respecto a las cinco casillas aludidas en este apartado, no se actualizan las condiciones necesarias para configurar la causal de nulidad de la votación prevista en el artículo 75 inciso b) de la Ley de Medios, consistente en la entrega del paquete electoral al Consejo distrital dentro del plazo legal.

III. Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el Consejo respectivo.

En su escrito de demanda el Partido del Trabajo señala de manera genérica que en las casillas 1079 C1, 1097 C1, 1141 C1 y 1257 B, se actualiza causal de nulidad de votación recibida en casilla, prevista en el artículo 75 inciso e) la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativa a recibir la votación por personas distintas al a designada por la autoridad electoral.

No obstante, del cuadro esquemático que se insertó en su demanda se desprende que en el caso de las mismas expresó de manera indistinta que “no corresponde el domicilio”, “no tiene domicilio” o “no coincide la dirección”, haciendo referencia al acta de escrutinio y cómputo, por tanto, para el estudio de las señalas casillas resulta necesario realizar la suplencia del derecho invocado, partiendo de los hechos concretos en cada casilla, para en su caso, adecuarlo al supuesto de nulidad de casilla previsto por el citado artículo.

Por su parte, el Partido Acción planteó como agravio la presunta instalación de la casilla en lugar diverso al autorizado por la autoridad electoral sin causa justificada, expresando que derivado de ello, el escrutinio y cómputo se realizó en un local diferente al determinado por el Consejo, por cuanto a las casillas 990 B y 1009 B.

En ese orden de ideas las casillas 990 B, 1009 B, 1079 C1, 1097 C1, 1141 C1 y 1257 B serán estudiadas por el inciso c) relativo a realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el Consejo respectivo

Las casillas impugnadas por esta causal de nulidad de votación son las siguientes:

Expuesto lo anterior, debe tenerse en cuenta que la votación recibida en una casilla de conformidad con la causal de nulidad que se invoca, se acreditará la misma cuando se actualicen los supuestos normativos siguientes:

a)    Haber realizado el escrutinio y cómputo de la votación en un lugar diferente al que fue instalada la casilla, y

b)   No existir causa justificada para haber hecho el cambio.

Previo al análisis de los motivos de agravio hechos valer, es de señalarse que el escrutinio y cómputo de los votos que llevan a cabo los integrantes de las mesas directivas de casilla constituye dentro del proceso electoral un acto relevante y trascendente, ya que por medio de ellos, se verifica el sentido de la voluntad de los electores que acudieron a sufragar en las casillas.

De ahí que, para salvaguardar la expresión de voluntad ciudadana ejercida a través del voto, la legislación electoral establece reglas precisas para asegurar el correcto desarrollo de las actividades tendentes al escrutinio y cómputo de los votos, para que sus resultados reflejen con certidumbre el sentido del sufragio de los electores, para que bajo los principios de certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad la autoridad electoral así los sancione.

La Ley General señala así los significados de lo que se entiende por escrutinio, cómputo, autoridad electoral encargada de realizarlos y de asegurar su autenticidad; el tiempo y forma para su realización y para el levantamiento de las actas respectivas.

Por otra parte, la ley adjetiva prevé como sanción la nulidad para la votación recibida en las casillas, cuando sin justa causa se haya realizado el escrutinio y cómputo en un local diferente al determinado por el Consejo respectivo.

De tal suerte, en términos del artículo 288 de la Ley General, el escrutinio y cómputo es el procedimiento por el que los integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla determinan: a) el número de electores que votó en la casilla; b) el número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos; c) el número de votos nulos y d) el número de boletas sobrantes en cada elección.

En términos del numeral 287 de la Ley General, los integrantes de las mesas de casilla, una vez cerrada la votación, llenado y firmado el apartado correspondiente del acta de la jornada electoral, procederán a realizar el escrutinio y cómputo de los votos sufragados en la casilla, debiendo seguir el orden y procedimiento previsto por los artículos 289 y 290 del mismo ordenamiento.

Así también, el artículo 294 de la Ley en cita, establece el derecho de los representantes de los partidos políticos y de candidatos independientes acreditados ante las mesas directivas de casilla de observar y vigilar el desarrollo de la elección, así como la obligación de firmar el acta de escrutinio y cómputo, pudiendo en su caso hacerlo bajo protesta refiriendo los respectivos motivos.

