La Constitución mexicana reconoce el principio de laicidad como una cualidad democrática que implica tanto la separación del Estado y las confesiones religiosas, como la exclusión de todo contenido religioso de las instituciones y del discurso político.
Ahora bien, la libertad religiosa y la separación Iglesia-Estado no pueden impedir que ciertos elementos, estructuras históricas y/o símbolos de origen religioso se mantengan como costumbres o decoración en la sociedad, como sucedió con la candidatura a una gubernatura.
