De la victoria en las urnas al presidente electo: la declaración de validez de una elección histórica.
El ideario popular alude a “momento histórico” cuando los hechos o circunstancias sociales presentan un punto de inflexión. Una cadena de hechos o circunstancias sociales que cambian su tiempo; que lo parten en un antes y después. Así, estos instantes dejan de ser acontecimientos simples para transformarse en “momentos históricos”.
La elección de este año, en México, puede calificarse como tal. Vivimos verdaderamente un momento histórico. Nunca vimos a tanta ciudadanía salir a las urnas. Nunca vimos en disputa tantas convergencias electorales en una efervescencia democrática semejante. Se eligieron más de 3400 cargos (federal y localmente) para gubernaturas, diputaciones locales y federales, senadurías, integrantes de los municipios y, aunado a ello, al titular de la presidencia de la República.
Para lo anterior, se instalaron más de 156,000 casillas y cerca de un millón cuatrocientos mil ciudadanos y ciudadanas participaron activamente como funcionarios de las mismas.
Pasados unos días de esta jornada histórica, podemos reflexionar cómo se ha desenvuelto este proceso electoral que aún no ha terminado, aunque frecuentemente lo olvidemos.
En primer lugar, el Instituto Nacional Electoral (INE) fue el protagonista de la fase de organización electoral, incluyendo la elección presidencial. Una vez recibida la votación, efectuó el cómputo en cada uno de los distritos electorales uninominales.
Concluido el cómputo, el INE realizó un ejercicio estadístico de un grupo importante de casillas para estudiar las preferencias electorales. Este llamado “conteo rápido” careció de efectos jurídicos, pero dio a los electores una información rápida de las tendencias electorales de la jornada[1].
El INE implementó el llamado “PREP” (Programa de Resultados Electorales Preliminares). Este programa, que informó los resultados a tiempo real, tomó los datos de documentos que integraron el paquete electoral: la noche misma de la elección conocíamos los resultados con una alta confiabilidad[2].
El miércoles 4 de julio, cada uno de los 300 consejos distritales hizo la sumatoria de los votos a partir de las actas de escrutinio y cómputo y, en los casos que procedió, realizó el recuento correspondiente[3]. Una vez concluido cada cómputo distrital, los partidos políticos o coaliciones contaron con cuatro días para impugnar éstos.
De igual forma, después de la presentación del informe por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los partidos o coaliciones pudieron impugnar la validez de la elección presidencial ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Los actores pudieron plantear nulidades de votación en una o varias casillas, así como la nulidad incluso de toda la elección. De hecho, se han planteado diversos medios de impugnación[4] relacionados con la elección presidencial (de los cuales algunos se desecharon y otros siguen en trámite[5]).
La jornada electoral ha concluido, pero no así el “proceso electoral”. La Sala Superior es la única competente para calificar la elección presidencial mexicana. Es decir, realizará el cómputo total de votos (en que resta los anulados y suma los validados). Además, verificará el cumplimiento de las formalidades establecidas por la Constitución como los requisitos de elegibilidad y la observancia de principios constitucionales.
La Sala Superior tiene como fecha límite el seis de septiembre para emitir la declaración final de validez de la elección y la de Presidente Electo pero puede hacerlo antes si el análisis del expediente lo permite (en la elección de Vicente Fox, la declaración de validez se emitió el 2 de agosto de 2000).
Sólo al Tribunal corresponde determinar quién será el Presidente electo de la República y entregarle su constancia. Es decir, los resultados del INE son provisionales y no adquieren un carácter oficial hasta que pasan por el tamiz del análisis del Tribunal.
Precisamente por eso, la labor del tribunal es de una importancia mayúscula, pues le corresponde en última instancia determinar al ganador de la elección presidencial.
Esta determinación se comunicará a la Cámara de Diputados para que, en su caso, publique el Bando Solemne que notificará a la nación que tenemos Presidente electo.
Podemos decir que la declaratoria del Tribunal Electoral es la formalización jurídica de los resultados en las urnas; es decir la confirmación jurídica final de los resultados del primero de julio.
¿Por qué es importante recordar esto? ¿Por qué debemos difundir las más elementales reglas de organización electoral? Porque la democracia se construye con instituciones, confianza y certeza.
Esta elección ha sido histórica verdaderamente y no sólo por sus dimensiones. Ha sido histórica por la participación ciudadana, por la gran aceptación de sus resultados y por el sólido trabajo conjunto de la ciudadanía, las instituciones electorales y los tribunales. Sin embargo, es también histórica porque muestra una democracia latinoamericana y una ciudadanía ejerciendo responsablemente su poder político.
Un momento histórico, dijimos, es un punto de inflexión. Esta elección lo ha sido: un antes y un después en la vida institucional de un país cuya democracia está en vías de consolidación.
Recordemos, sin embargo, que la democracia no es un puerto de llegada en el mar de la política, sino una ruta que debe ser navegada constantemente y en cuyas velas se requiere el permanente soplo del viento ciudadano.
**El autor es Magistrado de la Sala Sup erior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Doctor en Derecho. El autor agradece al Dr. Mauro Arturo Rivera la colaboración que prestó en la redacción de este artículo.
[1] En el conteo rápido, se estimó que el candidato que obtuvo la victoria osciló entre un 53.0 y un 53.8% de la votación (según cifras del sitio web del Instituto Nacional Electoral).
[2] En el resultado final del “PREP”, el candidato que obtuvo la victoria tuvo un 52.96% de la votación emitida (según cifras del sitio web del Instituto Nacional Electoral).
[3] En esta ocasión, se realizó el recuento más grande en la historia electoral mexicana. Así, se llevó a cabo el recuento de 117,634 casillas. Ello representa, aproximadamente, el 75% de los paquetes electorales de la elección presidencial. Véase los datos oficiales del Informe del Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral disponibles en https://bit.ly/2zSPaY1.
[4] De entre los diez medios de impugnación planteados, destacan el SUP-JIN-1/2018, el SUP-JIN-2/2018 y el SUP-JIN-8/2018.
[5] Este artículo se terminó de escribir el 24 de julio de 2018, por lo que se refiere a las circunstancias existentes a esa fecha.