De lo anterior, se tiene que las normas de referencia procuran asegurar la certidumbre sobre los resultados de las elecciones obtenidos en las casillas, y que los mismos se sujeten a los principios de certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad que se imponen en la actuación de las autoridades que intervienen para ello.

Con todo ello se protege la voluntad popular expresada por los ciudadanos a través de los sufragios emitidos de forma libre, secreta y directa, y que dicha voluntad se garantiza a través del procedimiento de escrutinio y cómputo y se hace constar en el acta respectiva.

En ese contexto, se tiene como regla general que la instalación de casillas, la recepción de la votación y los actos de escrutinio y cómputo deben realizarse en un mismo lugar.

Adicional a ello, la Ley Electoral no regula causas extraordinarias, respecto a cuáles se podrían considerar justificadas para realizar el escrutinio y cómputo en lugar diverso al que se ubicó la casilla, esto es, al que aprobó el Consejo respectivo, es por ello, que la regla general es que se realice en el mismo lugar en el que se instaló.

No obstante ello, dada la estrecha vinculación que existe con el lugar de ubicación e instalación de la casilla y realización del escrutinio y cómputo, es de considerarse que se debe aplicar analógicamente las hipótesis previstas en el numeral 276 de la Ley Electoral, en lo concerniente a que la casilla se instale válidamente en un lugar distinto al que haya autorizado inicialmente el Consejo distrital.

Dicha conclusión se obtiene del análisis del criterio sustentado por la Sala Superior de este Tribunal Electoral en la tesis relevante identificada con la clave XXII/97, y cuyo rubro es ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. CUÁNDO JUSTIFICA SU REALIZACIÓN EN LOCAL DIFERENTE AL AUTORIZADO.[20]

Así las cosas, el principio tutelado por la sanción contenida en la causal que se estudia es el de que, sin causa justificada el escrutinio y cómputo de votación se realice en un local distinto al autorizado, ya que con ello se trastocaría el valor de certeza en torno a que si las boletas y votos contados son los mismos que durante la jornada electoral estuvieron bajo la vigilancia continua de los funcionarios de casilla y representantes de partido, procurando en consecuencia también que esta vigilancia continúe sin interrupción durante el proceso de escrutinio y cómputo respectivo.

Por tanto, la presente causa de nulidad debe estudiarse al amparo del criterio jurisprudencial de rubro PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCÓN.[21]

En ese contexto, cabe señalar que para acreditar que el escrutinio y cómputo se realizó en un lugar diverso al previsto para ello, basta con analizar las pruebas que obran en autos, para determinar si la instalación de las casillas de las que se reclama su nulidad fue hecha en un lugar distinto al que fue autorizado por el Consejo distrital.

Por su parte, el segundo de los elementos que es que no exista causa justificada para que el escrutinio y cómputo se realice en lugar diverso al autorizado, lo cual requiere la correcta valoración de las causas por las que el procedimiento se efectuó en otro lugar, esto, a fin de verificar si la causa que dio origen a esta situación fue justificada o no.

Consecuentemente, la sola actualización de los presupuestos ya señalados no justifican la procedencia de la nulidad de la votación recibida en la casilla respectiva, ya que debe acreditarse que existió una vulneración al principio de certeza, y en su caso se afectó la voluntad popular de los ciudadanos que sufragaron el día de la jornada electoral, determinando con ello si los resultados consignados en el acta correspondiente son fidedignos y confiables.

Precisado lo anterior, esta Sala Regional tomará en cuenta fundamentalmente para el estudio de la causal que nos ocupa, las copias certificadas de las siguientes probanzas:

a) Actas de jornada electoral.

b) Actas de escrutinio y cómputo.

c) Hojas de incidentes[22], y

d) Encarte[23].

A las citadas documentales se les confiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 párrafo 4 incisos a) y b) y 16 párrafo 2 de la Ley de Medios, por tratarse de documentos expedidos formalmente por autoridades electorales en ejercicio de sus funciones, y no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos que refieren.

A continuación se presenta en un cuadro la información obtenida del análisis de las documentales de referencia, a efecto de contar con los elementos necesarios para hacer el estudio correspondiente.

Del análisis del cuadro que antecede, se desprende lo siguiente:

En atención a los datos precisados en el cuadro que antecede, se puede advertir, que la presunta falta de correspondencia y coincidencia en el domicilio alegada por la parte actora es inexistente respecto a las casillas 1097 C1 y 1141 C1 toda vez que los datos de identificación domiciliaria plasmados en las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo[24], coinciden de manera plena con el domicilio señalado en la copia certificada del documento comúnmente como encarte, por tanto, la irregularidad alegada resulta infundada.

Por lo que respecta a las casillas 1079 C1 y 1257 B de conformidad con los datos asentados en las correspondientes actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo[25], si bien es cierto, que la coincidencia no es total con el domicilio señalado en el documento conocido como encarte; con las constancias de autos, este órgano jurisdiccional llega a la convicción de que el escrutinio y cómputo se efectuó en el mismo lugar en el que se instalaron, siendo el previamente autorizado por la autoridad responsable.

En efecto, aunque los datos consignados en las documentales anteriores no coinciden plenamente, ello no implica que el escrutinio y cómputo de la votación recibida en esas casillas se hubiese efectuado en uno diverso al autorizado, pues no obstante que se advierta que no se refirió el domicilio en los términos indicados en el encarte ha sido criterio de este Tribunal Electoral que resulta suficiente la mención de los elementos indispensables para tal objeto.

Además, resulta explicable que en ocasiones haya mayor número de datos en el encarte que en las actas correspondientes, porque el primero se elabora por la autoridad electoral administrativa y las segundas son llenadas por ciudadanos, que en algunos casos no conocen los datos de ubicación exactos, sino que identifican el lugar de ubicación con base en ciertos referentes, es decir, pueden no saber el nombre de la calle, pero sí el de un hospital, escuela o cancha deportiva que esté en esa calle, etcétera, por lo cual las autoridades electorales suelen incluir varios datos de referencia en el encarte, en aras de facilitar a la mayoría de los ciudadanos su localización.

Igualmente, no sería razón suficiente para sostener que se actualiza la causal de nulidad de votación recibida en casilla invocada, cuando los integrantes de la mesa directiva de casilla hayan variado la manera de identificar el lugar en que aquélla debe instalarse, al momento de asentar tal dato en el acta de la jornada electoral, siempre y cuando exista constancia o indicios de que se trata del mismo inmueble o sitio autorizado por el Consejo distrital, por lo que tal circunstancia no implica una violación al principio de certeza en la recepción de la votación, tales consideraciones se ven robustecidas con la jurisprudencia emitida por la Sala Superior, 14/2001 antes invocada.

En principio, del análisis de las respectivas actas de la casilla 1079 C1 se advierte una falta de coincidencia para nombrar la colonia pues en el encarte se refirió como “Industrial” y en las respectivas actas como “Tepeyac Insurgentes”, sin embargo, no se considera que en el caso se deba decretar la nulidad de la votación recibida en casilla. 

Lo anterior es así, porque se considera que esa falta de coincidencia puede tener como razón un lapsus calami por parte de la autoridad o el cambio de nombre de la colonia, esta, presunción tiene sustento en que a efecto de contar con mayores elementos para resolver se verificó el domicilio asentado en el encarte en la página de internet de “guía roji”, http://guiaroji.com.mx/, y como resultado de ello, arrojaba la siguiente pantalla:

Si en dicha página de internet se introducían los datos asentados por los funcionarios de casilla, arrojaba la siguiente pantalla:

De la verificación que se realizó, se advierte que avenida fortuna se encuentra en la Colonia Tepeyac Insurgentes, en la Delegación Gustavo A. Madero y tiene como Código Postal 7020[26].

Conforme a esos elementos, se considera que la casilla en estudio se instaló en el lugar designado por la autoridad, máxime que en las actas respectivas no existe señalamiento alguno respecto del supuesto cambio de ubicación aludido, además de que no se presentó ningún escrito de incidente o de protesta con relación a esta casilla.

En el caso de la casilla 1257 B, se advierte que en el acta de escrutinio y cómputo, se omitió asentar el dato relativo al domicilio, circunstancias que a juicio de esta Sala Regional, constituye una omisión formal por parte de los funcionarios de casilla; sin embargo, no de la entidad suficiente para dejar sin efectos la votación recibida en ella, pues en el acta de jornada electoral sí se asentó el domicilio en el que se instaló el cual contiene elementos suficientes para concluir que se trata del que fue autorizado por el Consejo distrital.

En ese contexto, se estima que el estudio de las documentales referidas con antelación, no se desprende que el escrutinio y cómputo de las casillas se realizara en un sitio diverso al publicado.

En el caso de las casillas 990B y 1009 B del análisis al encarte, y a las actas de escrutinio y cómputo se advierte que contienen algunas inconsistencias, concernientes al número y a la referencia de la calle, respectivamente, sin embargo, se estima que sólo se trata de imprecisiones, pues como se refirió en ninguna de ellas se reportó algún incidente, estuvieron presentes los representantes de casi todos los partidos y se integraron con la totalidad de funcionarios, tomando en consideración todos esos elementos se considera que no existen elementos adicionales que acrediten que existió una afectación al principio de certeza.

Tales consideraciones se ven robustecidas con la razón esencial de la jurisprudencia aprobada por la Sala Superior, INSTALACIÓN DE CASILLA EN LUGAR DISTINTO. NO BASTA QUE LA DESCRIPCIÓN EN EL ACTA NO COINCIDA CON LA DEL ENCARTE, PARA ACTUALIZAR LA CAUSA DE NULIDAD. .

En consecuencia, conforme a lo que se ha explicado, respecto a las seis casillas aludidas en este apartado, no se actualizan las condiciones necesarias para configurar la causal de nulidad de la votación prevista en el artículo 75 párrafo 1 inciso c), de la Ley de Medios, consistente en realizar el escrutinio y cómputo en lugar diferente al autorizado.

IV. Recibir la votación por personas u órganos distintos a los facultados para ello.

Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por la Ley Electoral.

Como se refirió los partidos actores en su respectivos escritos de demanda sostienen que se actualiza la causal de nulidad prevista en el inciso e) del artículo 75 de la Ley de Medios, consistente en recibir la votación por órgano distintos a los facultados por la autoridad administrativa electoral.

El Partido del Trabajo indica en su escrito de demanda que personas no facultadas para ello instalaron e integraron casillas, pues no corresponden a la sección electoral en la que actuaron durante toda la jornada electoral, por lo que no puede dotarse e investirse de validez a los actos de recepción de la votación en todas y cada una de las casillas que señala, pues según su dicho existe una evidente vulneración al bien jurídico tutelado que es el de certeza y legalidad de la elección.

Que la vulneración a lo previsto en la Ley Electoral, afecta su garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 14 Constitucional, ya que en la referida ley se dispone la manera en que deben seleccionarse a las personas autorizadas para participar en cada proceso electoral.

Que no existe alguna constancia que acredite las causales de excepción que establece el señalado ordenamiento, por lo que según su dicho durante toda la jornada electoral estuvieron recibiendo la votación personas sin estar facultadas para ello, como puede desprenderse del acta final de escrutinio y cómputo levantada en la casilla.

Afirma que las mesas directivas de casilla, y en su momento el Consejo distrital tienen la tarea de velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, respetar y hacer respetar la libre emisión del sufragio, garantizando el secreto del voto y asegurando la autenticidad del escrutinio y cómputo; así como observar el cumplimiento de los principios rectores de la materia.

Que se vulneraron los principios de certeza y legalidad, puesto que se incumplió con los procedimientos para el nombramiento y designación de los funcionarios de casilla, el de certeza, al no reunir los funcionarios de las casillas que indica con los requisitos de capacitación, selección e imparcialidad a las que atienden las normas de designación y habilitación de esa función pública.

Los motivos de inconformidad hechos valer por el actor, tienen relación con las casillas 977 B, 986 C1, 987 C2, 1015 C1, 1017 C1, 1029 C1, 1032 B, 1043 C1, 1048 C1, 1049 C1, 1054 B, 1059 C1, 1066 B, 1067 B, 1067 C1, 1072 B, 1074 C1, 1079 C1, 1093 C1, 1094 B, 1094 C1, 1097 C1, 1105 C1, 1106 C1, 1107 B, 1109 B, 1114 C1, 1120 C1, 1121 B, 1126 C1, 1127 B, 1128 C1, 1131 C1, 1141 C1, 1217 B, 1249 B, 1249 C1, 1251 B, 1251 C1, 1252 C1, 1257 B, 1289 B, 1289 C2, 1298 B, 1300 B, 1300 C1, 1325 C1, 1461 B, 1462 C1, 1464 C1, 1466 C1, 1470 B, 1470 C1, 1473 C1, 1479 B, 1480 Esp 1 y 1491 C1.

Po su parte el PAN refiere que en las casillas 974 C1, 987 C2, 987 C4, 994 C1, 1000 B, 1000 C1, 1001 C1, 1002 B, 1002 C1, 1002 C2, 1008 B, 1021 B, 1028 B, 1043 C1, 1134 B, 1141 B, 1303 B, 1323 C1, 1482 C1, 1485 C1, 1486 B, 1488 B, y 1459 B, la votación se recibió por personas distintas a las facultadas por la ley, en razón de que no pertenecen a la sección.

También refiere, que al momento de la instalación de las mesas directivas de casilla, un gran número de ellas, se realizaron con un número limitado de funcionarios de casilla, pues en algunas hubo 4 o menos funcionarios vigilando la elección y al término de ella, se hizo el cómputo con ausencia de funcionarios y que atendiendo a la complejidad de la elección, queda duda en la validez de la votación. Manifiesta de manera específica que esa situación aconteció en la casilla 996 B.

En ese sentido, indica que las casillas 1020 B, 1022 B, 1022 C1, 1025 C1, 1026 C1, 1042 B, 1045 C1, 1074 C1, 1214 C2, 1218 B, 1480 B, 1482 B, 1482 C1 y 1483 C3 no se integraron debidamente pues según afirma no hubo escrutadores o sólo hubo uno de ellos, lo que según su dicho representa una merma en la eficiencia en el desempeño de los funcionarios de las casillas que estuvieron presentes, pues debieron multiplicar sus funciones, esto atendiendo a que en el caso, se instaló la casilla única.

Hace valer que la casilla única se conforma de seis funcionarios, por lo que la ausencia de dos de ellos, trae como consecuencia que sólo dos se encarguen de la elección federal y los otros dos, de la local, lo que desde su punto de vista implica una disminución muy considerable en la calidad y eficiencia en el desempeño de la recepción de la votación de esa mesas, pues según su dicho los funcionarios durante la jornada electoral, deben tomar acciones que no necesariamente les corresponden, afectando las que deben desempeñar de acuerdo a los numerales 85, 86 y 87 de la Ley Electoral.

Desde su punto de vista, la ausencia de dos funcionarios en las casillas únicas, sin importar si son o no escrutadores debe actualizar la nulidad de la votación recibida en casilla, pues en la ley no se encuentra contemplada la posibilidad de integrar la mesas, sólo con cuatro funcionarios ante urgente, por lo que solicita que se anule la votación recibida en las centros de votación en los que aconteció tal situación.

Las casillas impugnadas por esta causal de nulidad de votación son noventa y uno y los argumentos respecto a cada una de ellas, se reflejan en la tabla que a continuación se inserta:

Por su parte la autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado señaló que al hacer un análisis de los datos contenidos tanto por la integración de las casillas aprobadas y publicadas, confrontadas con los funcionarios que actuaron el día de la jornada electoral, se integró con ciudadanos permitidos por la ley.

Que ha sido criterio del máximo tribunal en la materia que las casillas pueden funcionar con un menor número de integrantes hasta en tanto no se afecten sustantivamente las tareas asignadas.

Que debido a la falta de participación ciudadana se tomaron medidas necesaria para integrar las mesas directivas de casilla, incluso aprobando sustituciones de funcionarios por causas supervenientes.

Que el artículo 83 numeral 1 inciso a) de la Ley Electoral exige entre otros requisitos para ser funcionario de casilla “(…) se residente en la sección electoral que comprenda la casilla; (…)”

Que en estricto sensu, no es un requisito contar con credencial para votar con fotografía de la sección electoral correspondiente al domicilio de residencial del funcionario de casilla para estar en condiciones de desempeñar el cargo, como sí lo es, estar empadronado y contar credencial para votar vigente; así como lo establecido en el artículo 274 de la Ley.

Que al invocarse la causal de nulidad en estudio no se demuestra el vicio o irregularidad denunciada es determinante para el resultado de la votación. Además de que no presenta razonamiento alguno que acredite la afectación de su interés jurídico, ni lo determinante de la irregularidad para el  resultado de la votación.

Que la finalidad del sistema de nulidades en materia electoral consiste en eliminar la circunstancias que afecten la certeza en el ejercicio personal, libre y secreto del voto, así como su resultado; por lo que la Jornada Electoral y el recuento realizado para el cómputo distrital, el valor de los votos emitidos no es afectado en forma sustancial. Además de que no se acredita en forma alguna que la irregularidad que se denuncia altere el resultado de la votación, por lo que deben preservarse los votos válidos, atendiendo al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados.

Hasta aquí los argumentos de la autoridad.

Evidenciado lo anterior, es de referirse que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81 párrafo 1 de la citada Ley, las mesas directivas de casilla son los órganos electorales formados por ciudadanos facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones en que se dividen los trescientos distritos electorales del país.

Por su parte, el diverso 82, del señalado ordenamiento, establece que las casillas se integran por un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales. Y en los procesos en que se realicen elecciones federales y locales concurrentes, el Consejo General del Instituto deberá instalar una mesa directiva de casilla única para ambos tipos de elección.

Para tales efectos, la mesa directiva se integrará, además con un secretario y un escrutador.

Los funcionarios de casilla deben reunir los requisitos contenidos en el artículo 83 del ordenamiento precitado, siendo:

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y ser residente en la sección electoral que comprenda a la casilla.

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores.

c) Contar con credencial para votar.

d) Estar en ejercicio de sus derechos políticos.

e) Tener un modo honesto de vivir.

f) Haber participado en el curso de capacitación electoral impartido por la junta distrital ejecutiva correspondiente.

g) No ser servidor público de confianza con mando superior, ni tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía, y

h) Saber leer y escribir y no tener más de 70 años al día de la elección.

A su vez, el artículo 254 de dicha ley dispone el procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla, el que comprende, fundamentalmente, una doble insaculación y un curso de capacitación, encaminados a designar a los ciudadanos que ocuparán los cargos.

Asimismo, el artículo 257 de la Ley Electoral, expresa que las publicaciones de las listas de integrantes de las mesas directivas y ubicación de las casillas se fijarán en los edificios y lugares públicos más concurridos del distrito y en los medios electrónicos de que disponga el Instituto, y que el secretario del consejo distrital entregará una copia impresa y otra en medio magnético de la lista a cada uno de los representantes de los partidos políticos, haciendo constar la entrega.

Atento a lo preceptuado en la norma, se considera entonces que los órganos electorales facultados por ley para recibir los sufragios son las mesas directivas de casilla.

Estas consideraciones de derecho tienden a proteger el principio de certeza que permite al electorado saber que su voto es recibido y custodiado por autoridades legítimas con la finalidad de que los resultados de la elección sean ciertos.

Ahora bien, se precisa que independientemente de que la autoridad electoral responsable haya realizado el proceso de insaculación de ciudadanos señalado en la norma, capacitándolos para fungir como funcionarios de las mesas directivas de casilla, y haya efectuado sendos nombramientos para el día de la jornada electiva, esto no constituye una limitante para que otras personas, diferentes a las nombradas inicialmente, puedan fungir como funcionarios del órgano electoral aludido.

Lo anterior es así porque el artículo 274, párrafo 1 de la Ley en cita, prevé un procedimiento a seguir el día de la jornada electoral para sustituir a los funcionarios de casilla, en el supuesto de que esta no se instale a las ocho horas con quince minutos, esto es, si a la hora referida los funcionarios que originalmente fueron nombrados no se presentan el día de la elección, entonces actuarán en su lugar los respectivos suplentes o, de ser el caso, podrán nombrarse como funcionarios a ciudadanos que se encuentren formados en la fila para emitir su voto, siempre y cuando estos pertenezcan a la sección electoral respectiva.

Asimismo se faculta al Consejo distrital correspondiente, para tomar las medidas necesarias para la instalación de la casilla, designando al personal que se encargará de ejecutar dichas medidas y cerciorarse de su instalación.

Por tanto, cuando la mesa directiva de casilla haya quedado instalada conforme al procedimiento de sustitución regulado en el referido artículo 274 párrafo 1, no se actualizará la causal de nulidad invocada.

No obstante lo anterior, es igualmente importante subrayar el imperativo de que los ciudadanos que en su caso sustituyan a los funcionarios previamente designados, deben estar inscritos en la lista nominal de electores de la casilla o sección correspondiente, como ya se ha mencionado.

Al respecto, esta Sala invoca como criterio orientador el contenido en la tesis relevante XIX/97 cuyo rubro es: SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.[27]

Asimismo, en ningún caso y por ningún motivo, los nombramientos anteriores podrán recaer en los representantes de los partidos políticos o candidatos independientes, por lo que dicha actividad se entenderá reservada exclusivamente para los electores que se encuentren en la casilla con el propósito de emitir su voto, ello en atención a lo determinado en el párrafo 3 del artículo precitado.

Sobre el particular, debe agregarse que en el caso del Distrito Federal, se celebraron elecciones locales concurrentes con la de diputados federales, toda vez que en términos del artículo Quinto transitorio del decreto de reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de junio de dos mil catorce, la elecciones locales ordinarias a celebrarse este año, se llevarían a cabo el primer domingo de junio.

En tal virtud, para la elección de diputados federales que se desarrolló en el Distrito Federal, fue procedente la operación de la casilla única, como lo establece el artículo 82, párrafo 2, de la Ley Electoral, misma que se integra con un escrutador y un secretario adicional a los funcionarios de mesa directiva ordinariamente designados —un presidente, un secretario y dos escrutadores— a fin de desarrollar de manera eficiente las tareas encomendadas.

Tal circunstancia se corrobora con lo determinado en el acuerdo INE/CG114/2015, del Consejo General del INE, aprobado el trece de agosto de dos mil catorce, el cual se invoca como hecho notorio conforme al artículo 15, párrafo 1, de la Ley de Medios, del que se advierte el modelo de casilla única aprobado y aquellos estados de la República en los que se aplicará dicho modelo por existir elecciones concurrentes.

Establecido lo anterior, la causal de nulidad que se comenta se entenderá actualizada cuando se acredite que la votación se recibió por personas distintas a las facultadas por la Ley Electoral, entendiéndose como tales a las que no resultaron designadas de conformidad con los procedimientos de insaculación o sustitución establecidos en ella.

Cabe precisar que aun cuando el inciso e) del artículo 75 de la Ley de Medios, no contiene expresamente el elemento determinante de la causal en cuestión, ello no implica que deba exceptuarse, esto es así, porque el hecho de que en algunas hipótesis de nulidad se mencione expresamente, que el vicio o irregularidad debe ser determinante para el resultado de votación y que en otros supuestos normativos no se haga señalamiento explícito a tal elemento, ello en realidad repercute únicamente en la carga de la prueba.

Tal criterio concuerda con lo sustentado en la jurisprudencia emitida por la Sala Superior de este Tribunal identificada con la clave 13/2000, y que lleva por rubro: NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (Legislación del Estado de México y similares).[28]

Así, cuando la ley omite mencionar el requisito de la determinancia, la omisión significa, que dada la magnitud del vicio o irregularidad, o la dificultad de su prueba, existe la presunción iuris tantum de tal requisito en el resultado de la votación.

Esto es importante señalarlo, pues la hipótesis normativa que prevé la causal de nulidad que se analiza, no establece expresamente como requisito que el vicio o irregularidad que se acredite sea determinante.

De conformidad con lo manifestado, esta Sala Regional considera que la causal invocada ha de analizarse atendiendo a la coincidencia que debe existir entre los nombres de las personas que fueron designadas como funcionarios de las mesas directivas de casilla, según los acuerdos adoptados en las sesiones del consejo distrital, con relación a las personas que realmente actuaron durante los comicios, de conformidad con las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo correspondientes, así como a la legalidad en las sustituciones justificadas realizadas con motivo de la inasistencia de los ciudadanos insaculados y capacitados.

Además de las actas de jornada electoral, de escrutinio y cómputo, así como de la publicación final de la lista de funcionarios de casilla realizada por la autoridad administrativa electoral, en su caso, se atenderá también al contenido de las diversas hojas de incidentes relativas a cada una de las casillas en estudio, con el fin de establecer si en el caso concreto, se expresó en dichas documentales circunstancia alguna relacionada con este supuesto de nulidad.

Establecido lo anterior, a efecto de verificar lo referido por la parte actora en sus agravios, se procede al estudio del cúmulo probatorio que obra en autos, consistente en: